Cómo se construye la impunidad en Misiones
Domingo 17 de diciembre de 2006
El armado. Carlos Rovira utilizó los votos de las elecciones legislativas de octubre del año pasado para construir una maquinaria político-judicial que le garantizara la más absoluta impunidad. El engranaje comenzó a aceitarse con la llegada de la nueva mayoría oficialista a la Cámara de Representantes, prosiguió con el avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.
El Gobernador, en su voraz marcha hacia el poder absoluto, lo entendió antes y mejor que muchos de sus antecesores y adversarios políticos que se dedicaban a las cuestiones coyunturales. Sabía que en el control de la Justicia y de los organismos de control se encontraba la llave de la impunidad.
Con la cuestionada designación de tres de los cuatro nuevos ministros del Superior Tribunal de Justicia, Rovira se garantizó una Corte afín. La joven abogada Cristiana Leiva, ex empleada de Multimedios Sapem y ex socia del premier operador político de Rovira, Daniel "Fonchi" Duarte; el ex subsecretario de Legal y Técnica del Gobierno y ex apoderado del Frente Renovador, Roberto Uset, y la experimentada profesora de Biología y novel abogada, Ramona Velázquez, son los ministros encargados de llevar la voz del Gobernador a las reuniones de acuerdo de la máxima instancia judicial de la provincia.
La Fiscalía de Estado también era una pieza fundamental en el armado. Por eso es que Rovira designó como fiscal a Fidel Duarte, hermano de “Fonchi” y ex propietario del boletín oficial de distribución gratuita Noticias de la Calle.
Otra parte del puzzle del poder era el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Para poder controlar ese organismo independiente, se creó el cargo del Fiscal Superior. El contador Ramón Roberto Cabral era la persona ideal para el puesto.
El funcionamiento
El asalto a los organismos de control de gestión independientes es causa y efecto de una concentración de poder que premia y castiga con prescindencia del mérito de cada caso.
Rovira lo entendió de la misma manera que el ex presidente Carlos Menem. La Justicia penal es la última instancia. Cuando le toca intervenir para investigar un delito, es porque antes fallaron los mecanismos administrativos de control de gestión que debería haber impedido que se cometiera. En ellos se concentra un enorme poder, a veces superior al de los jueces, aunque carezcan de facultades para privar a alguien de su libertad.
Todos saben en el Tribunal de Cuentas que todas las investigaciones de los fiscales y las denuncias por presunta corrupción pasan por el mismo escritorio. Los expedientes de menor importancia pueden pasar semanas en el mismo lugar, en cambio los de mayor trascendencia va a parar directamente al cajón. Un cuadro con la imagen de Rovira observa el buen desempeño del contador Cabral.
Pedro Perpetuo Forés, que aún se aferra a su cargo de presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, se quedó sin habla cuando el Fiscal Superior le comunicó telefónicamente que deben frenarse todas las investigaciones de los expedientes en trámite dentro del organismo y que paralelamente estén siendo investigados por la justicia penal.
El superfiscal designado por Rovira para controlar las acciones del tribunal y frenar todas las investigaciones que pudieran comprometer al Gobierno ya había dado la orden. Forés habría alcanzado a decir “esto es una barbaridad” cuando del otro lado de la línea telefónica ya no había nadie.
Veinticuatro días antes de las elecciones a constituyentes del 29 de octubre, Rovira no imaginaba que su sueño de ser un in eternum candidato a gobernador iba a fracasar. Sin embargo instruyó al Fiscal Superior para que paralizara en el TC todas las investigaciones cuyas denuncias ya llegaron a la Justicia penal.
“Debe saberse que este Tribunal se encontraría impedido de avanzar en Sede Administrativa, sin antes tener sentencia penal condenatoria o absolutoria. Principio legal condicionante a todo proceso civil, comercial, laboral y administrativo. Por esta razón debe saberse con exactitud si existe denuncia penal y su estado. Téngase presente lo opinado para su prosecución”, dictaminó Cabral el pasado 5 de octubre.
El artículo 59 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas es claro cuando dice que: “Si en la sustanciación del juicio de responsabilidad se presumiera que se ha cometido algún delito de acción pública, el TC remitirá copia autenticada de las actuaciones al fiscal penal de turno para su merituación, sin perjuicio de continuar el trámite administrativo”. Punto que no tuvo en cuenta el contador Cabral.
El procedimiento propio
Con la rara interpretación del superfiscal, los expedientes de muchos funcionarios e intendentes del cardumen rovirista serían frenados y hasta podrían corre el riesgo de desaparecer.
“En consecuencia se paralizarían todas las denuncias de corrupción que a la fecha se encuentran demostradas en el Ministerio de Bienestar Social, Municipalidad de Piray, Ministerio de Salud Pública, Municipalidad de San Vicente y en tantos otros”, se indica en una carta escrita por una fuente del excelentísimo Tribunal de Cuentas.
“Quiere decir, - se indica en el escrito- que cualquier acto de irregularidad basta con denunciarse penalmente para que nadie más investigue”.
La fuente no se equivoca. Sabe que más allá de que algún juez de primera instancia, de cualquier fuero, falle en contra del Gobierno, por grado de apelación el expediente irremediablemente va a ir a parar en algún momento en las fauces del Superior Tribunal de Justicia.
Incluso el expediente podría llegar a frenarse en la Justicia antes de lo previsto a través del denominado “per saltum a la misionera”. El procedimiento es sencillo y ya se ha puesto en práctica en más de una oportunidad. Sólo basta que el presidente del STJ, con su patente de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, ordene al juez que le entregue el expediente y la causa se frenará en forma automática por encima de cualquier plazo legal y lo más probable es que el magistrado de primera instancia termine con un pedido de jury en su contra.
El procedimiento del “per saltum a la misionera” se utilizó en el caso de la investigación por el brutal asesinato de Marilyn Bárbaro y recientemente en el amparo que pidió contra el Banco Macro la firma Touché & Moreno Ocampo y otras UTE para poder cobrarse una deuda provincial.
“Doctor… no se preocupe, que todo queda en manos de la Justicia”. Esa habría sido la respuesta que dio un hombre del Gobierno cuando llegó la queja del Tribunal de Cuentas por la nueva medida.
Por lo general, según explicó una fuente del TC, cuando desde el organismo se detecta una irregularidad inmediatamente se presenta la denuncia en la Justicia, pero la investigación administrativa sigue su curso normal. En más de una oportunidad los jueces de primera instancia fallaron en base a las investigaciones del Tribunal de Cuentas.
A lo largo de su mandato, Menem fue desactivando o copando con incondicionales cada uno de los organismos de control. En el mejor de los casos, permitiría el ejercicio de un poder sin límites por parte de las autoridades, y el hostigamiento a los adversarios políticos o personales. Como mínimo, serviría para encubrir actos delictivos cometidos desde el poder. Para ello utilizó la táctica de los indiecitos, avanzando uno tras otro sobre los estorbos.
Cualquier semejanza con el gobierno de Carlos Rovira no es mera casualidad.
Fernando O
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La Fiscalía de Estado también era una pieza fundamental en el armado. Por eso es que Rovira designó como fiscal a Fidel Duarte, hermano de “Fonchi” y ex propietario del boletín oficial de distribución gratuita Noticias de la Calle.
Otra parte del puzzle del poder era el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Para poder controlar ese organismo independiente, se creó el cargo del Fiscal Superior. El contador Ramón Roberto Cabral era la persona ideal para el puesto.
El funcionamiento
El asalto a los organismos de control de gestión independientes es causa y efecto de una concentración de poder que premia y castiga con prescindencia del mérito de cada caso.
Rovira lo entendió de la misma manera que el ex presidente Carlos Menem. La Justicia penal es la última instancia. Cuando le toca intervenir para investigar un delito, es porque antes fallaron los mecanismos administrativos de control de gestión que debería haber impedido que se cometiera. En ellos se concentra un enorme poder, a veces superior al de los jueces, aunque carezcan de facultades para privar a alguien de su libertad.
Todos saben en el Tribunal de Cuentas que todas las investigaciones de los fiscales y las denuncias por presunta corrupción pasan por el mismo escritorio. Los expedientes de menor importancia pueden pasar semanas en el mismo lugar, en cambio los de mayor trascendencia va a parar directamente al cajón. Un cuadro con la imagen de Rovira observa el buen desempeño del contador Cabral.
Pedro Perpetuo Forés, que aún se aferra a su cargo de presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, se quedó sin habla cuando el Fiscal Superior le comunicó telefónicamente que deben frenarse todas las investigaciones de los expedientes en trámite dentro del organismo y que paralelamente estén siendo investigados por la justicia penal.
El superfiscal designado por Rovira para controlar las acciones del tribunal y frenar todas las investigaciones que pudieran comprometer al Gobierno ya había dado la orden. Forés habría alcanzado a decir “esto es una barbaridad” cuando del otro lado de la línea telefónica ya no había nadie.
Veinticuatro días antes de las elecciones a constituyentes del 29 de octubre, Rovira no imaginaba que su sueño de ser un in eternum candidato a gobernador iba a fracasar. Sin embargo instruyó al Fiscal Superior para que paralizara en el TC todas las investigaciones cuyas denuncias ya llegaron a la Justicia penal.
“Debe saberse que este Tribunal se encontraría impedido de avanzar en Sede Administrativa, sin antes tener sentencia penal condenatoria o absolutoria. Principio legal condicionante a todo proceso civil, comercial, laboral y administrativo. Por esta razón debe saberse con exactitud si existe denuncia penal y su estado. Téngase presente lo opinado para su prosecución”, dictaminó Cabral el pasado 5 de octubre.
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Incluso el expediente podría llegar a frenarse en la Justicia antes de lo previsto a través del denominado “per saltum a la misionera”. El procedimiento es sencillo y ya se ha puesto en práctica en más de una oportunidad. Sólo basta que el presidente del STJ, con su patente de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, ordene al juez que le entregue el expediente y la causa se frenará en forma automática por encima de cualquier plazo legal y lo más probable es que el magistrado de primera instancia termine con un pedido de jury en su contra.
El procedimiento del “per saltum a la misionera” se utilizó en el caso de la investigación por el brutal asesinato de Marilyn Bárbaro y recientemente en el amparo que pidió contra el Banco Macro la firma Touché & Moreno Ocampo y otras UTE para poder cobrarse una deuda provincial.
“Doctor… no se preocupe, que todo queda en manos de la Justicia”. Esa habría sido la respuesta que dio un hombre del Gobierno cuando llegó la queja del Tribunal de Cuentas por la nueva medida.
Por lo general, según explicó una fuente del TC, cuando desde el organismo se detecta una irregularidad inmediatamente se presenta la denuncia en la Justicia, pero la investigación administrativa sigue su curso normal. En más de una oportunidad los jueces de primera instancia fallaron en base a las investigaciones del Tribunal de Cuentas.
A lo largo de su mandato, Menem fue desactivando o copando con incondicionales cada uno de los organismos de control. En el mejor de los casos, permitiría el ejercicio de un poder sin límites por parte de las autoridades, y el hostigamiento a los adversarios políticos o personales. Como mínimo, serviría para encubrir actos delictivos cometidos desde el poder. Para ello utilizó la táctica de los indiecitos, avanzando uno tras otro sobre los estorbos.
Cualquier semejanza con el gobierno de Carlos Rovira no es mera casualidad.
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