Misiones debate la falta de legitimidad de su Poder Judicial
Domingo 3 de diciembre de 2006
La crisis del Poder Judicial de Misiones y su falta de independencia es el principal eje de debate de la sociedad. Así lo entendieron los integrantes del Frente Unidos por la Dignidad que el pasado lunes lanzaron un foro ciudadano para discutir propuestas para mejorar el servicio de justicia en la provincia.
Con ese objetivo, sindicalistas, políticos con ideas antagónicas, representantes de diferentes religiones, dirigentes de entidades sociales y un amplio matiz de líderes sectoriales se comprometieron a recuperar la legitimidad institucional del Poder Judicial.
“No se puede concebir una democracia sin una Justicia independiente”, dijo el obispo emérito de la Diócesis de Iguazú, Joaquín Piña, antes de emprender su viaje a España, lugar donde descansará unos meses. A su regreso, desde la ciudad de Posadas, el cura jesuita presidirá el foro al que también están invitados los integrantes del Poder Judicial.
En un lapidario documento emitido el pasado lunes en la turística ciudad de Puerto Iguazú, el Foro pronunció su preocupación “por la gravísima y deshonrosa situación de la Justicia de Misiones, que además de funcionar como un apéndice orgánico del Gobierno ha sido desjerarquizada, menoscabada por la falta de asignación de recursos y degradada por la falta de independencia de sus máximos responsables”.
A su vez, los firmantes del acta de constitución del Foro comprometieron su “firme e irrenunciable propósito de obtener, por todos los medios legítimos posibles, la absoluta independencia del Poder Judicial de Misiones de todo otro poder”.
El ahora “Foro Unidos por la Dignidad” se reunirá el martes en la localidad de Jardín América para trazar las acciones a seguir.
De alguna manera, Carlos Rovira fue quien instaló en la sociedad un debate que no se había dado antes: la Justicia como un espacio más de la política. Ningún gobierno había puesto en evidencia con tanta sinceridad y desprejuicio que el aparato judicial es un lugar fundamental en la lucha política. Claro que desde el FUD se entiende al Poder Judicial como lo que realmente debería ser: un poder independiente y sin ataduras al gobierno de turno.
Los ojos que te miran
Pero no es la oposición, ni los integrantes del FUD los únicos que alertaron sobre la crisis de la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial que maneja el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Rojas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige el periodista Horacio Verbitsky, criticó con dureza la falta de independencia del Poder Judicial de Misiones durante la gobernación de Carlos Rovira. A través de un documento, la prestigiosa organización no gubernamental remarcó que ya en 2004 el Gobernador misionero había avanzado peligrosamente sobre la independencia judicial y que entre fines de 2005 y comienzos de 2006 el conflicto escaló a una situación crítica. Fue cuando el oficialismo obtuvo la mayoría automática de la Legislatura.
Son varias las irregularidades que enumera el informe. Menciona, por ejemplo, que el Gobierno provocó diferentes vacantes en el Superior Tribunal para luego cubrirlas con candidatos propuestos por el gobernador y duramente cuestionados por la sociedad.
También se indica que la mayoría parlamentaria rovirista acaparó los dos cargos de los legisladores en el Consejo de la Magistratura, tanto el de la mayoría como el reservado para la minoría.
Agrega que “se pudo advertir la presión que pueden sufrir los jueces que investigan hechos que involucran al poder político, mediante el impulso de juicios políticos”. Y que todas las medidas fueron puestas en conocimiento del Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
Además, el documento destaca la derogación de la ley 3.964, de noviembre de 2003, que había reducido la cantidad de miembros del Superior Tribunal de nueve a cinco, en contra de la medida que tomó la Nación y que ahora “aplauden” los funcionarios provinciales.
La “irregular” destitución de la ministra Marta Catella por un pedido de juicio político del entonces intendente de San Vicente, Luis Benítez, “aliado político de Rovira”, no podía faltar en el lapidario informe. Según el Cels, “el proceso contra Catella no respetó la defensa en juicio ni el debido proceso”. Además “Benítez fue patrocinado por un asesor del Gobernador en el pedido de juicio político”.
Menos de dos meses después de la destitución de la ministra, Benítez se exilió en una licencia cuando durante un reclamo de colonos ardió en llamas la Municipalidad que él comandaba.
La destitución de Catella se debió a fallos que tuvo la funcionaria en contra del Gobierno, estando a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia, destaca el documento.
El duro informe también señala la “irregular” destitución del fiscal de Estado Lloyd Wickström y las anomalías en la investigación del asesinato de Marilyn Bárbaro en Oberá, por el que está detenido el hijo de la diputada rovirista Marlene Carvallo.
Perdona nuestros pecados
“No tengo rencor y tampoco quisiera en este acto solemne referirme, aunque sea fugazmente, a las expresiones que hemos escuchado toda la sociedad, o buena parte, que los medios se han ocupado de descalificaciones, de expresiones de críticas que han encontrado interpretaciones muy singulares de los textos bíblicos, de falsos escafandras que apelando a una fe que aquí en la tierra nos invita y nos reconoce a todos como iguales han caído en la discriminación”, señaló Rovira el día que asumieron los nuevos cuatro ministros del STJ. Así apuntó el Gobernador a quienes cuestionaron las designaciones.
Puso especial énfasis en que “se ha prejuzgado, se ha hecho una justicia equivocada y anticipada”. Y en esa misma línea dijo: “Perdono a todos los que calumniaron”.
En la lista de los que para el Gobernador “calumniaron” sólo mencionó a los obispos de Misiones, es decir al obispo de la Diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, y su par de Iguazú Joaquín Piña. “Perdono a nuestros dos obispos, perdono a todos los que deliberadamente o tácitamente han querido desviar este hermoso presente que estamos haciendo con mucho esfuerzo los misioneros”, aseguró.
Las designaciones de los ministros Rubén Uset, Cristina Leiva, y Ramona Velázquez, no sólo fueron cuestionadas por la oposición y los obispos, sino que también por el Colegio de Abogados de Misiones y la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El único nombramiento en el que no existió reparo alguno fue el del abogado Mario Dei Castelli.
Con la designación de los nuevos ministros y el apoyo del presidente del STJ, Jorge Rojas, Rovira se garantizó una “una Corte adicta”. Así lo dijo el intendente de Posadas Jorge Brignole. Los integrantes del FUD coinciden en lo mismo.
En su marcha hacia el poder absoluto Carlos Rovira lo entendió antes y mejor que muchos de sus adversarios, que prestan atención a cuestiones coyunturales. El Gobernador vio que el Poder Judicial podía ser el camino para sus planes.
Una fuente de la Corte misionera, conocido por sus continuas reyertas con el ministro Uset, puso el dedo en la tecla. “Sería ingenuo pensar que un gobernador designe a un juez pensando en sus virtudes jurídicas”, reflexionó con cierta ironía.
Para muchos la división de Poderes, base del sistema republicano, ha sido abolida en Misiones.
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