Detenido acusado de estafar por ocho millones de pesos a unas 70 personas

Pablo Antonio fue detenido ayer bajo la sospecha de haber estafado a través de una asociación ilícita, y de distintas maneras, a unas 70 personas, en un monto que oscilaría entre ellos seis y ocho millones de pesos. La detención se produjo en su mansión ubicada en Garupá, luego de que tres de sus supuestas víctimas realizaran la denuncia.
Según los investigadores, Antonio era buscado en varios países de Latinoamérica. La asociación estaría conformada además por sus hijos Tatiana Sofía y Santiago. Ambos son buscados por la Justicia pero hasta anoche continuaban prófugos.
La captura se logró luego de que Aníbal Sebastián Giménez, Ángel Benito González Meza y Orlando David Hedman otorgaran un poder especial al doctor Sebastián Noguera, quien presentó una denuncia penal por asociación ilícita contra el empresario.
Al estilo de un triller de Hollywood, la Policía cree que esta familia, a través de distintos engaños, fue estafando a muchas personas en países de Latinoamérica, sin dejar rastros de su accionar.
Desde la investigación dijeron que el jefe de la organización sería Pablo Antonio. Sus colaboradores serían su hija, Tatiana Sofía, una mujer muy bella, inteligente y astuta, y su hijo Santiago, quien actuaba como participante y quien, según trascendió, ya tiene pedido de captura internacional.
El modus operandi de la organización consistiría en presentar un invento, en este caso un cargador de baterías inteligente que según los dichos de su inventor podía lograr que un automóvil realizara un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires sin necesidad de cambiar la batería y tampoco requería utilizar otros combustibles.
Una vez que el comprador se interesaba en el proyecto, Antonio le proponía al comprador firmar un contrato en el que se establecía que el invento era propiedad de Antonio, pero éste le otorgaba el derecho para la fabricación del producto, apuntaron los pesquisas.
El vendedor se comprometía firmando un contrato ante escribano público a realizar los trámites del patentamiento dentro de los 90 días.
El problema estuvo en que la patente nunca aparecía.
Poco tiempo después de que sus clientes firmaran los contratos, Antonio habría creado la empresa Geneargen S.A. De esta manera, él junto a su hija proponían a los compradores acceder al uno por ciento de las acciones, las cuales estarían valuadas en 300 mil dólares.
A cambio debían entregar el contrato firmado previamente. Los compradores, creyendo que al obtener las acciones de dicha empresa recuperarían la inversión que realizaron, entregaban los contratos y de esta manera no quedaban sin pruebas de la estafa, añadieron las fuentes.
Según los investigadores, para convencer a los inversionistas, Antonio realizaba conferencias y demostraciones en un reconocido hotel de la ciudad, donde presentaba a empresarios de Venezuela, Colombia, Perú y otros países, que después se estableció que eran personas pagadas por el empresario.
En el caso de los denunciantes, Hedman y Giménez, ambos trabajaban en la empresa Cotesa S.A, eran socios.
Luego de firmar el contrato con Antonio, realizaron todo lo referente al montaje industrial y a la producción, es decir que además de entregarle dinero al comprador realizaron las inversiones posteriores, pero al no tener la patente del producto, el mismo pasa a ser de dominio público, por lo que no se puede comercializar.
Esto hizo que la empresa quebrara al poco tiempo.
Sin embargo, antes de presentar la denuncia, al ver que la situación se complicaba; Tatiana Antonio, le entregó a Sebastián Giménez varios cheques que sumaban un total de 150 mil pesos como garantía. Como los mismos no pudieron ser cobrados, esta mujer le entregó un cheque por dos millones de pesos, para que no presentara la denuncia, pero la cuenta estaba cerrada, precisaron los acusados en su presentación.
Como si fuera poco, días después Tatiana se presentó ante una dependencia policial y radicó una denuncia en la que manifestaba que mientras viajaba junto a sus hijos en su automóvil los niños fueron tirando varios cheques. Luego se estableció que se trataban de los que ella le había entregado a Giménez.
Tras la denuncia penal, presentada el 16 de diciembre por el letrado Sebastián Noguera, Antonio comenzó a sacar varias documentaciones de su fábrica que funcionaba sobre avenida Lavalle al 3900.
Entre las personas estafadas habrían varios políticos que invirtieron grandes cantidades de dinero en este proyecto.
Al buscar en internet, la empresa aparece ahora con otro nombre, Augetronic, y el producto que vende es igual de llamativo que el anterior. Se llama Macrogenerador y su única fuente de alimentación para su funcionamiento son cuatro baterías para auto y las mismas durarían un año de uso continuo. Asimismo, se aclara, el aparato duraría de 18 a 20 años.

La detención de Pablo Antonio
Tras un largo trabajo de inteligencia por parte de la Policía y del juzgado de Instrucción Uno, a cargo de Horacio Gallardo, se logró la detención de Pablo Antonio, cuando salía de su domicilio emplazado en la localidad de Garupá. La casa tiene aproximadamente una hectárea, rodeada de un muro perimetral de seis metros de altura y cuenta con un sistema de seguridad valuado en 60 mil dólares.
Antonio fue trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía.
Al ser apresado, Antonio dijo ser diabético, por lo que pidió ser llevado a un sanatorio. Ante la sospecha, uno de los oficiales le solicitó el carnet de conducir para verificar sus dichos y allí no figuraba que padeciera esta enfermedad.
Luego, Antonio solicitó que le acercaran su historia médica, donde se detallaba que el tiene tres by pass en el corazón.
Tanto Pablo como su hija Tatiana presentaron un pedido de excarcelación y exención de prisión respectivamente, a lo que Francisco Noguera expresó que a su entender, estos pedidos no deben prosperar, ya que existe un trabajo de inteligencia que fue incorporado al expediente y por ello pasa a ser un instrumento público, donde consta que ellos trataron de fugarse. Y uno de los requisitos para este beneficio exige que la persona no trate de eludir a la Justicia y tampoco esconda pruebas.