Sumido en una crisis, el pacto de paz cumple un año en Colombia

El acuerdo de paz en Colombia cumple hoy su primer año sumido en una profunda crisis de impredecibles consecuencias y a cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, lo que augura desafíos aún mayores que los superados en los trabajosos cuatro años de diálogo en Cuba.
El 24 de noviembre de 2016, luego de una aprobación parlamentaria que superó el revés inicial del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos alcanzó la gloria de poder firmar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un proceso por el que recibió el Premio Nobel de la Paz y que corrió el telón a una guerra interna de más de medio siglo.
Sin embargo, y tal como el propio Santos había supuesto, convertir en hechos la letra del acuerdo comenzó a originar diferencias que desalentaron a los guerrilleros desmovilizados y llenó de incertidumbre la escena política, en la que -además- cada sector hace su juego para sacar el mayor rédito posible, tanto desde la aprobación o el rechazo al acuerdo, de cara a las elecciones presidenciales.

Santos intentó evitar que la crisis se profundice y acordó una reunión justamente para hoy con quien está ahora como candidato presidencial Rodrigo Londoño, quien bajo el alias de Timochenko fue el último jefe de la ex guerrilla y  lidera el nuevo partido político con el que el grupo se expresa en la vida civil y política: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Distintos inconvenientes, como el complicado desplazamiento y reclusión de los guerrilleros desmovilizados en las zonas especiales controladas por las Naciones Unidas (denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización), fueron horadando la confianza de las partes y encendieron luces de alarma. 
Aún así, los pasos establecidos por el acuerdo de paz fueron concretándose, aunque con unos meses de retraso, incluida la entrega de armas por parte de los ex guerrilleros en agosto último.
En las calles de Bogotá, en los días previos al plebiscito, se podía percibir que una de las principales resistencias de la ciudadanía al acuerdo era el sistema especial de justicia que se utilizará para tratar los delitos cometidos en el marco de la lucha armada.
Los asesinatos, secuestros y robos, por ejemplo, cometidos en el marco del conflicto armado serán penalizados por una justicia transicional que buscará la integración social y política de los ex insurgentes antes que la sanción punitiva, un criterio aceptado por los expertos internacionales pero que no cuenta con la simpatía de muchos colombianos de a pie.
Ese sistema de justicia, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) y que también alcanzará a los agentes del Estado y los particulares que se involucraron en el conflicto armado, está a punto de obtener aprobación parlamentaria.
Sin embargo, la aprobación podría generar aún más tensión porque incluye reformas al acuerdo de paz que son rechazadas por las Farc. “Estamos avanzando en la implementación del proceso de paz que firmamos con el señor Rodrigo Londoño precisamente hace un año y que si hay algunas dificultades o algunas interpretaciones equivocadas, pues es natural que uno se reúna”, afirmó Santos el martes, anticipando la agenda y el tono que tendrá el encuentro con Timochenko.