Se encendió la alerta y buscan frenar el posible tarifazo al agua

Martes 26 de julio de 2016
La posibilidad de que una decisión municipal provoque un tarifazo en el servicio de agua potable y cloacas de la ciudad capital generó repercusiones entre las partes y puso en alerta a los usuarios. En ese marco, la Provincia tomó cartas en el asunto, intermediando a través del Ente Provincial de Regulación de Aguas y Cloacas (Eprac) entre la Municipalidad de Posadas y Samsa. Con ambas partes se reunió en la jornada de ayer, en busca de aclarar el tema.
Como lo dio a conocer El Territorio en su edición del domingo pasado, una decisión administrativa del Ejecutivo posadeño podría provocar un tarifazo en el servicio de agua potable. Se trata de una modificación en el criterio con el que se calcula la tasa de ocupación del subsuelo, que se paga con las boletas de Samsa. Esto, junto al reclamo de una deuda a la empresa, que se trasladaría al usuario, aplicada en retroactivo (Ver: Verificación y supuesta deuda). Todo esto la Municipalidad lo niega.

El aumento
La mencionada modificación de tasas podría generar un incremento de las tarifas de hasta un 70 por ciento en el total de las boletas. Y provocaría a su vez una deuda de 2.000 pesos por usuario, por una aplicación en retroactivo.
Ante este panorama, Christian Hilbert, gerente de Samsa, insistió en que “más allá de las deudas que la Municipalidad nos aduce, la interpretación que hacen sobre el criterio de cobro de la tasa no es correcto, nunca una tasa puede tener el mismo valor que un servicio como el que prestamos”.
Cabe destacar que el mismo contrato de concesión, indica que “la Tasa Municipal por Ocupación del Subsuelo no integra la tarifa y por lo tanto debe computarse como una tasa que se adiciona a la facturación a los usuarios, de igual manera que el IVA y el impuesto a los Ingresos Brutos”.

Para la comuna no hay deuda
Desde la Municipalidad sostienen que no hay una deuda determinada, aún. Más allá de que hay documentos que así lo indiquen (Ver: Verificación y supuesta deuda).
Por esto, ayer comunicaron de manera oficial, con un parte de prensa, que lo que se hizo es “iniciar un proceso de verificación de una deuda que tendría Samsa ante el gobierno de la ciudad” y remarcaron que “Rentas de Posadas no puede desconocer la ordenanza vigente y tiene la obligación de velar por su cumplimiento”.
En la misma línea, el secretario de Hacienda Municipal Diego Pomar aseguró a este matutino que "no se modificó ningún impuesto y tampoco hay ánimo de hacerlo".
"Estamos verificando el correcto cumplimiento de Samsa. No hay ninguna determinación de deuda todavía. Estamos en un proceso de verificación entre lo declarado por Samsa y lo depositado a la Municipalidad en los períodos 2012, 2013 y 2014", sostuvo el funcionario.
Esto, en referencia a las cuentas de dos tasas diferentes: "Por un lado la tasa de comercio que tiene que pagar Samsa y que no le corresponde al usuario, y por otro la tasa de ocupación del dominio público". "Estamos verificando que ese monto que Samsa cobró a los usuarios por la tasa de uso de dominio público coincida con lo entregado a la Municipalidad", concluyó. No obstante, el descargo realizado por la prestataria del servicio de agua potable se desprende que la Municipalidad habría reclamado una supuesta deuda (Ver: Verificación y supuesta deuda).

Reuniones
Al enterarse de la medida, José Guccione, titular del Eprac, insistió que de concretarse la medida en discusión, se trata de un golpe al bolsillo del posadeño, y ya había pedido una reunión con el intendente Joaquín Losada para tratar la cuestión, ya que “lo que quieren modificar está fuera de lo que dice el contrato”.
El encuentro se llevó a cabo finalmente ayer, y desde el Ejecutivo ratificaron la decisión de cobrar las deudas a la empresa.
“Ellos plantean que se trata de una ordenanza del 2011 que hacía referencia al cambio en la cuota que no se tuvo en cuenta y ahora eso representa una deuda. La información que nos dieron sobre mediciones y demás no coincide en ambas partes, por eso nuestro trabajo será juntar las partes”, explicó.
De forma posterior, Guccione mantuvo una reunión similar con la gerencia de Samsa.
De acuerdo a lo que explicó Hilbert, “todas las empresas de servicios pagan el tributo de la tasa de ocupación del espacio público, en este caso el subsuelo. Cambiaron el criterio técnico de cómo se calcula la tasa de ocupación, que hoy es de 1,20 o 2 pesos por usuario".
Asimismo, los funcionarios de la prestataria de agua explicaron los detalles de lo que la Municipalidad planteó como modificación.
"Actualmente la tasa en cuestión es calculada sobre los 14 mil metros de red troncal que en su momento se determinó. Ahora la Municipalidad dice que se debe pagar sobre 600 mil metros, pero si vamos al caso, el monto real de red es de 2 millones y medio. Entonces estamos hablando de valores superlativos y erróneos", relató Guccione sobre la reunión.
A su vez, mencionó que Samsa tiene embargada por dos millones de pesos las arcas por las deudas de tasa de comercio, por lo que si persiste la situación, entra en juego un nuevo problema, que corresponde al pago de los salarios a los trabajadores del organismo.
"Desde la Municipalidad dicen que existe una modificación que habla de esta nueva forma de cálculo de la tasa de ocupación del subsuelo, pero desde esa modificación jamás le dijeron a Samsa que debía pagar más", añadió el funcionario provincial.
Para intentar llegar a una solución y frenar el posible tarifazo, desde el Eprac se convocó a ambas partes (Samsa y Municipalidad) a una reunión, que se realizaría esta tarde, en las oficinas del Ente Regulador.


Verificación y supuesta deuda El 4 de mayo pasado ingresó, por mesa de entrada y despacho de la Municipalidad, la “Fórmula de descargo e impugnación” que realizó Samsa sobre la determinación que se realiza en el Expediente N1 3364D/15 de la comuna. Se trata de un documento de 21 páginas, más anexos, en la que la empresa impugna “la planilla que impulsó el procedimiento de determinación de oficio” y solicita “la nulidad de las actuaciones de mención” por considerar “la irregularidad del procedimiento de determinación de oficio”.
De este escrito, más puntualmente del apartado titulado “De la verificación impositiva y supuesta deuda” se desprende que la Municipalidad concluyó una verificación impositiva y reclamó a la empresa una deuda.
En el primer párrafo de ese apartado, los representantes de la empresa indican que “la vista de las actuaciones del expediente Nº 3364D/15, corrida a mi mandante respecto de la tasa de ocupación del dominio público, indica que ‘concluida la verificación impositiva llevada a cabo por Paula Andrea Pereyra, se ha constatado que surgen obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad’”.
En el párrafo siguiente se sostiene que “en fecha 29 de marzo de 2016, se recepciona en Samsa la Vista de Actuación del expediente de referencia, suscripta al pie por la agente de la Dirección de Inspección Tributaria de la Municipalidad de Posadas Virginia Celeste Pires. En dicha determinación, se establece de oficio una supuesta deuda de Samsa por los siguientes conceptos: i) por la suma de $20.113.343,50 en concepto de Derechos de Ocupación del Dominio Público polos períodos del 01/2012 al 23/03/2016; ii) la suma de $100.566.717,50 en concepto de infracción al art. 88 del Código Fiscal Municippal, y iii) la suma de 11.990.353,26 en concepto de intereses. Todo ello totaliza la determinación de oficio exigida a mi mandante por la estrepitosa suma de Pesos Ciento Treinta y Dos millones Seiscientos Setenta Mil Cuatrocientos Catorce con 23/100 ($132.670.414,23)”.