Por la infraestructura, reglamentan la participación público-privada

El gobierno nacional reglamentó la Ley 27.328 de contratos de participación público-privada (PPP), instrumento que permitirá atraer y agilizar inversiones de dólares, según las expectativas de funcionarios y empresarios.
El nuevo régimen apunta a “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”, señala el Decreto 118 publicado ayer en el Boletín Oficial.
La ley fue sancionada por el Congreso a mediados de noviembre pasado y, de acuerdo con las previsiones oficiales, permitirá viabilizar el financiamiento por un monto de al menos 40.000 millones de dólares destinados a un conjunto de obras de infraestructura. La centralización normativa de los contratos prevista por la ley recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda, en manos de Nicolás Dujovne. El decreto declara “de interés nacional” todos los proyectos que se desarrollen en el marco dela ley 27.328 e invita a las provincias a adherirse al régimen y a que eximan del impuesto de Sellos a todos los contratos y subcontratos a ser ejecutados total o parcialmente en sus territorios en el marco de la PPP.
La PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye.