Polemizan sobre normas de seguridad tras los atentados

Después de que cuatro agresores criados en Gran Bretaña mataran a 52 transeúntes londinenses el 7 de julio de 2005, el primer ministro, Tony Blair, prometió que el país no se detendría ante nada para derrotar al terrorismo. “Que nadie lo dude”, dijo.
“Las normas del juego están cambiando”. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Gran Bretaña había hecho de sus competencias antiterroristas las más duras del mundo occidental. Después de las bombas en Londres, un episodio conocido como 7/7 en referencia a la fecha, se volvieron aún más duras.
“Lo que hizo el 7/7 fue que la gente se diera cuenta de que la amenaza era interna, además de externa”, dijo David Anderson, supervisor oficial británico de legislación sobre terrorismo.
Después de 2005, la policía recibió poderes para detener a sospechosos de terrorismo durante cuatro semanas sin presentar cargos o para colocarlos en un toque de queda de 16 horas al día. Se convirtió en delito no sólo cometer o planear atentados, sino enaltecer actos terroristas.
El gobierno trabajó para deportar a predicadores extremistas que se habían instalado en el país. Las capacidades de las agencias de inteligencia para reunir datos sobre los internautas creció de forma drástica, y los espías británicos empezaron a recoger información sobre sus propios ciudadanos a una escala sin precedentes.
Los defensores de los derechos civiles intuyeron la expansión de un Estado al estilo del literario Gran Hermano y libraron batallas legales y políticas que consiguieron reducir o revocar algunas de sus medidas. Pero una década después, los británicos están más vigilados que nunca.