Pidieron prisión perpetua para 18 de los 21 represores
Jueves 18 de septiembre de 2014
La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió ayer que se condene a prisión perpetua a 18 de los 21 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” durante la última dictadura cívico militar, entre ellos Miguel Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno bonaerense, James Smart.
El pedido lo formularon ayer los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández al culminar su alegato ante el Tribunal Oral Federal I de La Plata que integran los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus.
Los fiscales acusaron a los represores por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, delitos contra el derecho de gentes y en particular crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
De acuerdo al alegato, esa pena le corresponde al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, James Smart como partícipe necesario de homicidio doblemente calificado en dos oportunidades y privación ilegal de la libertad agravadas en 43 casos y doblemente agravado en 84 casos y tormentos en todas la víctimas que estuvieron en el centro clandestino.
La misma pena pidieron para el ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
También solicitaron perpetua para Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares.
Lo mismo hicieron en los casos de Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña e Isaac Crespín Miranda, mientras que pidieron 16 años de prisión para Juan Carlos Herzberg, 14 para Rufino Batalla y la absolución de Luis Perea.
En su alegato, los fiscales consideraron que los imputados deben ser condenados por genocidio “ya que es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Sostuvo que esos actos “comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, además de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
El pedido lo formularon ayer los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández al culminar su alegato ante el Tribunal Oral Federal I de La Plata que integran los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus.
Los fiscales acusaron a los represores por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, delitos contra el derecho de gentes y en particular crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
La misma pena pidieron para el ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
También solicitaron perpetua para Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares.
Lo mismo hicieron en los casos de Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña e Isaac Crespín Miranda, mientras que pidieron 16 años de prisión para Juan Carlos Herzberg, 14 para Rufino Batalla y la absolución de Luis Perea.
En su alegato, los fiscales consideraron que los imputados deben ser condenados por genocidio “ya que es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Sostuvo que esos actos “comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, además de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
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