Piden que la Justicia prohíba que Cristina pueda abandonar el país

Jueves 25 de agosto de 2016

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de la ex presidente Cristina Fernández y la prohibición de salir del país, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que mantiene en prisión al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron hoy que el funcionario del Ministerio Público elevó ese requerimiento al juez federal Sebastián Casanello y propuso que se investigue si la ex mandataria perpetró los delitos de “encubrimiento” y “omisión de denuncia”.
El pedido de Marijuan incluyó en los mismo términos al diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Economía, Axel Kicillof.

La imputación se basa en el informe que el programa Periodismo Para Todos (PPT) emitió el domingo pasado y destapó las transferencias al exterior de casi 500 millones de dólares a través de sociedades atribuidas a Báez y otras personas vinculados al kirchnerismo.
Tras el informe, Fernández lanzó varios mensajes por la red social Twitter y reiteró que no tiene cuentas bancarias en el exterior o “fondos ocultos o no declarados” en su patrimonio de bienes.
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, que asiste a Fernández en varias de sus demandas, reveló en su cuenta de Twitter que la ex presidente le “instruyó a demandar al periodista Nicolás Wiñazki y a (Jorge) Lanata”.
En esta causa cumplen prisión preventiva Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, y están procesados pero en libertad Martín Báez -hijo de Lázaro- y otros.
La causa por la llamada ruta del dinero K había comenzado en abril de 2013 con un informe de PPT, donde Leonardo Fariña -a través de una cámara oculta- y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero de Báez.
El expediente, sin embargo, cobró un nuevo impulso este año, con la aparición de un video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como La Rosadita, en donde se veía a varios de los hoy procesados contando millones de billetes de dólares y euros.

Solicitan datos de diez  cuentas bancarias suizas
BUENOS AIRES. Dos magistrados argentinos enviaron una comisión  a Suiza para solicitar colaboración para “completar acabadamente el circuito de lavado de dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez”, el empresario preso, confirmó el portavoz de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Folco Galli.
Lázaro Báez es un empresario cercano a los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan piden pruebas documentales de diez cuentas bancarias, en tres establecimientos de Ginebra, y uno de Lugano.
Sus beneficiarios serían, además de Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores, y Helvetic Services Group, la financiera domiciliada en Lugano, “gerenciada” por el fiduciario italo-argentino residente en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, según el exhorto.
La petición dice que “busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo,  los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez”, entre 2012 y 2013, una trama tejida por bancos suizos, Helvetic Services Group, Ramos, y “sociedades de cobertura constituidas en paraísos fiscales al solo efecto de disimular y ocultar bienes”.  
Se agrega que los fondos provendrían de “una maniobra de fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasmas que le permitió (a Lázaro Báez) hacerse de sumas millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito”, y “con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (Afip), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad organizada”.
“Parte de ese dinero fue reingresado y blanqueado en la República Argentina” por la “activa intervención de la firma suiza Helvetic Services Group y de Néstor Marcelo Ramos, mediante la adquisición en la Confederación Suiza, a través del Banco J. Safra Sarasin, de títulos de la deuda pública argentina”, por 32.800.000 de dólares que fueron luego liquidados “en las cuentas bancarias” en Argentina de Austral Construcciones SA, la principal empresa de Lázaro Báez.