El oficialismo consiguió el quórum y arrancó el debate por la Ley de Bases en Diputados

El Gobierno inició este mediodía un nuevo intento para aprobar, en general y particular, la “Ley de bases” y el paquete fiscal. Después de varias concesiones, el oficialismo confía en que las iniciativas del Poder Ejecutivo logren la media sanción y sigan su curso en el Senado. Se esperan más de 30 horas de debate hasta la votación en general, y se especula con que haya alrededor de 150 discursos.

A las 12.25 se logró el quórum con 135 diputados sentados en sus bancas, seis más de los necesarios por reglamento. Además de La Libertad Avanza (LLA), contribuyeron a este número parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Pro e Innovación, los bloques aliados del Gobierno.

De acuerdo a lo consignado por La Nación, después de seis cuestiones de privilegio, con las que diputados de diferentes signos políticos manifestaron su disconformidad sobre algún asunto, Santiago Santurio (LLA) dio inicio al debate en general de la “Ley de bases”. Como miembro informante, explicó los principales puntos de la iniciativa del Poder Ejecutivo y advirtió: “El mayor riesgo que tenemos en la Argentina hoy es no cambiar, que es lo que viene pasando hace 20 años”.

Tras un intercambio de alto voltaje sobre el ordenamiento de la discusión en el recinto, el oficialismo logró por 140 avales definir que la votación en particular será por capítulos y de manera nominal. El kirchnerismo, un sector del radicalismo más intransigente y la izquierda buscaban hacerlo por artículos, la misma modalidad que hizo naufragar la versión original de la ley ómnibus en febrero.

Además del impuesto a las Ganancias, el paquete fiscal incluye un amplio blanqueo de capitales no regularizados, una nueva moratoria impositiva, una reducción en el impuesto a los bienes personales y modificaciones en los topes de facturación previstos en el régimen de monotributo.

La “Ley de bases”, en tanto, contiene entre sus puntos más relevantes la inclusión de una reforma laboral acotada –que omite aquellos artículos que generan conflicto con los líderes de la CGT, como la eliminación de la llamada “cuota solidaria” que financia las cajas sindicales-; un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que contempla un abanico de beneficios fiscales, aduaneros y tributarios para las grandes empresas como también la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar sujetas a privatización una decena de empresas públicas.