"Si los chicos chinos llegan y empiezan a trabajar es difícil comprobar el delito"

“Este caso pudo llegar a juicio porque la persona fue detenida en pleno  traslado de las víctimas, pero en otros sucede que si esos chicos chinos llegan hasta un supermercado y empiezan a vivir y a trabajar allí, luego se hace muy difícil comprobar el delito de la Trata de Personas, porque además de la gran barrera del idioma, también está la cuestión cultural de ellos que tienen mucho miedo de hablar y de contar la verdad”, explico a El Territorio el abogado Miguel Calvete, que es el secretario general de la Cámara que agrupa a los supermercados chinos  de Argentina.
Calvete explicó que “los chinos tienen un arraigo muy fuerte con su tierra y con sus familias de origen, por lo tanto es común que primero venga un miembro de la familia y después que logre cierto acomodamiento a la vida del nuevo país, traiga el resto de la familia”. Y en este contexto, explicó que “por eso es muchas veces la misma familia la que entrega a los hijos a las mafias  para que lo trasladen hasta Argentina u otro país, porque es imposible para muchos de ellos, no solamente conseguir el permiso del país para venir, sino también el dinero para costear el pasaje”.
Consultado sobre cuánto dinero recauda la mafia china por cada persona que logra ingresar ilegalmente a Argentina, Calvete estimo que actualmente el precio es de hasta 50 mil dólares y en ese contexto advirtió que “por eso la victima una vez que está en Argentina se siente obligada a pagarlo con años de trabajo y es muy poco probable que a pesar de las condiciones poco dignas en las que vive se anime a denunciar a la mafia”.

Las mafias chinas ‘aprietan’ a los supermercados
La mafia ‘cabeza de serpiente’ no es la única que opera en nuestro país. Según el comisario retirado de la Policía bonaerense y especialista en criminología, Raúl Torre, en el informe denominado Viento del Este, elaborado por Interpol, también menciona la triada 14 kilates que está presente en distintas ciudades argentinas donde extorsionan a los dueños de supermercados a que paguen una especie de cuota mensual bajo diversos tipos de amenazas que muchas veces se concretan.
“Hay suficiente material que prueba como se mueven estos grupos mafiosos, que recorren los supermercados chinos ubicados en las zonas más pobladas para pedirles dinero a cambio de no matarlos” explicó a El Territorio el doctor en criminalística y profesor universitario, Raúl Torre.
El especialista  en homicidios destacó que “en los últimos diez años hubo muchos casos de incendios a supermercados chinos e inclusive asesinatos de sus propietarios por parte de estos mafiosos, que si no consiguen el dinero que les piden a los supermercadista, no les tiembla el pulso para gatillar un arma de fuego y matarlos a sangre fría”.
Seguidamente, el comisario Torre explicó que “para la mafia china los crímenes tienen un sentido ejemplificador y por eso, en cada acto violento, agreden a una persona determinada pero le dedican ese gesto a otros  miembros de la comunidad a modo de advertencia”.
Torre  destacó que “el pueblo chino tiene cuatro mil años de historia y hasta principios del siglo pasado vivieron bajo el poder de dinastías muy autoritarias, y por esa razón  se acostumbraron a llevar una vida subterránea, al margen del poder y ese fue el nido de muchas asociaciones secretas que si se dedican al delito, se transforman en mafia”.
Seguidamente advirtió que estas mafias chinas tienen tres actividades principales que son “el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y la trata de blancas y todas estas actividades ilícitas las realizan fuera de su país, porque el simple hecho de que en China existe la pena de muerte”.


Lazos con autoridades y la coartada del ex gendarme
POSADAS. Si bien nadie lo dice abiertamente, por lo bajo siempre existió la sospecha de que algunas autoridades migratorias del país, e inclusive miembros de las fuerzas de seguridad que deben custodiar la frontera, son cómplices de este delito.
Esa sospecha quedó evidenciada en la detención y condena del sargento de gendarmería Jorge Vera, que en ese momento (11 de marzo de 2013) era un funcionario dedicado a brindar seguridad, pero eligió ser una de las patas fundamentales de la maniobra ilegal, o sea, encargarse del transporte de los chinos desde la frontera hasta Buenos Aires. 
Estaba todo planificado al detalle, pero en medio del viaje pincharon un neumático de la camioneta y eso obligó la intervención de dos cómplices, que si bien negaron rotundamente ser partes del hecho, en el debate oral quedó claro que todos cumplieron roles específicos.
La camioneta Nissan negra que los nueve orientales describieron como la que los recogió luego de caminar casi una hora en medio del monte, era la de Vera. Las víctimas fueron claras en afirmar que los fue a buscar y él los tenía que llevar a Buenos Aires, como también a Rosario.  
El ex gendarme desmintió esa acusación y se defendió diciendo que esa noche estuvo cazando carpinchos y cuando regresaba a su casa con su esposa, Ramona Gómez (absuelta), fue sorprendido por tres chinos que de manera imprevista le cerraron el paso. Detalló en su declaración que cuando frenó la camioneta, aparecieron de la oscuridad otros seis ciudadanos asiáticos, a los que les ofreció llevarlos hasta el control policial, donde finalmente fue detenido.
En el juicio, los testigos que participaron en el operativo, describieron que cuando la camioneta fue interceptada, el ex uniformado salió raudamente de la camioneta haciendo ostentación de su cargo y manifestando que estaba haciendo una investigación secreta por tema narcotráfico.
En ese momento, uno de los federales advirtió movimientos de personas intentando esconderse debajo de una manta, en el asiento trasero de la camioneta, por lo que los hicieron descender y se dieron cuenta de que eran chinos. De la caja salieron los otros seis, que estaban ocultos debajo de una lona negra.
Dos años después y luego de dos jornadas de debate, Vera fue encontrado culpable del delito de tráfico ilegal de personas con el fin de obtener un beneficio, agravado por la participación de un funcionario público, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal Federal de Corrientes lo condenó a tres años de prisión.