Papeles en orden

La posesión irregular de la tierra es un problema serio, tanto familiar como comunitario y administrativo. No sólo le acarrea inmensas dificultades a los ocupantes irregulares, que por su condición no pueden acceder regularmente a los servicios públicos, desde los más elementales como la energía eléctrica o el agua potable hasta mejoras en sus viviendas o en la urbanización de esos barrios.
También complica a las administraciones, ya que resulta difícil reunir los recursos con los que solventar los costos de los servicios públicos en una comunidad donde pocos pagan las tasas y los servicios de muchos. Lo saben los jefes comunales de los municipios del Alto Uruguay, donde gran parte del territorio está ocupado irregularmente.
Pero solucionar el problema tampoco resulta una tarea sencilla. Y demanda un largo camino, con innumerables marchas y contramarchas, por las características mismas del problema. Eso es lo que atestiguan los protagonistas de estos procesos, que suelen prolongarse mucho más de lo recomendable: suele completarse no sin tensiones y con reclamos de las distintas partes involucradas. La relocalización de Villa Cariñito es un buen ejemplo (página 5).
En Posadas, en los últimos tres años, la cantidad de asentamientos irregulares se redujo de 72 a 63 en Posadas, a partir de la implementación del Programa de Regularización de Ocupación de Espacios Públicos y Provisión de Agua, según explicó su coordinador, Jorge Atencio. ¿Muy poco, demasiado lento? Peor es nada.

María Marta Fierro
Prosecretaria de Redacción
mfierro@elterritorio.com.ar