Drogas: el fracaso antinarco y el discutido giro a la despenalización
Domingo 22 de abril de 2012
Por Mauro Parrota y Ana Espinoza. (interior@elterritorio.com.ar). Autoridades gubernamentales de Paraguay se muestran a favor de analizar la despenalización del consumo de las drogas, medida similar a la que se plantea en la Argentina desde hace un par de años, en un claro direccionamiento a las nuevas políticas de varios países que incluso acordaron nuevas estrategias en la pasada Cumbre de las Américas desarrollada en Cartagena, Colombia, a mediados de abril.
Paraguay es históricamente uno de los mayores productores de marihuana en la región y principal abastecedor de la sustancia a la Argentina y Chile, con elevados índices de violencia y muertos en la guerra entre narcos, mulas, vendedores y la Policía.
En la Argentina la droga ilegal con mayor consumo y en franco crecimiento año a año, es la marihuana. En la ruta de las drogas, Misiones sigue en la zona roja del tránsito de la cannabis sativa, debido no sólo a una lógica consecuencia geográfica, sino por sus vulnerables fronteras internacionales en el 90 por ciento de su territorio.
La capital misionera está ubicada a casi 700 kilómetros de distancia de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay, en donde se concentra la mayor parte de las plantaciones de marihuana al aire libre.
El crecimiento del negocio del narcotráfico derivó inevitablemente en que la guerra en Paraguay desembarcara en Misiones. Candelaria, Garupá y Posadas son desde hace dos años, escenarios constantes de persecuciones y tiroteos con heridos de gravedad y en muchos de los casos en escenarios urbanos y con vehículos robados y preparados para llegar al final del circuito ilegal. Los muertos flotando en el río Paraná son las víctimas visibles de los peones caídos en la constante y férrea logística del tráfico internacional.
El subdirector de la división Toxicomanía de la Policía de Misiones, Jorge Salinas, admitió amargamente que en Posadas, como en determinadas localidades de la provincia, el combate diario de la fuerza se ve minimizado ante el evidente poderío de la organización narco.
Contrario al proyecto oficial para la denominada despenalización de las drogas, Salinas asegura a la vez que ante la naturalización de que el consumo de determinadas drogas como la marihuana no debería ser considerada como un delito, se debe a que simplemente “falta decir la verdad, falta información y se habla del tema banalmente”.
“Entonces se debería reformar toda la Ley de Estupefacientes”, advirtió. Y en esa línea está direccionado el proyecto que reforzó el nuevo escenario, el del ahora senador nacional y ultra oficialista Aníbal Fernández, casi como un reflejo al plan presentado por el presidente de los Estados Unidos al Congreso hace menos de dos semanas.
El proyecto oficial
El ex Jefe de Gabinete del Gobierno nacional puso a consideración un proyecto de ley que deroga el vigente texto ordenado de la Ley 23.737, la Ley 26.052 y el artículo 10 de la Ley 24.316, en lo referente a la Ley 23.737, la de Estupefacientes.
“Esta legislación, en general, formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los eslabones más débiles, lo que trajo por consecuencia: un sistema judicial colapsado por causas referidas al consumo y comercio en menor escala, provocando un hacinamiento carcelario sin precedentes en el país; baja perfomance en la investigación de los delitos complejos y esfuerzos aislados en materia de seguridad que no lograron impedir los hechos de público y notorio conocimiento de los últimos años”, fundamenta Fernández.
Según se justifica y se deja sentado como parte de este nuevo camino para con las drogas, que mediante el decreto 1359/09, “se creó la Comisión Nacional Coordinadora de políticas públicas en materia de prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con las misiones de diagnosticar y asesorar en las materias de su competencia”.
De admitir la corrupción en altos escalones estatales, Fernández indica que “el resultado está a la vista: el tráfico de drogas no sólo no ha disminuido sino todo lo contrario, ha aumentado, como han aumentado las plantaciones, los consumidores, al tiempo que disminuye el precio. El resultado de la guerra contra las drogas en la versión impuesta por las políticas estadounidenses a partir de 1971, no puede ser más desalentador. Puede decirse que es la historia de un fracaso anunciado. La función que debe cumplir el derecho penal es preventiva. Tiende a asegurar con su intervención un mínimo de eficacia y, cuando ello no ocurre, cabe adoptar otro tipo de soluciones”.
“Ello es así porque el fracaso del derecho penal produce un efecto negativo en la comunidad, que confía en el mismo derecho penal como herramienta para la solución de los conflictos más intolerables para la convivencia social”.
Entre las consideraciones a tener en cuenta, en el proyecto se exige que las medidas de seguridad, educativas o curativas deben aplicarse por jueces civiles, de familia o menores en los supuestos previstos por la normativa pertinente, no por el juez penal, motivo por el cual se han suprimido en ese documento, en coincidencia con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arriola, el que sin lugar a dudas marcó un precedente en el país.
La nueva ley que espera por su aprobación o no del Poder Ejecutivo, indica que el que tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión y dentro del mismo artículo establece que no es punible la adquisición y tenencia de estupefacientes cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiera que está destinada al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros.
Además, se apunta en otro artículo que el que organice, dirija o administre una red de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional, de estupefacientes será penado con prisión de 8 a 25 años de cárcel, siendo la pena máxima en esta nueva ley de estupefacientes.
En Paraguay, más polémica
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, indicó que el Paraguay no descarta una posible aprobación a la legalidad de ciertos tipos de drogas y el gobierno sentó su postura oficial en la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Colombia.
“El abordaje del tema drogas es general, porque no sólo implica el combate al consumo de drogas, sino también a la pobreza, desigualdad social, crimen organizado, políticas de salud”, dijo el canciller en conferencia de prensa.
El ministro, en el mismo tono autocrítico de la realidad, alertó que “muchas de las tareas represivas a la venta y consumo de las mismas, no representaron el resultado esperado en Paraguay y en varios países de la región”.
Para Lara Castro, la despenalización ayudará a que el gobierno tenga un mayor control sobre las drogas, de acuerdo a la experiencia de otros países.
Dos años atrás, en una entrevista a El Territorio, el gobernador del departamento de Amambay, en la capital de actividad narco, Pedro Juan Caballero, había sentado su postura sobre la liberación, como definió sobre la cannabis sativa.
Por entonces, Juan Bartolomé Ramírez Brizuela opinó muy seguro que “es la única forma para terminar con esta violencia y esta pelea. Este flagelo es un tema social asociado con lo delincuencial”.
En el departamento de Amambay, se estima, hay más de mil hectáreas de la cannabis sativa y en la actualidad un poco más del 40 por ciento de la producción total anual, es enviada a la Argentina.
Las miles de hectáreas de marihuana representan unas 10 mil toneladas anuales de producción, fruto de por lo menos dos cosechas. Pero para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), están sembrando escalonadamente para asegurar cosecha todo el año.
Precisamente, la Senad, aconsejó al gobierno optar por el rechazo a la despenalización, tema que será puesto en debate.
Los números
10.000
kilos de marihuana se producen estimativamente en Pedro Juan Caballero, en Paraguay.
40
por ciento de la producción de Paraguay se destina a la Argentina y Misiones es la puerta de entrada.
10.100
millones de dólares destinará Estados Unidos a programas de prevención.
Obama y el fin a la guerra
En un giro sustancial respecto a lo que fue tradicionalmente la política de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, la Casa Blanca presentó en este mes un Plan Nacional sobre Drogas que, por primera vez, convierte en objetivo prioritario el tratamiento y la prevención de la drogadicción como una enfermedad y relega a un segundo plano la detención y condena de los consumidores. Esa estrategia supone la culminación de un cambio iniciado por Barack Obama al llegar al Gobierno, en 2009, cuando se propuso invertir más recursos en ofrecer tratamiento médico a los adictos y menos en su persecución policial.
La Casa Blanca hizo públicos los datos de su inversión en ese ámbito durante la presidencia de Obama: 31.000 millones de dólares en programas de tratamiento y reinserción y 27.000 millones en operaciones policiales. Solo en el año fiscal 2012 se invertirán 10.100 millones de dólares en prevención y 9.400 millones en partidas policiales.
:: Notas relacionadas
»» “Con el autocultivo saldríamos del círculo vicioso de la ilegalidad”
»» Rauber: “No es una despenalización”
»» Los efectos del consumo en la salud integral
»» “Se tienen que cumplir las penas más estrictas”
Paraguay es históricamente uno de los mayores productores de marihuana en la región y principal abastecedor de la sustancia a la Argentina y Chile, con elevados índices de violencia y muertos en la guerra entre narcos, mulas, vendedores y la Policía.
En la Argentina la droga ilegal con mayor consumo y en franco crecimiento año a año, es la marihuana. En la ruta de las drogas, Misiones sigue en la zona roja del tránsito de la cannabis sativa, debido no sólo a una lógica consecuencia geográfica, sino por sus vulnerables fronteras internacionales en el 90 por ciento de su territorio.
El crecimiento del negocio del narcotráfico derivó inevitablemente en que la guerra en Paraguay desembarcara en Misiones. Candelaria, Garupá y Posadas son desde hace dos años, escenarios constantes de persecuciones y tiroteos con heridos de gravedad y en muchos de los casos en escenarios urbanos y con vehículos robados y preparados para llegar al final del circuito ilegal. Los muertos flotando en el río Paraná son las víctimas visibles de los peones caídos en la constante y férrea logística del tráfico internacional.
El subdirector de la división Toxicomanía de la Policía de Misiones, Jorge Salinas, admitió amargamente que en Posadas, como en determinadas localidades de la provincia, el combate diario de la fuerza se ve minimizado ante el evidente poderío de la organización narco.
Contrario al proyecto oficial para la denominada despenalización de las drogas, Salinas asegura a la vez que ante la naturalización de que el consumo de determinadas drogas como la marihuana no debería ser considerada como un delito, se debe a que simplemente “falta decir la verdad, falta información y se habla del tema banalmente”.
“Entonces se debería reformar toda la Ley de Estupefacientes”, advirtió. Y en esa línea está direccionado el proyecto que reforzó el nuevo escenario, el del ahora senador nacional y ultra oficialista Aníbal Fernández, casi como un reflejo al plan presentado por el presidente de los Estados Unidos al Congreso hace menos de dos semanas.
El proyecto oficial
El ex Jefe de Gabinete del Gobierno nacional puso a consideración un proyecto de ley que deroga el vigente texto ordenado de la Ley 23.737, la Ley 26.052 y el artículo 10 de la Ley 24.316, en lo referente a la Ley 23.737, la de Estupefacientes.
“Esta legislación, en general, formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los eslabones más débiles, lo que trajo por consecuencia: un sistema judicial colapsado por causas referidas al consumo y comercio en menor escala, provocando un hacinamiento carcelario sin precedentes en el país; baja perfomance en la investigación de los delitos complejos y esfuerzos aislados en materia de seguridad que no lograron impedir los hechos de público y notorio conocimiento de los últimos años”, fundamenta Fernández.
Según se justifica y se deja sentado como parte de este nuevo camino para con las drogas, que mediante el decreto 1359/09, “se creó la Comisión Nacional Coordinadora de políticas públicas en materia de prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con las misiones de diagnosticar y asesorar en las materias de su competencia”.
De admitir la corrupción en altos escalones estatales, Fernández indica que “el resultado está a la vista: el tráfico de drogas no sólo no ha disminuido sino todo lo contrario, ha aumentado, como han aumentado las plantaciones, los consumidores, al tiempo que disminuye el precio. El resultado de la guerra contra las drogas en la versión impuesta por las políticas estadounidenses a partir de 1971, no puede ser más desalentador. Puede decirse que es la historia de un fracaso anunciado. La función que debe cumplir el derecho penal es preventiva. Tiende a asegurar con su intervención un mínimo de eficacia y, cuando ello no ocurre, cabe adoptar otro tipo de soluciones”.
“Ello es así porque el fracaso del derecho penal produce un efecto negativo en la comunidad, que confía en el mismo derecho penal como herramienta para la solución de los conflictos más intolerables para la convivencia social”.
Entre las consideraciones a tener en cuenta, en el proyecto se exige que las medidas de seguridad, educativas o curativas deben aplicarse por jueces civiles, de familia o menores en los supuestos previstos por la normativa pertinente, no por el juez penal, motivo por el cual se han suprimido en ese documento, en coincidencia con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arriola, el que sin lugar a dudas marcó un precedente en el país.
La nueva ley que espera por su aprobación o no del Poder Ejecutivo, indica que el que tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión y dentro del mismo artículo establece que no es punible la adquisición y tenencia de estupefacientes cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiera que está destinada al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros.
Además, se apunta en otro artículo que el que organice, dirija o administre una red de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional, de estupefacientes será penado con prisión de 8 a 25 años de cárcel, siendo la pena máxima en esta nueva ley de estupefacientes.
En Paraguay, más polémica
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, indicó que el Paraguay no descarta una posible aprobación a la legalidad de ciertos tipos de drogas y el gobierno sentó su postura oficial en la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Colombia.
“El abordaje del tema drogas es general, porque no sólo implica el combate al consumo de drogas, sino también a la pobreza, desigualdad social, crimen organizado, políticas de salud”, dijo el canciller en conferencia de prensa.
El ministro, en el mismo tono autocrítico de la realidad, alertó que “muchas de las tareas represivas a la venta y consumo de las mismas, no representaron el resultado esperado en Paraguay y en varios países de la región”.
Para Lara Castro, la despenalización ayudará a que el gobierno tenga un mayor control sobre las drogas, de acuerdo a la experiencia de otros países.
Dos años atrás, en una entrevista a El Territorio, el gobernador del departamento de Amambay, en la capital de actividad narco, Pedro Juan Caballero, había sentado su postura sobre la liberación, como definió sobre la cannabis sativa.
Por entonces, Juan Bartolomé Ramírez Brizuela opinó muy seguro que “es la única forma para terminar con esta violencia y esta pelea. Este flagelo es un tema social asociado con lo delincuencial”.
En el departamento de Amambay, se estima, hay más de mil hectáreas de la cannabis sativa y en la actualidad un poco más del 40 por ciento de la producción total anual, es enviada a la Argentina.
Las miles de hectáreas de marihuana representan unas 10 mil toneladas anuales de producción, fruto de por lo menos dos cosechas. Pero para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), están sembrando escalonadamente para asegurar cosecha todo el año.
Precisamente, la Senad, aconsejó al gobierno optar por el rechazo a la despenalización, tema que será puesto en debate.
Los números
10.000
kilos de marihuana se producen estimativamente en Pedro Juan Caballero, en Paraguay.
40
por ciento de la producción de Paraguay se destina a la Argentina y Misiones es la puerta de entrada.
10.100
millones de dólares destinará Estados Unidos a programas de prevención.
Obama y el fin a la guerra
En un giro sustancial respecto a lo que fue tradicionalmente la política de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, la Casa Blanca presentó en este mes un Plan Nacional sobre Drogas que, por primera vez, convierte en objetivo prioritario el tratamiento y la prevención de la drogadicción como una enfermedad y relega a un segundo plano la detención y condena de los consumidores. Esa estrategia supone la culminación de un cambio iniciado por Barack Obama al llegar al Gobierno, en 2009, cuando se propuso invertir más recursos en ofrecer tratamiento médico a los adictos y menos en su persecución policial.
La Casa Blanca hizo públicos los datos de su inversión en ese ámbito durante la presidencia de Obama: 31.000 millones de dólares en programas de tratamiento y reinserción y 27.000 millones en operaciones policiales. Solo en el año fiscal 2012 se invertirán 10.100 millones de dólares en prevención y 9.400 millones en partidas policiales.
:: Notas relacionadas
»» “Con el autocultivo saldríamos del círculo vicioso de la ilegalidad”
»» Rauber: “No es una despenalización”
»» Los efectos del consumo en la salud integral
»» “Se tienen que cumplir las penas más estrictas”
Si querés sugerir o corregir algo sobre esta nota hace click acá
Si tenés un dato que puede ser noticia contáctanos acá
