Cada vez se espera más para pagar por servicios

Por estos días, las demoras para pagar servicios en bancos, financieras y agencias de cobro, se extienden en más de una hora en muchos casos. De acuerdo a la ley provincial 4.149 (del 2004), los usuarios no deberían esperar más de 30 minutos para que se reciba su pago.
En 2008, la normativa fue exigida a través del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. En aquel entonces, se obligó a bancos y financieras a establecer medidas para controlar el tiempo de espera y facilitar el cobro. Pero años después las filas desbordantes, que en ocasiones mantienen a clientes fuera de los locales de cobro, se multiplicaron. Al problema también se suman los inconvenientes con el pago de algunos impuestos y tasas, que toman como fecha límite por caso el día 10 de este mes y se superponen con los demás servicios.
Desde la Dirección de Comercio Interior, se había exigido en 2008 a comercios y financieras que instrumenten mecanismos para documentar y constatar de un modo fehaciente el horario en que el consumidor se incorpore a la fila en caja y es realmente atendido. La exigencia permitía que toda persona que quisiera presentar un reclamo cuente con la constancia documentada de su tiempo de espera. Hoy este requisito prácticamente no se cumple, más que por una o dos entidades financieras.
Este mes en particular, con la llegada de dos feriados seguidos (8 y 9 de febrero por carnaval) hubo una mayor atracción hacia los centros de pago por usuarios, que responsablemente quisieron pagar sus deudas en tiempo.
Otra complicación para quienes esperan pagar, es la mayor cantidad de empresas que derivaron el cobro de sus servicios a través de las agencias de cobro o bancos. Así, por ejemplo, algunas cadenas de electrodomésticos no reciben el pago por las ventas realizadas con crédito personal. "Únicamente puedo pagar en la empresa si se me vence el cupón de pago", comentó ayer un contribuyente.
La mayor cantidad de cobros, fue en definitiva también alargando la fila de espera en los centros de cobro.
A las colas para el pago de servicios, se suman también los vencimientos de tributos provinciales (en fechas similares).
Para el abono de impuestos, los contribuyentes detallaron que deben concurrir por caso a la Municipalidad para retirar las boletas. En este sentido, se destaca que algunas provincias como Buenos Aires permiten a sus contribuyentes la impresión directa de los impuestos a pagar.
Por otra parte, desde algunos bancos recomiendan de forma frecuente a sus clientes adherir servicios al débito automático. Esto les permite agilizar la atención en las cajas de sus sucursales. Pero en la provincia, el servicio aún no goza de mucha popularidad y se reconoce que hay una gran cantidad de público que no está bancarizado.
De igual forma, recomiendan con mayor insistencia el uso de las tarjetas de débito, ya que a principios de mes también es alta la concurrencia para buscar efectivo en los cajeros automáticos.

Hacer cumplir la ley
Para Gustavo Tassano, presidente de la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores (Uscom), hay una ley vigente sobre el tiempo de espera que se debe cumplir.
“Aparentemente los controles se volvieron a hacer laxos y vemos que las colas están creciendo no solamente en los bancos, sino también en la Municipalidad, en un montón de lugares. La ley sigue vigente y se debe cumplir, lo que hay que hacer es presentar la denuncia a la Dirección de Comercio para que mande los inspectores para que sancionen a estas empresas o entidades públicas o privadas que no cumplen con la ley”, recordó el abogado.
El profesional recordó que desde las asociaciones de defensa del consumidor hay disconformidad con los fallos de la justicia local, que en general han suavizado las condenas o incumplimientos de grandes empresas. “El poder judicial, sobre todo el local, no está en consonancia con la Ley de Defensa del Consumidor. No se considera que hay que proteger al consumidor, tendría que fallar con ese criterio. Hemos visto que las estadísticas del 2015, de 200 casos que se apelan y en algunos casos se piden multas de 500 mil pesos, la Justicia las baja a 10 mil pesos. Con estos antecedentes a las empresas les conviene incumplir”.