Reabrieron la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez

A poco de cumplirse trece años de la muerte del soldado chaqueño Mauro José Francisco Ramírez (22) en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles, la causa fue reabierta la semana pasada y ahora la nueva investigación del caso quedó en manos del juzgado Federal de Posadas y de un equipo de fiscales generales de la Nación.
Las fuentes consultadas por El Territorio indicaron que para que la causa sea reabierta fue clave la presentación de contundentes elementos que probarían que el soldado fue víctima de violencia institucional.
Cabe recordar que la causa fue cerrada por la Justicia misionera en 2003 y por la Justicia Federal en 2008. Ahora, en primera instancia la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó un fallo a favor de que el caso se investigue como violencia institucional, y posteriormente los fiscales solicitaron la reapertura formal del caso, la cual fue aprobada en las últimas semanas.

En este contexto, la madre de la víctima, Susana Mónica Pintos, expresó en diálogo con este matutino los pormenores del caso y la felicidad que le significó la nueva resolución.
La mujer indicó que la causa ahora será investigada con un equipo de fiscales de distintas jurisdicciones, en conjunto con representantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y el defensor oficial Gabriel Jarque, de Bahía Blanca, a fin de evitar los conflictos que se suscitaron al momento de la pesquisa del hecho que ocurrió el 26 de junio de 2003 en Apóstoles. Además, confirmó que la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata se inhibió del caso.
“Esto es representa una gran felicidad para nosotros después de tanto tiempo de lucha. Ahora vamos por la justicia y la verdad. Esto ahora es una nueva etapa de esperanza y camino hacia la verdad”, señaló Pintos con emoción.
“El tema central para la solicitud primero y luego el desarchivo de la causa fue la violencia institucional. Con todos los elementos presentados por el defensor Jarque y la Procuvin se pudo demostrar que hay fuertes indicios de que mi hijo fue víctima de violencia institucional”, destacó la mujer, al tiempo que adelantó que el 26 de este mes vendrá a Posadas junto a grupo de trabajo del Ministerio de Derechos Humanos de Chaco, de donde es oriunda y actualmente reside.
El equipo de fiscales que estará a cargo de la investigación está formada por el fiscal general de Salta, Carlos Amat, el fiscal general de Posadas, Rubén González Glaría y el fiscal general Miguel Palazzani, titular de la Procuvin.

Irregularidades y falencias
Justamente, una de las solicitudes para la reapertura del expediente fue presentada por González Glaría y Palazzani, quienes consideraron que la investigación realizada en su momento por la Justicia misionera tuvo severas irregularidades y falencias desde el inicio de la pesquisa.
Los fiscales plantearon como primera irregularidad que los trabajos de prevención y resguardo de la escena fueron realizados por integrantes del Ejército, quienes podrían tener responsabilidad en el hecho.
Luego, criticaron el accionar del juez de Instrucción Cuatro de Apóstoles en ese momento, José Antonio Reyes. La falta de un inventario con los objetos personales de la víctima, la ausencia de orden para levantar las huellas sobre el arma que había provocado la muerte de Ramírez o no haber secuestrado el libro de guardia, entre otros documentos que podrían arrojar luz a la causa, son algunas de las faltas observadas por González Glaría y Palazzani, sobre la investigación.
A razón de los fiscales, lo mencionado anteriormente “posibilitó que éstas -por los objetos y documentos- pudieran alterarse durante el lapso que transcurrió hasta que finalmente la Justicia Federal dictó su secuestro. La posible alteración de dichos instrumentos, al día de la fecha no fue investigada”, consignó el portal digital del MPF.
Por último, y quizás el punto más importante, tras analizar las pericias efectuadas por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante la pesquisa del hecho, los fiscales consideraron que “de ningún modo implican descartar la hipótesis del homicidio”.
Esta situación ya fue replicada por El Territorio en 2008, cuando la causa fue archivada y Pintos reclamó que “tras la reconstrucción del hecho, todos los peritos descartaron la teoría del suicidio”.

Entre fallos y apelaciones
Tres meses después de la muerte de Ramírez, la Justicia misionera cerró el caso al considerar que el hecho se trató de un suicidio. Al año siguiente, la Justicia Federal solicitó intervenir y ordenó el apartameniento del juez Reyes, quien rechazó la medida y la situación tuvo que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia, cuyas autoridades en agosto de 2004 fallaron a favor del juzgado federal.
Posteriormente, en abril de 2008, el ex fiscal federal Guillermo Negro, también solicitó el cierre de la investigación por “inexistencia de delito”. Sin embargo, Pintos nunca bajó los brazos y mediante un abogado querellante apeló la resolución.
Ante esto se pronunció luego la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos camaristas entendieron que la causa sí debía archivarse pero no por inexistencia de delito, sino por la imposibilidad de producir nuevas medidas, lo cual fue nuevamente apelado por la querella. 
Además, durante todos esos años en que la causa estuvo en discordia por la intervención de fueros y magistrados, los fiscales consideran que Reyes no remitió de manera inmediata las actuaciones del caso al juzgado Federal.
En este contexto, González Glaría y Palazzini, también plantean que puede haber responsabilidad internacional del Estado argentino ya que “han pasado casi trece años de los hechos y aún restan medidas por producir, en tanto que no se ha profundizado en demostrar el posible homicidio, razón por la cual, en tanto el Estado no ha podido dar una respuesta satisfactoria al reclamo legítimo de la querellante”.
Los fiscales consignaron que “la investigación de características rutinarias, burocráticas y por completo deficiente de los hechos, tal como sucedió con la llevada a cabo por el juez provincial bajo la única hipótesis de un suicidio, acarrea dos consecuencias reprochables: por un lado, la imposibilidad de determinar si Mauro Ramírez fue víctima de un homicidio por parte de funcionarios del Ejército Argentino, y por otro, la privación de verdad y justicia para los familiares”.
En consecuencia a todo esto, los fiscales además de solicitar el desarchivo de la causa, también pidieron nuevas medidas de prueba para reanudar la investigación del caso.