Seguridad Vial ratificó la ilegalidad de los cinemómetros

El director de Seguridad Vial de la provincia, Oscar Espíndola sostuvo ayer que los cinemómetros instalados en Candelaria no están habilitados por la Dirección Nacional de Vialidad.
 Esto vuelve a ratificar lo que desde el año pasado viene advirtiendo el diario El Territorio sobre la ilegalidad de estos radares, como los que funcionan en Candelaria.
Desde Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional afirman que son los encargados de autorizar  el emplazamiento de cinemómetros o equipos controladores de tránsito.

Según informan desde DNV, sus expertos deberán “impartir directrices a seguir observando determinadas cuestiones técnicas y geométricas de la ruta, puesto que las condiciones con las que se diseña la red troncal nacional implican radios máximos, curvas, aditamentos físicos determinados, que sólo los departamentos técnicos del ente pueden establecer”. Cabe destacar que deben tenerse en cuenta los denominados “puntos negros”, que son los lugares donde se detectan accidentes fatales en forma reiterada, condiciones de seguridad que deberán tenerse en cuenta al momento de emplazar los equipos sobre la traza”. Al margen del permiso brindado por la DNV o el Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales, organismo desconcentrado, dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad), la instalación de los equipos también deberá contar con aprobación de otros organismos competentes, como ser la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Encargado éste último de controlar que los equipos estén homologados o que cuenten con la verificación técnica correspondiente en caso de que el equipo tenga más de un año de antigüedad.
Espíndola, ayer en declaraciones a radio República, indicó que recibieron la notificación de que los radares que funcionan en Candelaria no están habilitados y que “el que debe decidir si sacar o no estos radares, es la autoridad de aplicación, Vialidad Nacional”.
También añadió: “Candelaria invoca la autonomía municipal. Nosotros ya hemos mandado notas para que se regularice esta situación al no estar homologados, no se puede pagar la multa que emitan esos radares”, añadió.

Similares posiciones
El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Municipal de Faltas de las provincias del NEA, Guillermo Gutnisky, había indicado a este matutino que la primera homologación de los cinemómetros debe estar avalada por la Dirección Nacional de Vialidad. De lo contrario, no puede ser homologada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A su vez, la misma DNV advierte que  “si no cuenta con la homologación, la multa es nula”, en referencia a los cuestionados usos de fotomultas.
A raíz de las numerosas consultas por fotomultas, como las aplicadas en los municipios misioneros de Candelaria y Garupá, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) habilitó un sistema de consulta para averiguar la legalidad de estos cinemómetros.
De no ser así, las sanciones aplicadas pierden toda validez.
 Una de las irregularidades de las fotomultas es que no contempla el derecho a defensa del supuesto infractor y por ello, los Defensores del Pueblo de todo el país recomiendan no pagar las sanciones y a lo sumo, hacer el descargo correspondiente ante las delegaciones locales encargadas de proteger los derechos ciudadanos.

Sin autorización
"La Dirección Nacional de Vialidad no autorizó la colocación de ningún radar que mida la velocidad de los coches en ningún tramo de las rutas nacionales y por lo tanto, las fotomultas no deben ser pagadas". Así de claro habían indicado desde la Defensoría del Pueblo de la Nación. Dicho de otro modo, al no estar debidamente homologada por la DNV, se consideran ilegales estos radares, como el móvil emplazado en el municipio de Candelaria que sigue funcionando de manera precaria y a plena luz del día, como desafiando a cualquier autoridad de control.
Según abogados especialistas y defensores del Pueblo de todo el país, como el de Posadas, de esta manera pierden validez las fotomultas aplicadas.
Además, aconsejan no pagar las mencionadas sanciones, aunque también se resalta que los ciudadanos argentinos tienen esa cultura pagadora de impuestos o de multas, sobre todo para tener en regla el vehículo.

Aprovecharse de incautos
Manuel F. Keumurdji, jefe del servicio jurídico permanente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), profesional que trabaja con miras a salvaguardar los derechos de los usuarios de la red vial nacional en los casos donde el procedimiento implementado para fiscalizar el tránsito vehicular es ilegal, sostuvo en reiteradas oportunidades, al igual que la doctrina mayoritaria especializada en la materia, que los controles sobre las Rutas Nacionales se deben realizar en los tramos donde se concentran accidentes.
Los lugares donde están emplazados muchos de los cinemómetros, no responden a esta premisa, hecho que demuestra que el objetivo perseguido apunta a aprovecharse de incautos conductores con el único fin de recaudar.
Aclaran además que el artículo 41 de la Ley de procedimientos administrativos dispone que podrá notificarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación.
Esta misma ley estipula en su artículo 44 que toda notificación que se hiciere en contravención de las normas precedentes carecerá de validez. Para considerarse fehaciente la notificación, ésta deberá ser recibida en el domicilio del presunto infractor y ser firmada por alguien allí, a modo de demostrar que se recibió el acta de infracción como corresponde.