Detectaron una posible trama de encubrimiento en el caso Wasyluk

Lunes 2 de mayo de 2016

Se agotan las instancias de apelación, se acerca el juicio y las partes ajustan sus estrategias para afrontar el debate oral y público por el brutal homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), quien el 27 de abril del 2011 fue hallado muerto en una celda de la Seccional Primera de esta localidad.
En total son trece los policías imputados y el voluminoso expediente está caratulado como “tortura seguida de muerte, omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Transcurridos cinco años del violento hecho, las responsabilidades de cada de los acusados estarían bien definidas y todas acarrean duras sanciones por tratarse de funcionarios públicos. Las penas irían desde cadena perpetua hasta la baja de la fuerza, según los cargos que le corresponderán a cada uno.

En ese contexto, fuentes del caso mencionaron que los más complicados son los tres efectivos que trasladaron del detenido desde Villa Bonita a Oberá, la noche del 25 de abril del 2011. Al menos dos de ellos habrían sido quienes le propinaron una terrible paliza que derivó en su muerte.
En tanto, otros dos uniformados que cumplían funciones en la comisaría de Villa Bonita habrían tenido una participación secundaria porque observaron los apremios y no actuaron para impedirlos ni tampoco denunciaron los hechos, como es su obligación.
Finalmente, en un tercer orden de responsabilidades se encuentran siete efectivos de la Seccional Primera de Oberá, más el médico policial que revisó a la víctima en las horas previas a su deceso.
A éstos últimos les cabe la imputación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que no habrían hecho lo suficiente para evitar el fatal desenlace.

Una firma dudosa
Pero en el expediente que ya se encuentra en el Tribunal Penal Uno existe un dato que podría resultar clave en el debate oral y que hasta ahora no tuvo trascendencia, aunque puede derivar en el delito de encubrimiento agravado.
Se trata de un documento sensible a la causa y que podría originar nuevas acusaciones, confiaron en primicia en diálogo con El Territorio.
Ocurre que cada vez que un detenido ingresa a una dependencia policial debe ser notificado por escrito, y en el caso de Wasyluk existirían fundamentos para sospechar de la veracidad del documento que lleva la firma de la víctima.
En este punto entran las figuras del comisario Marcelo Chimiski, actual jefe de la Seccional Primera y quien el 25 de abril del 2011 estaba a cargo de la comisaría de Villa Bonita. También habría dudas sobre el accionar de la oficial Rosa Berley, esposa del imputado Pedro De Mattos, quien habría sido la responsable de notificar el motivo de la detención.
Las sospechas del accionar de los citados surgieron a partir del testimonio de la oficial Roxana Andrea Harasimezuk, también imputada.
“Las dudas en torno a la firma de la notificación por el motivo de detención surgen cuando le llamaron a Harasimezuk desde Villa Bonita para que notifique a Wasyluk en la Primera, pero la oficial no lo hizo porque el detenido estaba irritable. Después la notificación apareció en la comisaría de Villa Bonita. Entonces, si la tenían ellos, por qué solicitaron que lo notifiquen”, se preguntó una alta fuente del caso.
Y agregó: “La oficial Berley habría notificado del motivo de detención y el comisario Chimiski firmó como instructor, por eso en el juicio deberán dar explicaciones”.
Será clave peritar la firma que aparece en la notificación, y si bien Wasyluk está muerto para comprobar su caligrafía, existen muchas contravenciones previas que posibilitarían peritar la autenticidad de la firma, explicaron.

Último recurso
A mediados de abril, la defensa de los siete policías que cumplían funciones en la Seccional Primero solicitó la nulidad del auto de elevación a juicio por consideran que “se hizo una redacción insuficiente del hecho imputado”. Un tecnisismo para dilatar el debate. 
A su vez, la querella respondió el pedido de nulidad de las indagatorias y del auto de elevación a juicio, argumentando que “se ha identificado a cada uno de los imputados, ha reseñado los hechos y ha imputado hechos atribuidos a cada uno de los imputados, indicando en forma clara y concreta la calificación jurídica de los hechos y merito de la prueba”.
Con vistas al juicio, los representantes de la familia Wasyluk solicitaron la citación de 27 testigos, entre ellos una docena de policías y tres médicos. Además, incorporarán otras 17 declaraciones por lectura, entre ellos Chimiski, a quien no se descarta que citen en persona debido a las dudas que surgieron por la validez de la notificación de detención.
Asimismo, en los últimos días surgió un nuevo testigo que dijo ver cuando trasladaban a Wasyluk sobre la carrocería del móvil policial con los uniformados pisando su cuerpo. Esta persona también será citada para prestar declaración en el juicio.
En los próximos días el Tribunal Penal deberá expedirse respecto al pedido de nulidad del auto de elevación a juicio presentada por la defensa. De no prosperar la solicitud se fijaría fecha para el juicio oral y público.

La confesión clave de Rodríguez

Desde un primer momento, los más implicados en la muerte de Wasyluk fueron el sargento Pedro De Mattos, el cabo Carlos Antonio Gómez y el agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de “tortura seguida de muerte”.
Los tres cumplían funciones en la comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima la noche del 25 de abril.
Para la Justicia, fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk. Los tres fueron liberados en mayo del año 2014 luego de abonar una caución de 50 mil pesos cada uno, puesto que estuvieron detenidos tres años, lapso mayor al que estipula la prisión preventiva. Por ello esperan el juicio en libertad, como los demás implicados.
Según consta en el expediente, luego de varios meses detenido, el agente Rodríguez decidió romper el silencio y contó con detalles cómo golpearon a Wasyluk. Reconoció que estaba amenazado por sus propios camaradas y exhibió mensajes de texto que lo avalarían.
Por el mismo hecho están procesados Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En tanto, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.