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después de nueve días de protesta Las dependencias policiales volvieron a funcionar con normalidad

Tras la huelga acuerdan una mesa de diálogo para policías y penitenciarios

Forma parte del acta firmada. Entre los diez puntos se establece un salario mínimo de $4.200 para las dos fuerzas. No habrá sanciones por la revuelta y levantaron antiguas medidas disciplinarias para los efectivos

Viernes 2 de marzo de 2012 |

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Patrullaje. | Los policías de Misiones retomaron a la actividad habitual luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno. | Foto: Marcos Otaño

Posadas.  El conflicto que se desató entre la Policía de Misiones, que reclamaba por mejoras laborales y salariales, y el Gobierno de la Provincia dejó como saldo positivo la creación de un espacio en el que, sin intermediarios de las altas cúpulas, los efectivos policiales de rangos medios y bajos podrán hacer de forma sectorial los reclamos que crean correspondientes ante el Poder Ejecutivo. Esto, porque entre los diez puntos que tiene el acta acuerdo firmado en la madrugada de ayer figura la creación efectiva de una mesa de diálogo y concertación.
Además se fijó un salario mínimo de 4.200 pesos y la incorporación de una suma fija al básico. Por otra parte, se decidió que no habrá represalias contra quienes realizaron la medida de fuerza que durante nueve días tuvo en vilo a la sociedad misionera, y también que se dejará sin efecto la sanción impuesta a un grupo de efectivos en 2010, cuanto intentaron impulsar la sindicalización de la fuerza.

Lo primero es el salario
Pasado el mediodía del miércoles se reunieron, en las oficinas de la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa), los representantes del Gobierno de Misiones con los delegados de los policías que, hasta entonces, permanecían autoacuartelados en el Comando Radioeléctrico de Posadas y en la Jefatura Policial. Cerca de las 2 de la madrugada de ayer, como adelantó ElTerritorio, se logró un acuerdo entre las partes, el cual consta de diez puntos. A las 4, los efectivos de la fuerza depusieron su actitud y volvieron paulatinamente a la actividad, despejando los edificios ocupados.
El punto más importante del acuerdo fue el que fija las condiciones salariales para el personal policial, luego se incorporaron cuestiones referidas a la relación entre el Gobierno y los efectivos de la fuerza, para lo que se gestó un espacio de diálogo. El primer punto del acuerdo se refiere a la recomposición salarial de los uniformados, y en el mismo se estipula un aumento del 30 por ciento para el salario del bolsillo con respecto al haber liquidado a enero de 2012, como remunerativo y bonificable. De ese aumento, 100 pesos se incorporarán al sueldo básico y el resto como adicional. Además se abonarán 300 pesos, no remunerativos, cuyo monto será absorbido luego como sueldo básico, en tres etapas, entre los meses de  mayo, agosto y noviembre.
Esto último será trasladado a los jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.  Con lo cual el sueldo mínimo en la Policía rondará los 4.200 pesos.

Sin sanciones
En el segundo punto se indica que por las medidas adoptadas en los reclamos, ya sea por la ocupación de bienes públicos, vehículos y otros, “los oficiales superiores o cualquier otros funcionarios con poder, no tomarán represalias; tales como sancionar disciplinariamente, dar de baja, retirar, trasladar o disminuir calificación, postergar en los ascensos, cambiar su funciones o perjudicar a un agente, cadete, o aspirante a causa de su participación en la genuina protesta”.
Además, “se deja sin efecto todo acto administrativo, sean estos sumarios o medidas por origen de los hechos referidos. Tampoco se descontarán los días de huelga”.
Además, en el tercer punto del acuerdo, se establece que se deja sin efecto la Disposición Nº 587/10, por la que se pasó a disponibilidad a los efectivos sargento Silvio Medina; al sargento Germán Palavecino; al sargento Ramón Acosta; al cabo primero Jorge Carlos Prospochuk y al oficial subayudante Luis Kusek, y se declare la inmediata reincorporación de los mismos a la fuerza, “desestimando el sumario administrativo y ordenando el archivo de todas las actuaciones y exentos de responsabilidades administrativas”, según lo firmado.

Espacio para dialogar
En el cuarto punto del acta se creó una Mesa Permanente de Diálogo y Concertación, que funcionaría de forma regular y con el objetivo de que en la misma se discutan las condiciones de trabajo y salarios de  los efectivos de la Policía y de los de la Penitenciaría.
También se acordó que el primer punto del análisis de la Mesa de Diálogo será tratar una bonificación por las horas excedentes de las 48 horas semanales. Además se acordó la informatización del sistema de liquidación y movilidad de los haberes.
En el sexto punto se sostiene que en caso de resultar necesario, la Mesa de Diálogo podrá requerir al Poder Ejecutivo la habilitación de un Proyecto de Ley de Declaración de Amnistía General Administrativa, de todos aquellos actos cometidos en el marco de las manifestaciones. Por otra parte, en el séptimo punto se indica que se creará un Sistema de Rescate de Deudas, para descomprimir la situación económica de los policías, debido a la toma de créditos, y que se hará a través del Iplyc.
En el octavo punto los representantes de los policías y penitenciarios deponen todas las medidas de acción directa adoptadas, entregando edificios, dependencias, vehículos y bienes y se comprometen a no tomar medidas de igual naturaleza en lo sucesivo; siempre y cuando el Ejecutivo cumpla con los compromisos acordados. Recíprocamente el Poder Ejecutivo queda sujeto a la condición del cumplimiento a esta cláusula. El noveno punto estipula que el acta será suficiente elemento de prueba para demostrar la inocencia del personal policial involucrado en la protesta, ordenándose la falta de mérito o sobreseimiento en causas judiciales en trámite o a iniciarse. Y en el último punto, se aprobó por mayoría y el acta acuerdo, lo firmaron el ministro de Gobierno, Jorge Franco; el jefe de Policía, Jorge Munaretto y el subjefe Víctor Armando Rutchsman, en señal de ratificación del acuerdo.

De vuelta a la normalidad
El jefe de la Policía de Misiones, comisario general retirado Jorge Munaretto, afirmó que las dependencias policiales volvieron a funcionar con normalidad, luego del acuerdo y el levantamiento de la medida de fuerza, por parte de los efectivos en huelga. “Tanto de recursos humanos como logísticos la situación está normalizada, los móviles están patrullando en todas las Unidades Regionales”, aseguró.
El jefe confirmó que se levantaron las sanciones disciplinarias, tal cual lo establece el acta acuerdo, en tanto que los cinco policías que estaban en situación de disponibilidad por promover la sindicalización del sector serán reincorporados a las filas de la institución próximamente.
Destacó que “desde el principio vimos indicios que esto se iba a solucionar, había gente que ya desde el primer día comenzó dejar la protesta a partir de que el Gobierno dio una propuesta salarial interesantísima”, afirmó.
Según Munaretto, en las negociaciones entre el Gobierno y los delegados policiales primó “la racionalidad y la cordura” y por ello se logró poner fin a la protesta.


La UCR pide el Consejo Salarial
A través de un proyecto de comunicación, el bloque de la Unión Cívica Radical solicitó que “el Poder Ejecutivo, convoque y confiera plena operatividad al Consejo Provincial del Salario Mínimo Vital Móvil Estatal, en el ámbito del Ministerio de Coordinación General de Gabinete, de conformidad con lo establecido por la Ley        N°133 (antes Ley 4133). Ello,  sin perjuicio de la personal intervención del Gobernador de la Provincia (Maurice Closs), con la urgencia y prudencia política que exigen las difíciles circunstancias que deben afrontar los empleados públicos por el notorio y generalizado deterioro del poder adquisitivo de sus salarios y la irregular liquidación de rubros no remunerativos”.
En los argumentos del pedido, se señala que con este espacio de discusión se evitarían, mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, que los reclamos salariales lleguen a la situación de protestas. “El Poder Ejecutivo tiene a su disposición herramientas legales y administrativas para afrontar, con la urgencia y prudencia política que corresponden, esta delicada situación que afecta a miles de familias de misioneros que ya no están dispuestas a ser verdaderos  kelpers en su propia tierra y tienen a la vista el coraje civil de sus compañeros policías que supieron conquistar genuinamente sus reivindicaciones, como lo reconocen los representantes del Gobierno al firmar el acta que instrumenta los contenidos del acuerdo salarial”, sostienen el documento firmado por Luis Pastori, Horacio Spallanzani y Walter Molina.


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