Ampliaron el procesamiento de López por enriquecimiento ilícito

Miércoles 26 de abril de 2017
La mujer de López intentó despegarse de su marido por el inmueble.

El juez federal Daniel Rafecas amplió en el día de ayer el procesamiento por supuesto delito  de enriquecimiento ilícito al detenido ex secretario kirchnerista de Obras Públicas de la Nación, José López, su esposa y dos supuestos testaferros.
Lo informaron ayer fuentes judiciales, quienes precisaron que el magistrado, además, elevó a 225 millones de pesos el embargo trabado contra el ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura de nuestro país.
El juez los procesó porque López y María Amalia Díaz, su mujer, supuestamente adquirieron un departamento en el barrio porteño de Recoleta, en el cual habría vivido una hijastra del ex funcionario.

Pero al parecer lo registraron a nombre de supuestos testaferros, identificados en la investigación como Carlos Gianni y Marco Artemio Marconi, propietarios de “Marketing y Eventos”, dijeron las fuentes judiciales.
El departamento en cuestión es el 13 “B” del edificio ubicado sobre la avenida Las Heras 2.032 de la jurisdicción porteña, donde vivió Mariana Gisel Soules.
En otro departamento, el 10 “B”, de la referida edificación, viven la esposa de López y una hija.
Al declarar en indagatoria, la esposa de López tomó distancia del asunto al señalar: “Desconozco el tema de ese inmueble. Todo eso lo organizó José”.
López está procesado con prisión preventiva por enriquecimiento ilícito por los bolsos que tenía en su poder, con casi 9 millones de dólares, cuando en junio del año pasado fue a esconderlos a un convento de General Rodríguez.
Luego volvió a ser procesado, junto a su esposa y otros dos presuntos testaferros, por una casa de la localidad de Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, donde vivía el matrimonio.
En esa causa también está procesada, por orden de la Cámara, la monja Cecilia Aparicio, conocida como la Hermana Inés, quien recibió a López cuando fue a dejar los bolsos con los dólares al monasterio.

Piden prohibir el uso político de bienes estatales

Diputados macristas presentaron un proyecto de ley para prohibir que funcionarios y autoridades pongan sus nombres o imágenes, así como símbolos o consignas relacionadas y campañas de publicidad oficial, en bienes muebles e inmuebles públicos.
La iniciativa que es impulsada por el diputado Sergio Wisky, junto a Leandro López Koenig y Cornelia Schmidt-Liermann, prevé una multa equivalente al costo de la pauta oficial a pagarse del patrimonio personal de los infractores.
En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que el proyecto surge de “la necesidad de poner límites a los funcionarios que, abusándose del poder que detentan, llevan a cabo campañas, desde y con fondos del Estado con el objeto principal de promocionarse y exaltar su imagen”.