El juez federal Daniel Rafecas amplió en el día de ayer el procesamiento por supuesto delito de enriquecimiento ilícito al detenido ex secretario kirchnerista de Obras Públicas de la Nación, José López, su esposa y dos supuestos testaferros.
Lo informaron ayer fuentes judiciales, quienes precisaron que el magistrado, además, elevó a 225 millones de pesos el embargo trabado contra el ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura de nuestro país.
El juez los procesó porque López y María Amalia Díaz, su mujer, supuestamente adquirieron un departamento en el barrio porteño de Recoleta, en el cual habría vivido una hijastra del ex funcionario.
Piden prohibir el uso político de bienes estatales
Diputados macristas presentaron un proyecto de ley para prohibir que funcionarios y autoridades pongan sus nombres o imágenes, así como símbolos o consignas relacionadas y campañas de publicidad oficial, en bienes muebles e inmuebles públicos.
La iniciativa que es impulsada por el diputado Sergio Wisky, junto a Leandro López Koenig y Cornelia Schmidt-Liermann, prevé una multa equivalente al costo de la pauta oficial a pagarse del patrimonio personal de los infractores.
En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que el proyecto surge de “la necesidad de poner límites a los funcionarios que, abusándose del poder que detentan, llevan a cabo campañas, desde y con fondos del Estado con el objeto principal de promocionarse y exaltar su imagen”.