Estalló la guerra de los toros: las corridas vuelven a dividir a España

Como nunca antes estalló en toda España la discusión sobre qué hacer con uno de los mayores estereotipos de su identidad nacional: las corridas de toros.

El inicio del verano, la estación de la lidia, coincidió con una ofensiva política contra los espectáculos taurinos, impulsada por alcaldes y presidentes regionales de la izquierda que acaban de llegar al poder.

Las medidas varían desde cortar las subvenciones públicas (como anunció la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena) a directamente revocar el permiso para las corridas (La Coruña) o convocar plebiscitos para que la población decida si se prohíben o no (así prevén hacerlo Alicante, Zaragoza y Huesca).

La batalla a los toros no se libra sin resistencia. Los enfrentamientos entre defensores de los derechos del animal y amantes de la tauromaquia levantaron el tono en las últimas semanas.

La tensión se nota más a pequeña escala. En Ciempozuelo, una típica ciudad agrícola del sur madrileño, la discusión se trasladó a las calles cuando la nueva alcaldesa, María Jesús Alonso, de Podemos, anunció que no pondrá "un céntimo" de dinero estatal para subvencionar actividades con toros en las fiestas locales. Implica, en la práctica, una prohibición.

Este año, hay cerca de 12.000 corridas agendadas en pueblos y ciudades.

El martes unas 400 personas se juntaron frente al ayuntamiento a exigir la renuncia de Alonso. Había toreros con sus trajes de luces, pero en las manos portaban, en lugar de la capa, carteles que decían "libertad". Al día siguiente, se movilizaron los abolicionistas. Sus carteles denunciaban: "Asesinos".

La alcaldesa denunció en la Guardia Civil que la habían amenazado de muerte y republicó en Facebook un artículo irónico en el que la acusaban de provocar "otra guerra civil" en España.

"No estoy dispuesta a pagar 100.000 euros para promover el maltrato animal, aunque haya gente que disfrute de eso", advierte Alonso. Ahora analiza convocar un plebiscito, ante el temor de que su decisión desate una crisis política.

En otras ciudades madrileñas como Pinto y San Sebastián de los Reyes, de gran tradición taurina, los jefes municipales aliados de Podemos tuvieron que recular con sus medidas para quitarles fondos a las fiestas.

Carmena y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, comparten el rechazo a las corridas de toros, pero el poder que tienen para frenarlas en Madrid es limitado. La alcaldesa tomó la decisión simbólica de dejar vacío su palco en Las Ventas, la mayor plaza del país, y de quitar los subsidios municipales en vigor. Pero la jurisdicción para legislar en la materia es del gobierno regional, en manos del Partido Popular (PP).

Los conservadores llevan tiempo intentando blindar legalmente la tauromaquia para evitar su prohibición de facto.

"Es una actividad que forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles; una manifestación artística desvinculada de ideologías. Cualquier persona tiene derecho a disfrutar de su cultura en libertad", señala el diputado nacional del PP Juan Manuel Albendea, autor de un proyecto de ley para darles protección a las fiestas taurinas y prohibir agresiones a sus asistentes por parte de grupos animalistas.

La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) anunció que presentará acciones penales contra los políticos que boicotean las corridas, al considerar que se trata de un Bien de Interés Cultural declarado así por el Congreso. Denuncian que sufren acoso y que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.

Pero los delegados de la "nueva política" prometen avanzar. Además de alegar derechos de los animales, consideran a los toros un símbolo de la España conservadora que se proponen combatir.

Las islas Baleares, donde gobiernan socialistas en alianza con una plataforma ecologista, quieren seguir el ejemplo de Cataluña, que prohibió las corridas de toros en su territorio hace cinco años. El Parlamento regional debatirá una propuesta en ese sentido. La semana pasada, el ayuntamiento de la capital, Palma de Mallorca, declaró a la ciudad "antitaurina y libre de maltrato animal".

Sólo por debajo del fútbol
En Alicante, el ayuntamiento anunció que el año próximo no habrá actividad en su plaza de toros y se propone convocar un plebiscito para decidir si la cierra definitivamente.

En la cercana Valencia, el alcalde ecologista Joan Ribó cortó también los fondos para la tauromaquia. Lo mismo pretende hacer el nuevo gobierno autonómico. Varias ciudades de la costa levantina -Gandia, Xàtiva, Dénia- anunciaron que cancelarán los festejos que incluyan maltrato a los toros: corridas, encierros o los famosos "bous a la mar".

Otra polémica de magnitud se suscitó en La Coruña cuando el alcalde Xulio Ferreiro, aliado de Podemos, rescindió el contrato con la empresa organizadora de la feria taurina de agosto.

Este año, hay cerca de 12.000 corridas agendadas en pueblos y ciudades de todo el país. En plena batalla, los toros se mantienen como el espectáculo popular de mayor convocatoria en España después del fútbol.