El protocolo para aborto no punible se aplicaría en 60 días

A casi cinco meses, desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló, sentó jurisprudencia y reconoció el derecho de cualquier mujer a interrumpir un embarazo producto de una violación, con la sola declaración jurada realizada ante el médico, sin la necesidad de contar con una autorización judicial ni denuncia policial, autoridades sanitarias de Misiones aún se encuentran estudiando su aplicación.
En el mismo fallo, el máximo órgano judicial de la Nación llamó a las provincias a elaborar un protocolo de acción que permita operativizar la práctica. En marzo de este año, desde Salud Pública de la provincia aseguraron que dicho documento estaba siendo analizado.
Ayer, en diálogo con El Territorio, Raúl Claramunt, responsable del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, confirmó que el protocolo sigue en estudio, pero que en 60 días ya se aplicaría en todos los hospitales. “Si no hay algunos elementos que se puedan llegar a contraponer o algunas barreras, en menos de dos meses puede llegar a estar habilitado bajo las formalidades legales”, confirmó el funcionario.

Y luego agregó: “Los jefes de servicio lo están analizando estamos esperando las opiniones. En función de eso, una vez que esté aceptado globalmente se pondrá una resolución ministerial o alguna cuestión de legalidad interna dentro del Ministerio”.
Autoridades sanitarias remarcaron que la única manera de asegurar el procedimiento es que el protocolo sea aceptado por cada uno de los servicios. Igualmente, Claramunt aclaró que aunque no exista dicho documento “momentáneamente, los establecimientos están en situación de contener y recibir aquellas solicitudes que se hagan. Se le van a ir dando soluciones sin que este avalado el protocolo”.

 

Sigue en estudio
Luego del fallo de la corte, en los hospitales de Misiones, fueron varios los médicos, que se habían declarado objetores de conciencia para no realizar abortos no punibles, ¿puede esta situación terminar siendo una barrera para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo en los casos contemplados en el Código Penal?
Claramunt contestó: “Podría haber ciertas opiniones individuales, pero lo estipulado por las reglamentaciones generales indica que las instituciones no pueden negarse a menos que no tengan los recursos”.
Es decir, a pesar de la inexistencia del protocolo y siguiendo lo estipulado por el fallo de la Corte, es responsabilidad de las autoridades sanitarias gestionar los servicios de salud de forma que ninguna mujer vea vulnerado su derecho a acceder a un aborto contemplado dentro del marco de la Ley.
Según explicó Claramunt, el anteproyecto del protocolo de Misiones se elaboró en base al fallo de la Corte Suprema y la Guía Técnica de aborto no punible de Nación con el asesoramiento de los abogados de Salud Pública de Misiones.
Igualmente, el médico aclaró que será largo y complejo el camino que recorrerá dicho documento hasta la aprobación final. “Hay cuestiones que van más allá. Se debe tener en cuenta qué lugares, qué requerimientos, qué condiciones, desde la capacidad técnica y operática y la capacidad de recursos humanos para asegurar a la mujer”.

 

Las otras provincias
El 17 de julio el gobierno bonaerense presentó ante la Legislatura provincial el nuevo protocolo para realizar abortos en el sistema de salud por casos de violación, en el marco del fallo dictado en marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A partir del nuevo protocolo, las autoridades aseguraron que toda mujer que fue violada puede pedir la interrupción del embarazo en el sistema de salud sin necesidad de judicializar el caso y que los médicos tienen un plazo no mayor a 10 días para realizar la práctica.
Según un documento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, elaborado en julio de 2012, las provincias que aún no adhirieron a la guía nacional ni tienen protocolo propio son: Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
El caso más polémico ocurrió en Corrientes cuando en diciembre de 2011, un decreto del gobernador la convirtió en una provincia Pro-vida.
Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, Santa Cruz, y ahora Buenos Aires, resolvieron su adhesión a la Guía este año, como Neuquén y Chubut lo habían hecho en 2007 y 2010 respectivamente.
Salta elaboró un protocolo propio, pero a diferencia de lo que establece el fallo, exige una denuncia previa ante un asesor oficial o de menores.
Córdoba y Entre Ríos también tienen protocolos provinciales, pero en el caso de la primera, no se aplica en el territorio por una sentencia judicial en primera instancia favorable a organizaciones religiosas.
También, el mes pasado ya ingresó a la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley referido a atención de abortos no punibles.

 

 

La segunda guía de la OMS

Se estima que se realizan aproximadamente 22 millones de abortos inseguros por año en el mundo, que causan la muerte de 47 mil mujeres y discapacidad en 5 millones de mujeres. Un gran número de estas muertes y discapacidades podría haber sido evitado mediante la provisión legal y segura de abortos, evaluó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En base a esta realidad, el organismo internacional publicó una guía especializada en la atención de abortos, con recomendaciones médicas basadas en evidencia científica, a fin de que los servicios hospitalarios garanticen que la interrupción del embarazo -de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada país- sea una práctica segura y no se ponga en riesgo la vida de las mujeres.
Entre otras pautas, la OMS aconseja que los servicios para realizar los abortos no punibles deben ser de fácil acceso, es decir, “deben estar disponibles en el primer nivel de atención con sistemas de derivación a los niveles de mayor nivel si se requiere”.
Las recomendaciones están contenidas en la publicación ‘Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para sistemas de salud’, y fue realizada en Ginebra por el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS y un equipo internacional de expertos. De aplicación mundial, los destinatarios de la guía son los funcionarios a cargo de la formulación de políticas, los administradores de programas de salud sexual y reproductiva y los equipos médicos prestadores de servicios de aborto.