Pidieron duras penas para acusados de explotación sexual

Una denuncia anónima alertó en 2013 que al menos una docena de chicas, entre ellas misioneras, eran explotadas sexualmente en un prostíbulo de la localidad de Esquina, en Corrientes y más de dos años después, los cinco acusados enfrentan el juicio oral y público en el cual podrían recibir duras penas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Los principales sospechosos son Irma Celina Benítez, alias "Mari" (58),encargada de la whiskería, y Miguel Ángel Obaid (51), sindicado como dueño del local. Sobre ellos pesa el delito de trata de personas doblemente agravado, por ser más de tres víctimas y por la participación de más de tres personas, con fines de explotación sexual consumada aprovechándose de su situación de vulnerabilidad para lograr tal objetivo y por eso, en los alegatos, el Fiscal ante el Tribunal Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

Schaefer también requirió que se lo condene por el mismo monto de pena (ocho años) a Leandro Fabián Quintana (32), el barman de la whiskería, como partícipe primario o necesario para que el delito sea consumado durante al menos, cuatro años.

En la misma sintonía, el actor penal público pidió a los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, que se lo sentencie a Andrés Javier Quintana, de 32 años (cabo de la Policía de Corrientes y custodio del prostíbulo), a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva, al sindicarlo como partícipe secundario y por otro lado, solicitó la absolución por falta de pruebas de Raúl Horacio Igoa (hijo de Mari).

Copas, pases y sexo
La causa se inició a raíz del alerta de un desconocido, que vía telefónica indicó a Gendarmería Nacional el punto exacto de la ruta nacional 12 donde se ubicaba la whiskería, en el acceso a la localidad de Esquina.

Luego de muchos días de vigilancia encubierta e intervenciones bajo la identidad de falsos clientes, la fuerza federal entró en acción y rescató a ocho víctimas de las cuales siete eran mujeres y una chica trans. De ellas, cuatro eran misioneras oriundas de las localidades de El Soberbio, San Vicente (dos) y Bernardo de Irigoyen; dos eran de nacionalidad brasileña, una dominicana y otra de la ciudad de Mercedes.

En su alegato ante el Tribunal, el representante del Ministerio Público Fiscal describió que de acuerdo a las pruebas colectadas durante la investigación, Irma Benítez era quien explotaba ese comercio: controlaba el dinero y los valores de toda la actividad, como las copas, los pases y las salidas de las victimas con clientes hacia las cabañas que tenía el predio.

Según manifestó, la imputada utilizaba a una amiga o a un tercero que recorría barrios humildes de Corrientes y Misiones para captar a las víctimas. Les ofrecía trabajo digno, buen sueldo y un techo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las mujeres. "Benítez viajaba a buscarlas cuando las victimas estaban casi convencidas, les terminaba de convencer con engaños y hasta les pagaba los pasajes de parada de esta manera generarles una deuda a las víctimas que a la postre ya sufrieron anteriormente violencia de género y familiar, y padecían desarraigo" explico Schaefer.

En ese punto afirmó que son personas que no reconocen sus derechos, y su libertad física estaba limitada. "Benítez era quien pagaba al policía que custodiaba la entrada y esto generaba un control y temor en las víctimas, que dependían económicamente de la imputada" aseveró.

El dueño
En relación a Obaid, el fiscal recordó que el llamado anónimo denotaba que éste era propietario del lugar. Para Schaefer, era quien se encargaba de hacer contacto con los clientes prostituyentes para que tengan relaciones sexuales con las víctimas.

"Tenía conocimiento, acceso y la explotación sexual también dependía de él. Acompañaba y era coautor en base a la intervención telefónica de su celular. Obaid no podía desconocer la actividad sobre todo por su condición de abogado", afirmó.

En tanto, al referirse al barman Quintana, el titular de la acción penal aseguró que éste controlaba que la explotación sexual se consumara. "Tenía un rol esencial, al ocuparse de registrar los pases con los clientes prostituyentes en un cuaderno, y los porcentajes de las copas. Regenteaba la vida de las víctimas y el negocio" concluyó.

Por otra parte, el cabo Andrés Javier Quintana recibió una acusación menos grave que los tres anteriores. "Él hizo una cooperación dolosa, su participación fue accidental. Esa noche estuvo garantizando que funcionara la whiskería, por lo tanto formó parte del delito" expresó Schaefer. El fiscal remarcó la falta de compromiso de Quintana como funcionario policial y servidor público: "No hizo denuncia de la actividad, ni siquiera puso en conocimiento a sus superiores que en ese local se estaban cometiendo delitos".

La continuidad del debate sera esta semana, con los alegatos de los tres abogados que defienden a los acusados. Fuentes judiciales estiman que serán largas jornadas previo al veredicto final de los jueces, que podría conocerse antes del fin de semana.