Casals fue condenado a 4 años de prisión por falsificar documentos

“No tengo nada para decir, porque no hice nada”, fueron las últimas palabras de Emilio Washington Casals (49) ayer, antes de ser condenado a cuatro años de prisión por el delito de “falsificación de documentos públicos”, en la causa que se inició tras la denominada Tragedia de Rancho Quemado, en la que murieron ocho jubilados del IPS en el despiste de un micro de su propiedad con el que realizaba viajes clandestinos al Brasil.

La sentencia fue impuesta ayer, minutos después del mediodía, por el Tribunal presidido por la jueza Norma Lampugnani y acompañada por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi.

De acuerdo al fallo consignado por los magistrados, Casals seguirá en libertad hasta que la sentencia quede totalmente firme tras la revisión del Superior Tribunal de Justicia. De concretarse este paso, el condenado deberá cumplir su condena en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria.

Previo a la sentencia, fue el tiempo de los correspondientes alegatos de la representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Vivian Barbosa y de la defensora legal del acusado, la letrada Susana Criado.

En este contexto, la fiscal comenzó su alegato de más de media hora, explicando y argumentando el carácter de “documento público” que constituyen tanto el permiso de viaje ocasional en circuito cerrado -formulario 06- y la lista de pasajeros, ambos emitidos por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para la habilitación de viajes con turistas al exterior.

Dicha documental representa la mayor prueba del delito cometido por Casals, ya que los mismos, según lo instruido en la causa, fueron demostrados como falsos, con datos, sellos y firmas apócrifas.

“Ambos son falsos. Sobre el formulario 06 presentado se realizó una pericia documentológica, donde resulta que tanto el soporte como el contenido son absolutamente falsos. El formato no es igual al original y los sellos también son falsos, igual que el sello de la delegada de la CNRT. Y la firma tampoco se corresponde con quien se pretendía atribuirse, Valeria Reyes Grandes”, se explayó Barbosa.

Posteriormente, la fiscal explicó que el permiso utilizado por Casals el 13 de abril de 2009 -cuando salió del país con el contingente de jubilados- corresponde a una autorización otorgada a la empresa El Águila.

Además, también quedó demostrado que el código permisionario consignado en el trámite le pertenece a un empresario de la región patagónica y por último, que la razón social completada bajo el nombre de Emilio W. Casals también está fuera de la ley ya que él no estaba registrado en la CNRT.

Incluso, luego del accidente también salió a la luz, gracias a un informe de la misma comisión, que el colectivo de Casals había sido dado de baja en 2007.

Antes de solicitar la pena de cinco años de prisión, Barbosa indicó que “se ha vulnerado la fe pública en cada una de las presentaciones. Porque conforme con lo que establece la CNRT esta documentación era obligatoria. Aquí se ha lesionado un bien jurídico de extremo valor, que es la vida de las personas. Esta conducta irresponsable y fuera de la ley ha lesionado la fe pública y ha lesionado la vida de las personas”.

Un factor que agravaba la situación de Casals era, siempre según lo expuesto por la parte acusatoria, su conocimiento sobre las reglamentaciones del transporte y las reiteradas veces en las que viajó clandestinamente, ya que también se comprobó que antes del siniestro el imputado había efectuado otros cuatro viajes cruzando la frontera con papeles truchos.

“La culpabilidad es el máximo en esta oportunidad, la fiscalía ha de considerar que la conducta del hoy enjuiciado es más peligrosa que lo habitual, porque tenía conocimientos de lo que estaba haciendo. Sabía que es una actividad riesgosa, sabía que está regulado y controlado al extremo y a pesar de ello puso todo en vilo”, alegó.

“El cruce fue de favor”
Posteriormente, el turno de alegar fue para la defensora del imputado, quien optó por desacreditar el carácter de “documento público” de la fotocopia del trámite por el cual se inició la investigación en 2010 y por consiguiente plantear la faltante de un “cuerpo del delito”.

Dicho documento se trata de una copia del formulario 06 que el imputado dejó en el puerto Paso de la Barca de San Javier, antes de que su micro cruzara al Brasil con el chofer Daniel Meza al mando.

En su caso, Criado solicitó la absolución de su defendido, al responsabilizar del hecho a los efectivos de la Prefectura Nacional Argentina que prestaban servicio en ese entonces en el puerto.

"Esto que mandó la PNA -por el formulario-, que es una fotocopia, se peritó. Si mi cliente hubiera presentado esto, como dicen que lo hizo, no hubiera podido cruzar y no estaríamos debatiendo esto ahora”, sostuvo.

Por último, Criado se animó a plantear una hipótesis que explicaría el ilegal cruce del micro perteneciente a Casals hacia el territorio brasileño.

“La Prefectura lo conocía de hace 30 años, eran amigos. Lejos de controlar, le hicieron pasar ésta y quizás las otras veces. Por lo menos, es un pecado, una inmoralidad, porque con esto no hubiera podido cruzar. No tenemos nada. La Prefectura cuando se vio apretada envió esto. ¿Porqué no mandó en casos anteriores?, porque no hubo muertos. Pero tuvieron que sacar de la galera esto. Insisto, el cruce fue de favor. Nada más. No tenemos cuerpo del delito. Esto no es documento público”, culminó mientras su defendido asentía con la cabeza, único gesto que realizó durante las tres jornadas del juicio.

"Él sigue libre, trabajando”
Finalizado el debate y con la sentencia consumada, los familiares de las víctimas de la tragedia mostraron evidencias de disconformidad.

“En principio estamos satisfechos porque la sentencia fue condenatoria. Yo particularmente quería la pena máxima”, dijo Nuni Ferreira, hija de Tina Farina, fallecida en el accidente.

Además, se expresó en torno a la libertad temporaria del imputado. “El sigue libre, circulando, trabajando y prestando servicios”, denunció la mujer.