Marijuan viajó al sur para allanamientos en propiedades de Báez

El fiscal Guillermo Marijuan regresa a Santa Cruz esta semana para realizar nuevos allanamientos y tasaciones en la causa de "la ruta del dinero K", en la que está acusado y detenido el empresario Lázaro Báez y está imputada la expresidenta Cristina Kirchner.

Fuentes cercanas a la investigación dejaron trascender que esta vez el operativo sería mayor y en varias localidades de esta provincia para determinar si existen otras propiedades del empresario que aún no están registradas. Se hablan de 160 nuevas propiedades.

Durante abril, las fuerzas federales trabajaron en las ciudades de Río Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre y Río Turbio, y también realizaron constataciones y tasaciones en la zona de El Chaltén.

De acuerdo a datos oficiales, hasta entonces Lázaro Báez tenía 212 propiedades en Santa Cruz, pero luego se detectaron otras en la provincias de Chubut (al menos 26) y Tierra del Fuego (al menos 10).

En los anteriores operativos se incautaron también 15 automóviles de alta gama y 90 mil dólares pertenecientes a Lázaro Báez.

El contrato de Báez y Máximo
Además de los inminentes allanamientos, se conoció ayer un contrato del 2011 que lleva la firma del diputado e hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, en el que le "alquila" uno de los hoteles familiares a una de las firmas de Lázaro Báez.

El documento de 5 páginas, publicado por el diario Clarín, es el contrato de alquiler de uno de los hoteles de la familia Kirchner, la “Hostería Las Dunas”, por el que Báez pagó $2.126.064, solo por un año de administración de ese emprendimiento. La cifra corresponde al período que empezó el 1º de marzo del 2011 y terminó el 28 de febrero del 2012.

El acuerdo fue firmado el 17 de mayo del 2011 por el representante de la sucesión de Néstor Kirchner, el hijo mayor del expresidente, Máximo. Los nuevos inquilinos fueron los Báez, a través de una de sus sociedades, Valle Mitre. Quien firmó el contrato en su representación fue Adrián Berni.

Báez hoy está preso y procesado por lavado de dinero. Cristina Kirchner está imputada en el mismo expediente. La hipótesis de la Justicia es que ella continuó el legado de su esposo en lo referido a la economía privada familiar. El sistema habría consistido en aumentar su patrimonio privado gracias a negocios generados con contratistas del Estado a los que beneficiaban obras públicas.

Estos “socios” encubiertos del exmatrimonio presidencial podrían haber “inflado” sus ganancias con sobreprecios y facturaciones truchas. Esas posibles operaciones ilegales son investigadas por la Justicia en distintos expedientes.

Se la juega con una carta a la Cámara

La sorpresiva presentación que hizo su hijo Leandro Báez en la Justicia provocó el cambio de estrategia de Lázaro. Hasta ese momento, el empresario solo había presentado escritos ante la Justicia, pero ahora le escribió una carta a la Sala II de la Cámara Federal para pedirle una audiencia.

Se trata del tribunal que debe resolver sobre el pedido de recusación al juez federal Sebastián Casanello, que rechazó el planteo que hizo el hijo de Báez para apartarlo de la causa de "la ruta del dinero K". El joven trató de remover al magistrado por supuesta parcialidad a raíz de "la relación que el juez tendría" con la expresidenta Cristina Kirchner.

En caso de que se realizara la audiencia el empresario K presentaría documentos que demostrarían los presuntos vínculos del juez con allegados a Cristina o con ella misma, de acuerdo al diario Clarín. La movida del hijo de Báez habría acelerado los tiempos para que el empresario detenido cambiara de estrategia ante la Justicia.

El pedido de Báez se basa en el artículo 454 del Código Procesal Penal. El artículo establece que si un juez rechaza una recusación en su contra el imputado puede pedir una audiencia al tribunal de segunda instancia, reunión que debería realizarse de cinco a treinta días después de aprobada.

Las sospechas de Lázaro
En línea con lo manifestado por Leandro Báez, el empresario K cree que -por orden de Cristina- el juez hizo un "cerco judicial" alrededor de él para no avanzar ni sobre la expresidenta ni sobre los funcionarios que participaron del reparto de obra pública en Santa Cruz, por la que se habrían pagado fuertes sobreprecios durante el kirchnerismo.

La Sala II de la Cámara Federal está integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah y fue muy crítica con la labor de Casanello en la causa. El tribunal le había ordenado al magistrado ampliar la investigación por lavado de dinero, mucho más allá de los cinco millones de dólares que se habrían manipulado en "La Rosadita".

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