Fiscales de Misiones preocupados por el aumento del narcotráfico

Es creciente la preocupación en la Justicia de Misiones por el aumento desproporcionado del narcotráfico. Tal es así, que fiscales de toda la provincia observaron además del ingreso de marihuana, como “preocupante el hallazgo durante el último año de varios cargamentos de clorhidrato de cocaína o de pasta base”. Señalaron un nuevo sistema de fraccionamiento, donde un grupo compra el estupefaciente; otro, se encarga de cruzarlo a través del río; otro, lo almacena y acondiciona; y se encarga de transportarlo”. Por ello, proponen la recolección de información económico-patrimonial e intervención de líneas telefónicas para detectar los distintos estamentos de las organizaciones delictivas. A esto se suma el reclamo por la falta de infraestructura y de unidades carcelarias para albergar a los detenidos. Todo lo previo, fue planteado por fiscales de Misiones a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Se desprende del informe anual presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Posadas, elevado a su vez, al Congreso de la Nación por Gils Carbó.

 

Rubén Ángel González Glaría, fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien también se encuentra subrogando la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Oberá interinamente, expresó que la problemática del narcotráfico “continúa incrementándose en relación al número y cantidad de estupefacientes incautados y que además, adoptan nuevas modalidades para evitar la actividad de prevención y represión que llevamos adelante entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.”

 

“Toda la provincia se caracteriza por sus amplias fronteras internacionales, donde se verifican constantes tentativas de contrabando de marihuana desde el Paraguay, utilizando para tal fin los más diversos medios de transporte, terrestre, fluvial y aéreo”, explicó el letrado, y especificó que sólo en la Fiscalía de Oberá, el año pasado se incineraron aproximadamente trece toneladas de cannabis sativa.

 

Preocupación
En esa línea, la titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Posadas, Viviana Barbosa, indicó que “esta actividad delictiva ha ido aumentando en la zona Centro de la provincia. La región limita en un 90% con fronteras extranjeras, tanto del Paraguay como del Brasil, circunstancia que hace propicia la actividad delictiva”.

 

De la misma manera, Liliam Edith Delgado, Fiscal de Primera Instancia de Eldorado, indicó que una de las problemáticas con mayor injerencia viene de la mano del contrabando de estupefacientes, y le siguen en una modalidad más organizada el contrabando documentado. Ello, ya que bajo la jurisdicción de Eldorado se encuentran ubicadas dos aduanas que juegan un papel importante en el comercio internacional con Brasil (Bernardo de Irigoyen e Iguazú).

 

Sobre esto, González Glaría reconoció que las nuevas estructuras delictivas están más organizadas, ya que dividen las grandes cargas de estupefacientes en varias de menor cantidad, para facilitar su ocultamiento; y los grupos se reparten las tareas ilícitas: “Un grupo compra el estupefaciente; otro grupo se encarga de cruzarlo a través del río; otro grupo lo almacena y acondiciona; y otro grupo se encarga de transportarlo”, lo que dificulta las tareas de investigación.

 

En ese orden de ideas, para este fiscal resulta particularmente preocupante el hallazgo durante el último año de varios cargamentos de clorhidrato de cocaína o de su pasta base, que también ingresan desde Paraguay con destino local y a otros países.

 

“Esta clase de droga resultaba infrecuente en años anteriores y se estima que por el refuerzo de los controles existentes en el norte del país, la misma es ingresada desde Bolivia hacia el Paraguay y de allí procuran ingresarla por esta frontera que, como dije, presenta incontables posibilidades a través de pasos no habilitados”, señaló.

 

Lucha activa

Para contrarrestar estas nuevas modalidades delictivas, la Fiscalía Federal intensificó el intercambio de información con las demás dependencias del Ministerio Público y se celebraron numerosas reuniones, a efectos de coordinar investigaciones con las fuerzas de seguridad.

 

Se procura (a través de pesquisas reservadas, recolección de información económico-patrimonial e intervención de líneas telefónicas) revelar los distintos estamentos de las organizaciones delictivas e identificar a sus miembros y funciones.

 

Según explicaron los fiscales, “la intervención de comunicaciones telefónicas se erige como un medio trascendental para la investigación, pero genera complicaciones la facilidad con que se puede acceder actualmente a una línea celular sin registrar fehacientemente los datos del adquirente”.

 

Por ello, González Glaría especificó que “es importante reglamentar a través de las disposiciones pertinentes, el acceso a las líneas de telefonía celular que constituyen hoy una herramienta frecuente en la comisión de delitos. De la misma manera, profundizar la capacitación en investigación criminalística del personal del Ministerio Público Fiscal y generar un documento que resuma los medios humanos, técnicos y científicos con que cuenta cada fuerza de seguridad”.

 

Nuevas cárceles
En otro orden, el fiscal González Glaría instó a la creación de nuevas cárceles federales y ampliación de la existente en la localidad de Candelaria (Colonia Penal U-17).

 

El fiscal aclaró que “nuestra jurisdicción cuenta actualmente con una Colonia Penal que se encuentra saturada en cuanto a su capacidad de alojamiento.

 

Ello obliga a que actualmente existan detenidos en dependencias de las Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y comisarías de la Policía de la provincia, lugares que no son aptos para alojar detenidos pues, además de encontrarse también sobrepasados en su límite, no poseen dimensiones, luminosidad ni régimen de encierro alguno”

 

En consecuencia, y ante el aumento de delitos y el consecuente incremento de procesados y condenados, el letrado indicó que resulta menester requerir a las autoridades pertinentes la ampliación de la capacidad de la Unidad Penal existente y la creación de unidades penales que permitan alojar mujeres y menores en la condiciones apropiadas.

 

Recursos humanos

Asimismo, González Glaría, reiteró el pedido de “estructurar a este Ministerio Público Fiscal con los recursos humanos necesarios, no sólo en su número sino también en inversiones necesarias para que las investigaciones lleguen a fin en tiempo y forma, con personal calificado, en las materias que nos competen”.

 

El fiscal destacó que es importante hacer hincapié en esta cuestión, sobre todo en la fiscalía que subroga (Oberá) y teniendo en cuenta la habilitación del Juzgado Federal de Iguazú y en trámite un nuevo juzgado Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social para la ciudad de Posadas.

 

A su vez, de acuerdo a lo expuesto por la fiscal Delgado, en Eldorado hay un gran atraso debido a que el juzgado jurisdiccional se encuentra a cargo de un juez subrogante desde hace cinco años, que reside y ejerce su magistratura titular a 200 kilómetros de la Fiscalía.

 

“El balance se presenta como desalentador, rescatándose el esfuerzo del escasísimo plantel con que cuenta esta Fiscalía Federal de Fuero Universal, con una sola Secretaría para el volumen de trabajo que se delega a esta instancia”, adujo.

 

Por su parte, González Glaría indicó que “los recursos deben ser distribuidos en forma uniforme, y no con la vara que se medía a inicios del siglo pasado, donde los juzgados y sus titulares realizaban todas las actividades, y el Ministerio Público Fiscal era un invitado al proceso”. Y agregó: “Todavía existe mucha resistencia a entregar la investigación a los fiscales”.

 

Piden modificar las competencias territoriales
Según el fiscal González Glaría “la jurisdicción federal actual en Misiones, es notoriamente desproporcionada territorial, poblacional y en la configuración de los delitos, ya que es la zona caliente por excelencia, en tanto que abarca desde la costa del río Paraná hasta el río Uruguay, que se traduce en una sobrecarga funcional en la Jurisdicción de Oberá”. Por eso, indicó necesario la modificación de la competencia territorial, reasignándose al Departamento de San Ignacio a la Jurisdicción Posadas y el Departamento Libertador General San Martín a la jurisdicción de Eldorado.

 

Por otro lado cabe destacar que, durante el último año, han aumentado considerablemente  el número de causas cuya instrucción el Juzgado Federal de Posadas ha delegado a la Fiscalía Federal. “Nos han conferido la responsabilidad de investigar causas de gran trascendencia y complejidad que insumen un gran esfuerzo por parte de todo el personal cuyo número es notoriamente inferior al que posee el Poder Judicial”, sostuvo.

 

La observación de la Procuraduría
Las condiciones en que se encuentran los escuadrones de la Gendarmería Nacional N°11, de San Ignacio; N°50, de Posadas; N°10, de Eldorado y N°13, de Puerto Iguazú, formó parte de un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional.

 

El titular de esa dependencia, Abel Córdoba, sostuvo que “todos los lugares son lúgubres, inhóspitos, carecían de ventilación, de iluminación y la vida allí es muy difícil”. Fue en un trabajo publicado el 11 de noviembre del año pasado y fue elaborado por funcionarios del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, entre ellos, Córdoba.

 

“La permanencia en aquellos espacios es opresiva e irrespirable”, sostuvieron, al tiempo que remarcaron los “grandes índices de hacinamiento, falta de higiene y ventilación” como “algunas de las fallas detectadas que atentan contra el trato digno a los reclusos”, muchos de los cuales “llevaban detenidos más de ocho meses”. Las inspecciones a esas dependencias fueron desarrolladas entre el 25 y el 26 de septiembre del 2014.