El gobierno y los fondos buitres frente a frente ante la Corte

El secretario de Finanzas de la Nación, Pablo López, y el secretario Legal y Administrativo de la Nación, Federico Thea, encabezarán la delegación argentina que participará de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Estados Unidos para abordar el fallo de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero por parte de un fondo buitre.

En la audiencia, que comenzará a las 10 hora local (las 11 en Argentina), el gobierno de Estados Unidos -a través del procurador general adjunto, Edwin Kneedler,- explicitará nuevamente su posición contraria al pronunciamiento de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero. El país estará representado en el caso, oficialmente denominado como "Argentina versus NML Capital" o "discovery mundial", por Jonathan Blackman, el letrado del estudio de abogados Cleary & Gottlieb que lleva adelante la causa ante los tribunales estadounidenses.

Además de López y Thea, la delegación argentina también estará integrada por el Matías Isasa, de la Unidad de Reestructuración de Deuda; la embajadora Cecilia Nahón; y el representante ante el FMI, Sergio Chodos.

El caso sobre el "discovery mundial", conforma una parte del litigio que Argentina mantiene con el siete por ciento de los tenedores de bonos que optaron por no ingresar a los dos canjes de dueda de 2005 y 2010. Esta es una causa paralela a la principal disputa que el país mantiene con los holdouts, que se centra en la interpretación dada por las cortes de Nueva York a la cláusula pari passu.

Las órdenes dictaminadas por el juez Griesa y ratificadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Gran Manzana, pueden llegar a impedir que Argentina cumpla con el pago de sus compromisos a los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. La justicia neoyorquina dictaminó que Argentina le debe pagar alrededor de 1.300 millones de dólares a los holdouts y este escenario podría dejar al país frente a un default técnico ante la potencial incapacidad de hacer frente al pago comprometido con los bonistas.

En la causa que motiva la audiencia, el Departamento de Justicia de EEUU, a través del fiscal General, Donald Varrilli, presentó ya dos "amicus curiae" (amigos de la Corte) apoyando la posición de Argentina, en las que hacen foco en que las decisiones del juez Thomas Griesa violan la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos.

En diciembre de 2013, Varrilli indicó que el fallo de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero por parte de un fondo buitre es "erróneo" y previno que la resolución "plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos". En marzo de este año, el fiscal General reafirmó en un segundo texto el "interés sustancial" de Estados Unidos "en la correcta interpretación y aplicación" de la Ley de Inmunidad (FSIA, según sus siglas en inglés).