Destacan incremento de la inversión de las provincias en educación

Las provincias han incrementado en los últimos años la disposición de sus  recursos económicos destinados al sector educativo.
Especialistas determinan que “el Gobierno nacional concentra más de la mitad del gasto público que se realiza en el país, mientras que las provincias ejecutan cerca de 40 por ciento y los municipios menos del 10 por ciento. En el área educativa, en cambio, desde la descentralización definitiva de los establecimientos educativos en 1992, se da la situación opuesta: la inversión está concentrada mayormente en las provincias. El Gobierno nacional financia cerca del 32 por ciento de la inversión educativa y más de la mitad de estos recursos se destinan al sistema universitario. Por su parte, los municipios hacen un aporte marginal”.
Misiones no escapa a esa regla, ya que días pasados el gobernador Maurice Closs destacó que “de cada diez pesos, cuatro son destinados a la educación. Se demuestra que la educación es uno de los pilares del Gobierno de Misiones, siendo una de las jurisdicciones a la que mayor cantidad de fondos se le asigna”.

En su discurso en la inauguración de la Escuela Nº 59 de Garupá, edificio que demandó una inversión de ocho millones de pesos, el primer mandatario misionero destacó que “constantemente están en construcción 40 escuelas. Es una política muy puntual y muy dirigida a una necesidad que está en todos los pueblos”.
Bajo el título “Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo. Cuarto informe anual 2010”, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), se provee de un pormenorizado estudio sobre las particularidades del sector educativo argentino disgregado por provincias. El trabajo se inscribe dentro del Programa de Educación, Área de Desarrollo Social, y fue dado a conocer a fines de febrero, bajo la coordinación de Axel Rivas y el trabajo de Alejandro Vera, junto a Pablo Bezem.
En la introducción de la investigación se explica que “la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 (LFE) de 2005, culminó su implementación en 2010. Luego de cinco años de vigencia, el período previsto para sus objetivos de inversión y metas educativas llegó a su fin. El análisis del cumplimiento de esos objetivos y el balance de los resultados de la Ley constituyen un insumo necesario para debatir el futuro del financiamiento de la educación en la Argentina. El informe aspira a ser un aporte para esa discusión”.

 

Descentralización
Mientras que en relación al financiamiento educativo, se precisa que “la descentralización educativa que terminó de definirse con la transferencia de escuelas nacionales a las provincias a principios de la década de los noventa, configuró el esquema de financiamiento actual, que depende mayormente de las provincias. Estas aportan en conjunto más del 70% de la inversión educativa consolidada. Las provincias destinan la mayor parte de sus recursos a financiar la estructura del sistema, principalmente salarios docentes, ya que el sistema educativo requiere  trabajo intensivo. En conjunto, los gobiernos sub-nacionales destinan 92% de su presupuesto al pago de salarios, incluyendo las transferencias al sector privado, que se utilizan para pagar un porcentaje del salario docente y que alcanzan 13% del total de los presupuestos. Esta composición del gasto en las provincias se ha mantenido relativamente constante desde la sanción de la LFE”.
Se agrega que “el cumplimiento de la Ley implica un crecimiento inédito en la inversión educativa en la Argentina. Durante los últimos cinco años el esfuerzo conjunto del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitieron al país realizar una inversión pública en Educación, Ciencia y Tecnología superior al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Este objetivo había sido un largo anhelo del sector educativo argentino”.

 

Inconvenientes
Sin embargo, “también existen algunas señales de alerta que deben ser consideradas. El notable crecimiento de la inversión educativa esconde algunos problemas respecto de la conformación de esta inversión. Algunas jurisdicciones no han logrado cumplir con los objetivos previstos en uno o más años de implementación de la LFE. Esto significa que el cumplimiento global se ha logrado por el mayor esfuerzo de otras jurisdicciones. Estas situaciones deben revisarse porque pueden debilitar la sostenibilidad futura de la inversión en el sector”. 
Un segundo problema “de estrecha relación con el primero, es la persistencia de profundas desigualdades de inversión en el contexto del federalismo argentino. El crecimiento de los recursos no ha logrado modificar los desiguales niveles de inversión educativa entre provincias, que cada año se manifiestan cuando se analiza la inversión por alumno en distintas jurisdicciones o regiones del país. Estas desigualdades tienen, desde ya, un impacto directo en otras dimensiones relevantes de la Educación, como la oferta, los docentes o los propios resultados educativos”.
La LFE no sólo estableció objetivos financieros, sino que también previó un conjunto de objetivos educativos. “La inclusión de este segundo grupo de objetivos significó una gran virtud de la Ley, ya que presentaba un destino y ciertas prioridades para la inversión. El éxito en alcanzar las metas educativas no ha tenido la contundencia de la dimensión financiera, aunque se han logrado avances importantes en algunos aspectos del sistema educativo, como la cobertura (especialmente en nivel inicial), la recomposición salarial del sector docente, la educación técnica, la incorporación de las TIC´s y la extensión de la duración de la formación docente. Queda pendiente la meta de extensión de la jornada escolar para los sectores más pobres, una política de esencia redistributiva que todavía no se ha consolidado”.
“El 2011 se inicia sin una norma que regule la inversión educativa. Existen instrumentos que se han creado y mejorado en estos años, como los convenios bilaterales y la paritaria docente nacional Pero no se tiene un instrumento marco que establezca responsabilidades de cada nivel de gobierno y de cada jurisdicción provincial en el financiamiento de la educación, como tampoco las metas anuales de inversión”, finaliza el escrito.

 

 

Cuestionan la ley de riesgo laboral

 

POSADAS. La presidente de la Cámara del Trabajo, Estela Milagros Ferreirós, dijo de la ley de riesgo laboral que “prácticamente en la mayoría de sus artículos se viola la Constitución Nacional”. Ferreirós hizo un análisis de la legislación que existe respecto de los accidentes y problemas que puedan surgir y ocurrir en el ámbito laboral.
Ferreirós considera que “la Ley de Riesgos del Trabajo fue un error terrible en la Argentina. Es una ley absolutamente inconstitucional, yo diría que prácticamente en la mayoría de sus artículos se viola la Constitución”, dijo en declaraciones a Diariojudicial.com.
En la entrevista aseguró que una modificación, revisando punto por punto los aspectos en los que falla, sería la única solución que podría brindársele tanto a los empresarios como a la clase trabajadora.
“Porque esta ley es injusta para los trabajadores y los empleadores. No satisface a ninguna de las dos partes en los litigios que puedan plantearse”,  sostuvo. Sin embargo, destacó su importancia porque la salud es uno de los bienes más importantes que las personas tienen y que la tercerización es un mal que ha afectado al derecho del trabajador argentino.