Dicen que requerimientos de la Afip a inmobiliarias son ilegales

Hay fastidio en algunas inmobiliarias de la capital misionera debido a una disposición que las obliga a brindar información sobre sus clientes y sus operaciones aún antes de realizarse y que les llegó a través de requerimientos que deberán cumplimentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Es más, al analizar la normativa vigente, sostienen que brindar dicha información sería violar la ley en varios de sus aspectos.
Así lo informó ayer Andrés Daviña, un agente inmobiliario y rematador con más de 40 años de ejercicio de la profesión quien advirtió que igualmente hablaba a título personal.
“Estamos analizándolo con nuestros asesores legales y contables: si se cumplen con estos requerimientos (informar sobre todas las operaciones -concretadas o no- por sobre los 1500 pesos en caso de locación y de 150 mil pesos en caso de compraventa) se infringe el Código Civil, así como la ley 20.266 (inciso f: ‘Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas’) y la 25.028 que ratificó dicha indicación”, señaló Daviña.
Hoy la Federación de Inmobiliarias de la República (Fira) se reunirá en Buenos Aires y se prevé que tratará la cuestión.
“¿Cómo me voy a poner a hablar y contar las confidencias que me dan los clientes. Eso dará pie para que me realicen una demanda y de seguro que perderé la misma (además del propio cliente)”, indicó Daviña.

“Nuevo embate”
En un análisis sobre el mismo tema, dos tributistas (Eduardo Piaggio y Jorge Alberto Christiani) señalaban en El Litoral de Corrientes que  “obviamente estamos frente a un nuevo embate de Afip-DGI, quizás con un loable objetivo buscar mayor equidad en la tributación y alimentar la tan mentada distribución de la riqueza y la justicia social, quizás garantizando el acceso a una vivienda digna a mayor cantidad de personas. Ahora sin dudas, esto tendrá efectos económico sociales no deseados que podrían ocurrir, como ser por ejemplo la fuerte migración de grandes inversores inmobiliarios que no deseen que la información sea transmitida a Afip-DGI, y que llevara a generar una desordenada administración de los inmuebles en locación con un aumento de la morosidad”.

“Hay gente”
En principio, durante los días pasados, empleados en representación de la Afip fueron llegando a las inmobiliarias y negocios de bienes raíces para entregar el Requerimiento. “Creo que se trata de empleados de las ex AFJP que fueron absorbidos por el Estado y terminaron cayendo en la Afip. Y desde ahí, los enviaron a realizar esta tarea”, indicó Daviña.
De hecho, en la requisitoria que le entregaron, el representante de la oficina tributaria sólo firma y no posee sello identificatorio.
En este sentido, Daviña admitió que hay un fastidio en varias inmobiliarias locales pero que otras ya cumplimentaron el pedido. “No estamos de acuerdo por muchas razones. Las inmobiliarias no tenemos los grandes alquileres que no pasan por nosotros. Los alquileres de 15 mil pesos no están nuestras manos ni tenemos administrarlos nosotros. No somos 'el pez gordo' sino los medianos y lo único que van a conseguir es perjudicarnos. Si doy la información (con o sin beneplácito del propietario) y éste opte por retirarme la administración y luego me haga un juicio, me va a perjudicar por todos lados”.
De allí que insistió que la propia Fira reconoce únicamente los mandatos de los jueces como admisibles para informar. “Los funcionarios de la Afip no son autoridad competente. Para la Fira únicamente el juez lo es y nos atenemos a la ley para ello”, añadió.
Y remató: “Esta requisitoria va contra la ley: no tengo por qué 'mandar al frente' a mi cliente. ¿Y si me demanda después? Tendrá todas las de ganar”.