La mayor parte de los beneficiarios dejó de buscar un trabajo

Planes Sociales. Existe informalidad en la asignación de recursos humanos para las instituciones

:: No todos cumplen con la obligación de realizar un servicio a cambio del beneficio. Mientras desde los gobiernos se analizan medidas de control, otros sostienen que no deben trabajar

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Largas colas. En el país hay 1.810.000 beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar.

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Por el bien de todos. Muchos beneficiarios emprendieron tareas comunitarias.

OBERÁ. El hambre y la necesidad fueron los factores que movieron a muchas personas a recurrir a punteros políticos, a la Municipalidad u otras organizaciones a pedir un plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Para otras en cambio, la ayuda fue ofrecida como "un regalo" por los favores recibidos.
No todas las personas que accedieron al plan trabajan como dispone la ley. Muchos cobran y se quedan en sus casas y tampoco buscan otro medio de subsistencia. Sin embargo, también están los otros que sí desarrollan una actividad como contraprestación por el dinero que reciben mensualmente. Pero, a juzgar por los testimonios, no son la mayoría.
Ramona tiene 22 años y vive sola con su única hija de tres años en el barrio Cuatro Bocas de Oberá. Hace un año y medio que recibe el plan. Realiza la limpieza del Hospital Samic por las mañanas.
"Sé que hay gente que cobra y no trabaja pero creo que hay que cumplir porque si no lo hago me pueden quitar esta ayuda que tanto necesito", opinó. Sin embargo, reconoce que desde que empezó a cobrar el plan no busca otro trabajo. "Me arreglo bien con este dinero", admitió.
Yolanda Delgado, también separada y con dos hijos, habita en el barrio Olimpia. Hace más de un año que cobra el beneficio y a diferencia de Ramona, ella solo trabajó cinco meses en el Samic local y luego dejó la tarea porque no tenía con quién dejar a sus chicos.
"Conseguí el plan a través de la Municipalidad. Ellos vieron como vivía y me lo dieron. Soy separada y realmente es poco el dinero del plan, no busqué otro trabajo porque mis hijos son muy chicos", sostuvo.
"No quiero que me quiten el plan, yo voy a trabajar", se defendió. "Son pocas horas las que hay que cumplir, pero voy tener que ver con quién quedarán mis chicos durante esas horas. Si tengo que pagar a alguien no me alcanza para nada", dijo.
Otra beneficiaria es Antonia C. (43). Desde que obtuvo el plan, hace un año y cuatro meses trabaja en la Escuela 781 de Villa Stemberg. "En las vacaciones vamos a cocinar para los chicos, somos más o menos unas 30 personas que trabajamos en la escuela. Algunos hacen de sereno, otros cortan el pasto", contó.
Tiene tres hijos y con los 150 pesos se arreglan como pueden. "Antes buscaba changas, hacía limpieza, pero no tenía una entrada fija. Siempre trabajé, la gente de la Municipalidad me dijo que hiciera un trabajo en mi barrio y me tomaron en la escuela".
Por su parte, Sergio Fuks (33) quien hace siete meses que obtuvo el plan aseguró que solo con ese ingreso "no se puede vivir".
"Me inscribí en tres lugares para ver si me daban el plan, pero al ser trabajo de cuatro horas no podés trabajar en otro lado, por eso hago changas, corto césped, en fin me las arreglo para tener otra entrada. Yo trabajé en la escuela del barrio Krause haciendo limpieza", indicó.
El hombre es albañil, pero actualmente no tiene trabajo en ese rubro. Tiene a tres hijos y su esposa ayuda con lavados de ropa para afuera. En tanto que Lourdes M. (48) hace un año y 8 meses que posee el plan y asegura orgullosa que siempre trabajó.
"Comencé a trabajar en la Aldea de Niños ya que vivo en el barrio Tres Esquinas y me quedaba cerca. Después me fui a la escuela 395 y hasta el momento estoy allí. Ayudo en la limpieza y la cocina, hacemos de todo un poco", puntualizó. La mujer es separada y tiene tres hijos que mantener. La semana pasada comenzó a trabajar en una casa de familia, pero antes "vivía solo con este plan". "No conseguía trabajo y eso que recorría mucho para ver si había algo", cuenta. "Hay gente que nos critica por tener esta ayuda, pero yo siempre trabajé, estoy muy agradecida por esto porque me ayudó mientras no tuve una entrada segura", expresó.

Reempadronamiento en Oberá
Actualmente la administración del intendente Ewaldo Rindfleisch convocó a todas las ONG al Galpón Cultural para informar acerca de la cantidad de planes que tiene bajo su responsabilidad, la nómina, el proyecto y el lugar de actividad de cada uno de los beneficiarios.
El secretario Municipal de Desarrollo Humano, Jorge Feltan, señaló que tal requerimiento es a fin de realizar la verificación por parte del Consejo Multilateral de Políticas Sociales del cual es parte la comuna obereña.
"En Oberá estimamos que existen unos 1700 planes, pero no se sabe a ciencia cierta qué hacían. El nuevo Consejo Multilateral resolvió hacer el reempadronamiento de todos los beneficiarios para saber qué actividad desempeñaban, si cumplían lo que decía la ley", informó a El Territorio.
Hasta el momento, sólo se acercaron unas 600 personas para realizar este trámite al Galpón Cultural.
Precisó que "muchas ONG tienen beneficiarios del plan, la exigencia es que trabajen, pero se tendrá especial atención a madres solteras y discapacitados. Hemos observado varios casos donde a quien le otorgaron la ayuda no es la persona que trabaja sino su hijo o esposa y eso no se debe hacer".
Según el funcionario "todo aquel que reciba esta ayuda debe trabajar, ya sea en el barrido de calles o la limpieza, a todos se los ubicará para que realicen alguna actividad. En estos momentos hay varios hombres que están desempeñándose en Obras Públicas por ejemplo".
Acerca de lo más llamativo que se encontró en este relevamiento, resaltó que "hay 30 personas con planes en la Casa de la Mujer, lo mismo ocurre en la Escuela Irrazábal donde hay 9. También están las personas que cobran a través de un poder, y eso es muy vidrioso, se analiza caso por caso".

Proponen seguir pagando después de conseguir trabajo
BUENOS AIRES. El diputado nacional justicialista Daniel Basile propondrá que se evalúe la posibilidad de seguir pagando por un año más los planes Jefes y Jefas de Hogar a aquellos beneficiarios que consigan trabajo.
Así lo explicó Basile en declaraciones radiales, en las que anticipó que planteará ante las autoridades la posibilidad de que los beneficiarios de los planes Jefas y Jefas puedan seguir percibiendo dicho beneficio luego de conseguir trabajo, por el término de un año.
Basile explicó que llevará la propuesta a la reunión que el lunes mantendrá el gobernador Felipe Solá con parte de la dirigencia del justicialismo provincial.
El legislador nacional argumentó que "a veces, y dado que el núcleo familiar está constituido por un hombre y una mujer que no han contraído enlace, cada uno recibe un Plan, lo que, sumado a los bolsones de comida, hace que tengan algo sustentable y no se sientan tentados a conseguir trabajo porque no les conviene".
"Propongo una reglamentación generalizada con los parámetros de justicia máximos para que, una vez que los beneficiarios de los planes denuncien que tienen el trabajo, tengan un año más de disposición de ese dinero", recalcó el diputado justicialista. La medida promovería la búsqueda de empleo de los beneficiarios.

Aseguran que es difícil conseguir mano de obra
OBERÁ, PUERTO IGUAZÚ, 25 DE MAYO. La implementación de los planes Jefes y Jefas de hogar trajo aparejada una faltante de mano de obra rural. Muchos de los peones que antes realizaban trabajos por día ahora son beneficiarios de estos planes y rechazan ofertas laborales.
Algunos productores que necesitan mano de obra para rozar campos y ofrecen el precio que se está pagando por estos lares -13 pesos por día- se quejan de que no encuentran quien quiera tomar el trabajo. También hay familias están necesitando mano de obra para levantar la cosecha del tabaco. Pagan 10 pesos por día más comida y tampoco consiguen quien se sume al trabajo. La situación se da en todo el Alto Uruguay misionero.
Un empresario obereño que incorporó a su empresa beneficiaros de este tipo de planes y pidió reservas de su identidad, precisó las dificultades de la modalidad. "Están los que buscan un plan porque no quieren trabajar. Ingresan a una empresa. El patrón asume el compromiso de hacer los aportes para que esas personas tengan la obra social y los aportes jubilatorios. El beneficiario del plan cobra y no aparece una semana porque dice no tener la obligación de cumplir debido a que el dinero no sale del bolsillo del patrón".
También reconoció el caso de "los que trabajan más de lo que exige el plan y de eso se hace cargo el patrón" y fue duro con "el puntero de barrio que recibe un plan jefe de hogar por política: de ese olvidate de que trabajará alguna vez", criticó.
En Iguazú
La situación de más de mil beneficiarios de los planes para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados también fue motivo de distintas objeciones en Puerto Iguazú, debido a la falta de contraprestación laboral en la que la mayoría de ellos estaría incurriendo. El hecho se conoció públicamente luego de que las nuevas autoridades pusieran en evidencia la situación, al plantear que fue necesario contratar personal extra, para desarrollar distintas tareas en el ámbito municipal.
La primera en reconocer que no consiguió la colaboración de ningún afectado al plan, fue la nueva Directora de Cultura, Bibiana Feldmann. La funcionaria dijo que en ocasión de tener que realizar el trabajo de ornamentación de la ciudad, tuvo que recurrir a la contratación de personal por horas. El dato fue coincidente con el de otros funcionarios del nuevo gobierno municipal, quienes admitieron tener distinto número de beneficiarios bajo su área, pero con los cuales "no se puede contar".
Consultada la encargada de los planes sociales en Iguazú, la religiosa Adela Helguera, admitió que "el plan es un derecho de inclusión social, y por lo tanto no necesariamente la contraprestación debe ser en trabajo". Luego agregó: los beneficiarios de los planes no tienen porqué estar colgando adornitos de navidad en la calle, ni tampoco se debe pretender que tapen los baches de las escuelas, del hospital o de la Municipalidad".
La opinión de la hermana Adela Helguera -según definió ella misma- es la de inclinarse por la inclusión de los beneficiarios en programas de capacitación o de pequeños emprendimientos, como por ejemplo la creación de una feria franca. Los dichos de la religiosa despertaron distinto grado de polémica.
En el país hay 1.810.000 beneficarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, uno de los planes sociales con los que el gobierno nacional intentan paliar las altas tasas de desocupación en el país que se ubicó en el 16,3 por ciento en el tercer trimestre de este año, según la nueva Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Si se excluye de los ocupados a los beneficiarios de planes jefas y jefes de hogar que brindan una contraprestación, la tasa de desempleo en el tercer trimestre sería del 21,4 por ciento, inferior al 23 por ciento del segundo trimestre.

Opiniones a favor y en contra

El dirigente piquetero del Polo Obrero, Néstor Pitrola, consideró que "es muy claro" que existe un manejo político de los planes sociales y señaló que una "manera sencilla de acabar con el problema del clientelismo" sería que el beneficio fuese "un derecho universal" para todo jefe o jefa de hogar desocupado.
Señaló que eso no se puede lograr "porque hay un problema presupuestario", aunque sostuvo que el gobierno nacional "tiene la oportunidad económica" de poder entregar el subsidio a los "900 mil jefes y jefas de hogar (desocupados) que hoy se encuentran en lista de espera".
Para el dirigente piquetero, la universalización de este beneficio sería la manera de quebrar su uso político: "Para universalizarlo se debería pagar a todos los jefes de hogar y yo creo que está el dinero para eso porque se habla todo el tiempo de que se han superado las metas fiscales", afirmó.
En este sentido, Pitrola planteó que "cada persona, cada jefe de hogar desocupado" tendría que poder "anotarse en una ventanilla y cobrar (el beneficio) como un derecho universal y no estar en manos de que `a vos te lo doy o no de acuerdo con tu simpatía política y a lo que yo preciso que hagas`".
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, admitió que hubo intendentes "del justicialismo y de otros partidos" que hicieron un mal uso de los planes sociales e insistió en la necesidad de "apostar al crecimiento como forma de salir del conflicto severo entre la sociedad y la política".
Aníbal Fernández advirtió que "fue un problema la existencia de una sociedad divorciada de la política como herramienta de transformación".
El titular de Interior remarcó que las organizaciones de desocupados "no tiene planes a cargo" y atribuyó las versiones que así lo señalan a "un mito que hay que explicar a la gente".
"Si alguien cumple con las condiciones para ser beneficiario de algún plan, se le da. Y si después ese jefe o jefa de hogar que está desocupado está encuadrado en alguna organización es otro tema, pero nunca se le dio un plan a alguna organización", detalló.
Opinó que "si se puede quitar la posibilidad de que haya una actitud clientelar o berreta, hay que hacerlo".
El titular de Cáritas Argentina Jorge Casaretto opinó que hay que actualizar el mecanismo de los planes sociales del Gobierno e insistió en que tienen que tener una contraprestación o capacitación, a la vez que se pronunció a favor de la implementación de una tarjeta para su pago para tener un mayor control y evitar que tengan una utilización política.
El presidente de Cáritas Argentina afirmó que "los planes sociales tienen que tener una contraprestación de trabajo o de capacitación" porque, según consideró, el que recibe el plan debe aportar "algún tipo de esfuerzo".
Casaretto puntualizó que para "actualizar el mecanismo de los planes sociales" es necesario implementar un "reempadronamiento y crear un padrón único".
"Sería bueno que en algunos lugares del país se empiece a implementar la utilización del pago de los planes a través de un tarjeta, porque de esta manera se podría tener un mayor control", evaluó. "Si los municipios o la provincias usan políticamente los planes sociales, la solución de fondo no es que otras instituciones se ocupen" sino que se reforme la política para que "el Estado pueda ser garante confiable", recalcó el obispo de San Isidro.

El Gobierno analiza medidas para garantizar transparencia
BUENOS AIRES. El gobierno nacional analiza un amplio menú de iniciativas para lograr transparencia en los planes sociales y eliminar el clientelismo, pero centra sus expectativas, más que en la tarjeta magnética para el pago a los beneficiarios, en la masiva constitución de consejos consultivos. Dichos consejos, integrados centralmente por los gobiernos comunales y redes sociales, están constituidos actualmente en unos 1800 de los 2000 municipios que existen en el país, pero sólo en una cuarta parte -unos 500- incluyen además a organizaciones vinculadas a la Iglesia, los piqueteros y a otras ONGs solidarias.
La inclusión de esos actores, junto a representantes los gobiernos nacional, provinciales "alejarán la sospecha frecuente de que los municipios usan los planes sociales para fortalecer sus estructuras políticas", dijeron las carteras de Desarrollo Social y de Trabajo.
En su afán de terminar rápido con la intermediación clientelar, inicialmente el gobierno parecía inclinado a una rápida bancarización del pago de los 150 pesos dados del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que beneficia a unas 2,2 millones de personas.
Una ventaja adicional es que, si se pagara con una trajeta de débito en caja de ahorro con la que -además de extracciones bancarias- pudiera abonarse las compras en los comercios, por vía del reintegro del IVA se podría dar una mejora del 21 por ciento en las asignaciones, elevándolas de 150 a 180 pesos.