La ley de Violencia Familiar fracasa por falta de recursos y estructura

Los casos de violencia doméstica aumentan en forma diaria y, por ahora, una de las pocas respuestas de una justicia abarrotada de causas, es la expulsión del agresor del hogar . Y, ante la falta de un equipo interdisciplinario que brinde contención, la familia termina forzosamente disgregándose. Esta es la lectura que hacen profesionales vinculados a la problemática.
La ley 4405, que modifica la 3325 de violencia física y psicológica, fue aprobada en noviembre del año pasado por la Cámara de representantes de Misiones. Entre los aspectos novedosos, incluye la obligación del Estado de garantizar gabinetes para la asistencia psicológica gratuita de las víctimas, así como refugio para las personas agredidas que hayan tenido que abandonar su hogar por ese motivo.
Justamente ese es uno de los aspectos en el que hacen hincapié quienes están vinculados a la problemática. Mientras el texto de la ley propone asistencia psicológica y refugio para los agredidos, nada de eso existe en la realidad o es insuficiente.
Ahora debería crearse un cuerpo de patrocinantes letrados gratuito, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la Juventud, destinado a brindar asesoramiento y patrocinio a las víctimas de violencia familiar.
Y también el Registro Provincial de Actuaciones de Violencia Familiar, que dependerá de la Dirección de Violencia Familiar y de Género.

Hasta diez casos por día
“En enero de este año en promedio se registraron alrededor de una denuncia y media por día por violencia ante la Justicia, esto es hablar de casi 45 casos en tan solo 31 días”, estimó el abogado Otto Moschner abocado hace 17 años a temas de familia en Eldorado.
A estos datos, deben añadirse las presentaciones hechas ante la Comisaría de la Mujer, donde en enero registraron trece hechos de similares características resueltos por la Policía. Es decir, en el primer mes, ascendieron a 58 casos denunciados o sea, dos casos diarios de violencia doméstica.
En Posadas, la Comisaría de la Mujer registra un promedio de cinco denuncias por día y entre ocho y diez ante el equipo de prevención de conductas violentas de Oberá, todas por violencia familiar.
Los grupos más vulnerables son las mujeres, niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.  En Posadas, las mujeres son las que más acuden a denunciar y el principal motivo es la violencia física y psicológica de sus esposos o parejas. En consecuencia, lo que piden es la exclusión del hogar de sus parejas.
También hay casos aislados de personas adultas que piden la exclusión del hogar de sus hijos mayores de edad, ya sea por situaciones de alcoholismo o drogadicción que hacen insostenible la convivencia.
Y si bien son cada vez más los desencuentros denunciados, se estima que hasta un 30 por ciento son silenciados por temor o sentimientos de culpa.

Falta respuesta estatal
Muchas veces, los denunciantes llegan a la Comisaría buscando asistencia psicológica. Es que, si bien la violencia familiar se presenta en todos los estratos sociales, las personas que tienen menos recursos económicos, muchas veces encuentran en la Policía el único camino para encausar una denuncia y conseguir la asistencia que de otra forma les demandaría pagar el servicio de los profesionales. Pero el Estado en sus distintas instancias carece de recursos.
“Nos dedicamos exclusivamente a la prevención y asesoramiento, ya que la cantidad de denuncias nos supera y estamos imposibilitados de realizar la contención de cada caso”, aseguró tiempo atrás a El Territorio Margarita Kluge, del Área de la Mujer de la Municipalidad de Oberá.
En Eldorado, tanto médicos como abogados vinculados a la problemática y sus consecuencias aseguran que el Estado no puede responder por la falta de al menos un Juzgado de Familia en el Alto Paraná y de un gabinete interdisciplinario.
Desde la Justicia coinciden que se requieren de mayor infraestructura, como la creación del Juzgado de Familias, para abordar estos casos y cumplir los pasos exigidos por ley. Es que mientras están previstas las audiencias dentro de las 48 horas de la denuncia por violencia familiar, otras causas suelen prolongar ese tiempo porque son abordados en los juzgados de fuero universal, es decir también deben atender cuestiones de concursos, juicios ejecutivos, daños y perjuicios, adopciones, sucesiones.
En Eldorado, los profesionales que se desempeñan en Salud Mental del hospital Samic o el área de Acción Social Municipal hacen lo que pueden pero no dan abasto ante las dimensiones de la problemática. Por otra parte, iniciativas voluntarias se truncan por falta de apoyo.
Por el momento, la intervención de los profesionales del Centro de Salud Mental con una sola psiquiatra Eva Rodríguez, surge a pedido de evaluaciones requeridas por la Justicia o por derivaciones efectuadas desde el Samic Eldorado, Acción Social municipal, otros centros de salud o las escuelas.
Los tratamientos suelen brindarse a las víctimas y no a los abusadores, violadores o violentos, quienes no suelen asistir aunque se los pida el juez.
Moschner asegura que “aquel que fue excluido por violencia familiar, es muy difícil que vuelva al mismo lugar y si vuelve, lo hace para peor”. La medida cautelar aplicada es la expulsión del seno del hogar en forma transitoria de entre 15 a un mes.
Los profesionales médicos y abogados coinciden en que se adoptan las medidas inmediatas y preventivas como la exclusión del presunto agresor pero queda pendiente, la recomposición del grupo familiar, porque a ello apunta la Ley de Violencia Familiar. Es decir, no disgregar sino al contrario intentar buscar las causas y solucionar los inconvenientes surgidos en la pareja.