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Domingo 14 de mayo de 2006

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El negocio de los cambios de carátulas que la justicia misionera debe investigar

Carátulas S.A.

El dinero que habría corrido en algunos casos es un secreto a voces en los tribunales de la provincia, pero pocos son los que se atreven a hablar. Algunas fuentes aseguran que se habrían pagado coimas para reducir sentencias

Domingo 14 de mayo de 2006 |

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  • Camarista. | Ángel Dejesús Cardozo, integrante del Tribunal Penal Uno.
  • Jefe de fiscales. | Piñero fue camarista y actualmente es Procurador General.
Posadas.  Cada tanto suelen leerse en las páginas policiales titulares que dan cuenta de algún misterioso “giro sustancial” en la investigación de una causa. Con el tiempo, como un fortuito dictamen del destino, esa misma causa termina con un repentino cambio de carátula.
Sólo basta escarbar en los amarillentos expedientes amontonados en los archivos de los tribunales para tener una escueta noción de los que algunos llaman el “negocio de los cambios de carátulas”. 
En la mayoría de los casos hay un cúmulo de sospechosos puntos en común. Un repentino cambio de abogado, un juez recusado, un expediente que termina en otro juzgado, escritos y declaraciones que se “traspapelan” y desaparecen, contundentes pruebas que dejan de serlo, algún camarista recusado sin expresión de causa, tal vez alguna inhibición, y un auto de procesamiento con penas máximas que terminan con el sobreseimiento por falta de mérito o con una pena mínima que es excarcelable, y el pago de una importante caución para que no queden dudas. Claro está que existen variantes en este cúmulo de casualidades.   
Otro de los puntos en común, tal vez producto de la mera casualidad, es que en la mayoría de estos casos los principales involucrados son personas de buena posición económica o al menos con algo valioso para entregar a cambio. 
La sabia amplitud de las bibliotecas de derecho da para todo. Un laberinto por el que sagaces abogados y funcionarios judiciales saben navegar. Es una paradoja pero muchas veces los libros de derecho ayudaron a construir la impunidad.
Una suerte de pirámide en donde en la base se encuentra el homicidio calificado, en el segundo escalón se encuentra el homicidio simple. Y de ahí se desciende al homicidio preterintencional y en la punta se encuentra la puerta de salida: legítima defensa, o la honorable falta de mérito. Y si nada de eso cabe todavía resta la prescripción de la acción, por la demora de la causa.
Pocos son los que llegan a la punta de la pirámide, lugar que no se alcanza con los servicios de un atareado defensor oficial. Tampoco  basta con contratar con un buen buffet de prestigiosos abogados.
Hay quienes afirman que en el pasado por un cambio de carátula se han pagado 10.000 pesos. Otros hablan de  50.000 pesos. Claro que más recientemente por estar en un sanatorio y obtener la libertad se puede alcanzar hasta 80.000 pesos y algo.

Magistrados en off
“No descarto que exista un negocio detrás de los cambios de carátulas en la justicia”, deslizó un ex funcionario del Poder Judicial de Misiones.
La justicia misionera sabe que de la asociación ilícita a la excarcelable estafa no hay más que un paso. En el caso de los autos en depósito judicial que tuvo al ex juez de Instrucción Dos, Ramón Moisés Grinhauz, ese fue el camino que recorrió la causa.
El ex magistrado y otras diez personas sospechadas de blanquear con oficios de depósito judicial lujosos autos que habían sido robados en diferentes lugares del país, habían sido procesados por asociación ilícita. Pero los camaristas Demetria González de Canteros y Ángel de Jesús Cardozo decidieron que ésa no era la carátula apropiada y los sospechosos lograron su libertad. La jueza ahora ya jubilada de los avatares procesales seguramente se dedicará a descansar en su cómodo departamento de Mar del Plata.
La supuesta comercialización del cambio de carátulas es un tema tabú de los que pocos se atreven a hablar. “Pasaron por mis manos algunos expedientes, y sé de otros, en el que el cambio de carátula fue, desde mi punto de vista, injustificado y hasta diría que sospechoso”, aseguró un importante magistrado con sobrados años en la justicia.
El mismo funcionario, que hoy está pensando en adherirse a la ley de jubilación que impulsó el Gobierno, agregó que en esas circunstancias, cuando el expediente ya no estaba en sus manos, prefería no seguir indagando “por razones de salud”. “Para no hacerme mala sangre”, aclaró.


“Pasaron por mis manos algunos expedientes, y sé de otros, en los que el cambio de carátula fue, desde mi punto de vista, injustificado y hasta diría que sospechoso”


De todas maneras, según el magistrado, “nadie va a decir que pagó una coima y nadie va a decir que la recibió”.
Claro está que en la Argentina arrepentido de haber participado en el pago de coimas hay uno solo y tiene nombre y apellido: Mario Pontacuarto, el ex secretario del Senado que habría sido el encargado de llevar las coimas a algunos legisladores para que levantaran la mano para aprobar la reforma laboral que se sancionó durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Pero hay otras vías para llegar a la verdad, una de ellas la sufrieron los ladrones del Banco Río de Acasuso, que cayeron por el testimonio de una mujer despechada.   
“Yo era el abogado de ese expediente pero después me aparté, sé que después pasaron cosas raras y que la defensa se basó en el trabajo que yo había hecho. Lo que pasó después no puedo probarlo pero me lo imagino”, explicó un magistrado a El Territorio cuando se le consultó por qué a un procesado por el delito de matar a un joven se lo dejó en libertad por considerar que había actuado en defensa propia.
El magistrado, de amplia trayectoria como letrado del fuero penal, contó sin entrar en detalles que existe un grupo de abogados que trabaja inescrupulosamente con funcionarios de la justicia para beneficiar a sus clientes. “Si se pierde un expediente y después se lo encuentra escondido en un cajón, lo único que se puede hacer es un sumario administrativo al empleado de mesa de entradas en caso que se le detecte alguna responsabilidad y nada más. El juez no puede saber todo lo que pasa en el juzgado”, argumentó.   
Una fuente del ministerio público fiscal no se mostró sorprendida cuando se le preguntó sobre los supuestos “arreglos” en los cambios de carátulas. “Hay algunas causas en las que todos sospechamos que ocurrió eso, ustedes mismos se encargaron de publicarlas”, arremetió.
La misma fuente dudó de que se trate de una organización ilícita montada por funcionarios judiciales y abogados. Cree que se trata de casos aislados y no de una aceitada estructura. “Son situaciones que evidentemente se dan de manera aislada y de acuerdo con la situación. Hay que ver los expedientes, el resto son sospechas”, opinó. 
Las fuentes consultadas de la justicia prefirieron hablar en estricto off the record. Algunos dieron pistas, nombres, pero evitaron dar más datos.
Una fuente de tribunales que conoce hasta los puntos y las comas del expediente de la “megaestafa” a las cuentas bajo custodia judicial -por la que fue procesada y detenida la ex jueza Graciela Salvado de Sotelo; junto a la secretaria del juzgado, Nora Castelli, y un grupete de abogados - aseguró que “esa causa va a ser nada el día que se investigue a fondo a los que acceden al negocio del cambio de carátula”.    
Es terrible escuchar de boca de fiscales, jueces, camaristas y otros integrantes de la justicia misionera que hay cientos de sospechas para creer que hay funcionarios judiciales que recibieron coimas para dejar libre a una persona. Y mucho peor es oírlos admitir lo difícil que es investigar a la corporación: “Si nadie quiere hablar, cómo lo vas a probar”. 

La punta del ovillo
Según fuentes consultadas hay varias causas, que podrían ser al menos “sospechosas de múltiples irregularidades”. Desde expedientes que desaparecen hasta presos que salen por un error administrativo, abogados que son engañados para preparar la defensa y luego son cambiados por otros con contactos dentro de la Justicia, fiscales y camaristas que montan defensas como si fuesen defensores oficiales.
Sigue llegando abundante información de causas que fueron legendarias en los medios de comunicación, alguna de ellas son “El doble homicidio de Concepción de la Sierra”, la causa del “retorno” denominada Pavlicich, donde la Jueza Picazo había logrado encerrar al acusado de extorsión, y la Cámara de esa época lo liberó. Fue el camarista Miguel Ángel Piñero el encargado de sostener que en el caso no existió extorsión ni coima. Su voto fue apoyado por el camarista Ángel de Jesús Cardozo.


“No descarto que exista un negocio detrás de los cambios de carátulas en la justicia”


“El delito en cuestión ni siquiera se ha consumado. Es decir que los hechos que a título de delito se imputan a Pavlicich no han ocasionado daño alguno”, enfatizó Piñero.
Otros son el de los autos mellizos, o la del homicidio de Apóstoles, o la de el prefecturiano Vega, etcétera.
Esta es la hora, hay gente importante interesada en sanear la Justicia, las condiciones están dadas para que con mayor o menor esfuerzo el camino quede despejado a nuevos actores.



Opinión
Álvaro C. Caamaño
Abogado


La batalla contra la impunidad
Probablemente ningún concepto defina mejor el sino de esta hora en esta castigada Latinoamérica que el flagelo de la impunidad. La falta de castigo, de investigación y finalmente de justicia, afecta gravemente el funcionamiento de nuestras democracias.
La posibilidad de cometer crímenes -desde un robo, violaciones, torturas o asesinatos- sin peligro a sufrir pena alguna, construye caso por caso, el gran edificio de la impunidad que agobia a nuestros países.
La impunidad es sin duda uno de los problemas más graves que aflige a la Argentina y uno de los que más necesita respuesta. Como ya hemos dicho en El Territorio, tarde o temprano, la corrupción judicial no hace distingos, se ocupa del ciudadano anónimo o de quien ya no detenta el poder, aunque hubiese sido el más poderoso de los ciudadanos. Un funcionario judicial sin principios sólo es leal a quien detenta el poder e invariablemente traiciona a quien lo encumbró. Aunque sea por esas pobres razones, un político responsable debería aspirar a poner jueces probos.
La justicia que se las arregla para moldear la ley, las investigaciones o las sentencias, para que los crímenes se diluyan y las sanciones vayan degradando hasta llegar a las prescripciones o falta de mérito, es una justicia que ayuda a construir un estado de impunidad general.
Se crea un ambiente que termina corroyendo la moral media de la sociedad, con efectos psicosociales difíciles de dimensionar. Lo que está pasando con la violencia juvenil en Posadas, seguramente no está desvinculado del estado de impunidad que la rodea.
Uno de los efectos más profundos y a la vez invisible que tiene la impunidad sobre la democracia es el de condicionar su futuro. Por ello, la batalla por la independencia judicial necesariamente debe acarrear la separación de jueces y funcionarios dependientes de la política y corrupción. La aprobación implícita de la legalidad de los crímenes, el perdón y el olvido, sin recordar -o acordándonos, pero sin comprometernos- los crímenes del pasado, diluye cualquier intento de transparentar el Poder Judicial de Misiones. Sólo la existencia de una misma justicia para todos nos permitirá construir la sociedad en que queremos vivir y la que aspiramos dejarles a nuestros hijos.
Los jueces y funcionarios corruptos, a la vez que trabajan para enriquecerse, están corroyendo con su accionar el conjunto del tejido social. Modelan la sociedad, de acuerdo con los principios, ideología y modelo de ordenamiento social que apetecen los criminales. La impunidad de un solo golpe mata dos veces, mata a la justicia y nos roba el futuro.
Para contrarrestar efectos tan hondos y tan graves, la sociedad necesita una deslegitimación muy profunda de los crímenes y de los mecanismos que los facilitaron, necesita estigmatizarlos y exorcizarlos, y esto no se logra de ninguna manera sin una sanción social muy firme, muy profunda y muy prolongada. Esta lucha es de El Territorio y en ella no hará claudicaciones.
Es impensable un estado de derecho moderno, sin un Poder Judicial idóneo, imparcial e independiente que vele por el cumplimiento y la efectiva vigencia de la ley.
Quienes hemos visto o sufrido la corrupción y la injusticia enseñorearse  en el Poder Judicial nos congratulamos con la manifiesta expresión del actual gobernador Carlos Rovira, de mejorar al Poder Judicial de Misiones y convertirlo en un ejemplo a seguir en nuestro país.
Asume un desafío complejo, la sociedad le facilitó esperanzada el poder no sólo para proponer un Superior Tribunal de lujo -que por algunos de los nombres que están en danza parecería que va a ser así- sino también, para sanear las estructuras que le siguen. Sólo un hombre con valor y principios puede lograrlo. Y eso diferencia a un gobernante de un estadista.
Quien pretenda liderar nuestra sociedad debe brillar por la hidalguía moral de sus decisiones, diferenciándose claramente del pasado. Demostrando con sus actos que el interés general está por encima de los intereses políticos circunstanciales, que no negocia con los corruptos. Esa es la única puerta para entrar a la historia, otra solución sería más de lo mismo.


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