Hasta 18 meses de prisión por ingresar ilegalmente a Europa

Jueves 19 de junio de 2008
Desesperación. | Para Europa, los africanos que fugan de la hambruna de sus pueblos podrían terminar en prisión. | Foto: Ap
El Parlamento Europeo aprobó ayer severas normas para expulsar a los inmigrantes ilegales, pese a las protestas de algunos países latinoamericanos y activistas de derechos humanos.
El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados va acompañado del cambio general de la opinión pública y oficial contra ese sector al que, por ejemplo, Italia culpa del aumento de la delincuencia violenta.
Además, a ese sentimiento de inseguridad en algunos países se suma la crisis económica cada vez más  grave, que presiona a muchos gobiernos de la UE a adoptar medidas draconianas para proteger los intereses de sus trabajadores.

Cárcel
Los indocumentados podrán permanecer detenidos hasta por 18 meses antes de ser expulsados. Los países del bloque deberán proporcionar a esos detenidos derechos básicos, incluyendo acceso a asesoría legal gratuita, y los menores no acompañados o las familias con menores serán detenidas solamente como último recurso.
Algunos países latinoamericanos criticaron la medida por temor a que generen una ola de repatriaciones. Esto se debe a que sus economías dependen enormemente en las remesas giradas por los ciudadanos que trabajan en Europa, lo que en algunos de ellos suma una importante fuente de divisas.
Una vez identificado como indocumentado por las autoridades, el inmigrante tendrá un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el país. Si la autoridad aprecia el riesgo de que huya o no cumpla la orden de expulsión, podrá ser detenido por seis meses o hasta su deportación.
En casos concretos será posible una extensión de seis meses, por ejemplo ante la negativa del indocumentado a cooperar con las autoridades o si su identidad debe ser verificada con el país de origen. Los expulsados podrán encarar además una prohibición de volver al bloque durante cinco años para los que no cooperen o sean considerados un peligro social.
Hasta ahora, no había una política común de la UE para expulsar a los inmigrantes indocumentados, y los plazos de detención variaron desde 32 días en Francia a la custodia indefinida en Gran Bretaña. La UE calcula que hay más de ocho millones de indocumentados en las 27 naciones del bloque.
España, otro país con abundante población de indocumentados, dijo que considera incrementar el plazo máximo de detención de 40 a 60 días. “Logramos el mejor acuerdo posible dadas las diferencias entre los países del bloque”, comentó el líder de los liberales demócratas en la cámara, Graham Watson.
El acuerdo, aprobado por 369 votos contra 197 y 106 abstenciones, fue elaborado durante más de dos años, y las naciones de la UE dispondrán de otros dos para adoptarlo. Las nuevas normas no será de aplicación automática en Gran Bretaña e Irlanda porque no son miembros del acuerdo-marco de Schengen, una zona sin fronteras internas, y Dinamarca, que decidió no sumarse al pacto.

En contra
Muchos legisladores socialistas y verdes se opusieron a la medida, por considerar que el plazo máximo de detención es excesivo y no está justificada la prohibición del regreso. Empero, tuvieron menos votos que los conservadores y liberales, que consideraron la nueva legislación como una mejora.
Para los opositores al proyecto lo sancionado ayer en Francia, constituye un periodo excesivo de detención, hasta año y medio así como la prohibición de regreso en toda la UE para los que sean obligados a regresar a sus países pone el peligro de reducir las normas vigentes en los estados miembros, además de dar un mal ejemplo a otras regiones del mundo.
Empero, el ministro francés de inmigración Brice Hortefeux rechazó esos reparos e insistió que no serán reducidas las garantías y que el plazo de detención de 32 días, el mejor de Europa, no será alterado en Francia. El Ministerio francés de Inmigración estima que de 200 mil a 400 mil inmigrantes ilegales residen en su país de 63 millones de habitantes.


Un retroceso a la xenofobia
Más de cien ONGs del continente europeo, entre ellas Amnistía Internacional y SOS Racismo, rechazaron ayer la ley a la que consideran un retroceso para los derechos humanos, una medida xenófoba de la UE, y un recorte de libertades para los inmigrantes, que no cometieron ningún delito sino una falta administrativa.
También consideran que se vulneran los derechos de asilo y protección de la infancia.
“Es el peor de los escenarios posibles para los derechos humanos de los inmigrantes, la directiva consagra un claro recorte de derechos, por lo tanto hoy es un día realmente triste para Europa”, dijo la presidenta de AI en España, Icíar Ruiz Jiménez.
Recordó que "el derecho de los Estados a controlar su inmigración no puede ser a costa de los derechos humanos de los inmigrantes, que no saben de papeles”.
Más de nueve mil intelectuales y artistas europeos firmaron un pedido para que el Parlamento Europeo rechace la directiva de retorno, como el cantante Manu Chao, el actor español Javier Bardem o el director de cine Pedro Almodóvar.
En el escrito, los artistas aseguran que la directiva “reduce los estándares de protección de los derechos humanos y pone en peligro el modelo social europeo”.