Admiten que habrá más adictos si el consumo de drogas es legal

Martes 6 de enero de 2009
En los barrios de relocalizados. | La venta y consumo de marihuana se realiza en plena calle | Foto: Sixto Fariña


El consumo de drogas en la capital provincial crece año a año y se disparará si se aprueba durante el próximo mes su despenalización como pretende el Gobierno nacional a partir de un profundo y controvertido cambio en la política antinarcóticos, según lo anunció el propio ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, en el último foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El sub comisario Jorge Salinas, de la Dirección de Toxicomanía de la Policía de Misiones, fue quien reveló que el consumo de drogas, específicamente marihuana y cocaína, crece año a año en la provincia y que, de modificarse la legislación sobre las adicciones a los estupefacientes más duros y dañinos, la situación se desmadrará y hasta podría implicar que los delitos se concreten cada con vez más violencia.
“Sin dudas que crecerá el consumo y la cantidad de adictos”, dijo sin dudar el subcomisario, quien a pesar de admitir que la pelea contra los narcóticos cada vez es más difícil, negó que en Posadas se esté comercializando paco, la sustancia residual que queda de la fabricación de la cocaína.
Los integrantes de Toxicomanía no tienen conocimiento de que en Misiones o en la región existan cocinas para la fabricación de la droga blanca y por esa razón desestiman que se venda dosis de paco, ya que aseguran que traerlas desde las provincias en donde sí se recicla la sustancia, no es redituable por su bajo precio al consumidor.
Sin embargo, varios distribuidores de drogas, los denominados dealers, dicen conocer que en algunos barrios periféricos de la ciudad es común observar a jóvenes fumando la pipa con la cual se consume el veneno químico que en el conurbano bonaerense está haciendo estragos.
Esos mismos dealers dijeron a este diario que, de aprobarse la ley de despenalización al consumidor, las ventas de hecho aumentarán, pero consideran que el verdadero cambio se podría generar en la forma de venta y distribución.
Inclusive, creen que pueden bajar los precios en las cantidades más chicas de la marihuana y del peligroso paco.
En la capital provincial, según el subcomisario de Toxicomanía, no hay sitios en donde se venda o consuma más que en otros. “En toda la ciudad hay bocas de expendio y no hay diferencias de clases sociales para con esta adicción…”, dijo Salinas.
Pero de acuerdo a los distribuidores, los complejos habitacionales, en donde hay mayor concentración de habitantes en menor espacio, es en donde el consumo es más frecuente y en donde tienen más demanda.

En Emergencia
Ya durante los años 2005 y 2006, los responsables de Emergencia del hospital Ramón Madariaga, habían admitido a la prensa que empezaron a atender a pacientes con signos alarmantes de haber consumido paco, especialmente por el estado de desorientación y la dilatación de los ojos.
Y durante el 2006, este diario, en contacto con otros distribuidores de marihuana, había anticipado la posibilidad de una virtual guerra entre quienes venden la cannabis sativa y las dosis de paco.
Ahora, los pequeños vendedores o distribuidores de drogas están en la mira. Los grandes comerciantes siguen en la impunidad, sobre todo en las fronteras de Misiones, en donde todo parece poder ocurrir.
El ministro Fernández reveló que se estudia reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a los usuarios de estupefacientes y, en cambio, incluirlos en un sistema de salud. Es un primer paso hacia la despenalización, que de todos modos deberá ser debatido en el Congreso durante el próximo mes de febrero.
“Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, dijo el ministro durante su exposición en la asamblea extraordinaria del Consejo Económico y Social de la ONU, en Viena. Advirtió, no obstante, que “no es posible despenalizar el consumo si antes el Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a los más vulnerables”.
Y eso es otro de los problemas a resolver, en todo el país como en Misiones, en donde solamente existe un centro público de desintoxicación y recuperación de los adictos, como lo es el Centro Manantial dependiente del Ministerio de Salud Pública.

En los barrios
Los informes periodísticos cachetean a quienes persiguen la venta de drogas. En Buenos Aires se denunció que los boliches marginales del conurbano están en manos de la mafia. Que la venta de la pasta base o paco, se oculta en bailantas clandestinas.
Y la locura crece sin frenos: el cálculo “de mínima” que hacen los especialistas es que la cantidad de dosis de paco que las mafias logran vender en una bailanta por noche, ronda entre las 1.200 y 1.300, lo que les genera una ganancia aproximada de 6.000 pesos.
En Misiones, las mafias, todavía no coparon boliches o bailantas, pero las redes de vendedores operan en los barrios. El A.3-2, el complejo habitacional construido por la EBY, es uno de los lugares de máximo riesgo.
“En la esquina siempre hacen quilombo, siempre están muy drogados y algunos hasta salen a afanar cuando están así”, dice sin dudar uno de los vecinos de las últimas manzanas del barrio, a pocas cuadras de donde ya no hay nada porque es uno de los sectores afectados por el embalse de la represa Yacyretá.
Es verdad, hay poco paco, pero también es verdad, que los porros de marihuana se consiguen como caramelos de un kiosco. Y kioscos los hay también encubiertos. No tienen pan, leche ni hablar, pero de noche están abiertos hasta la madrugada y sus ventas se concentran en cerveza y marihuana. Falla también el Código de Nocturnidad. Tanto en el A-3.2 como en el otro complejo habitacional construido para los relocalizados, el A-4, los grupos de muchachos tomando cerveza después de las 0, toman en la calle como relajándose de un día agitado. En el A-4, las fumatas se repiten desde hace unos tres años atrás. Fumatas por la noche y risas hasta el amanecer.
Se fuma en la calle y el propio subcomisario de Toxicomanía dice: “Si ahora lo hacen, hay que imaginarse lo que pasará si se aprueba que sea legal…”.


En números
2005
es el año en  que aparecieron los primeros intoxicados con paco en Posadas.
40
pesos, aproximadamente, es el costo de un pan de marihuana en origen.


El caso que disparó la polémica
Para sentar jurisprudencia, la Corte Suprema eligió la causa en la que se pidió el procesamiento de Andrés Villacampa y César Mindurry, por tenencia de marihuana.
Villacampa y Mindurry apelaron la sentencia de la Justicia, confirmada por la Cámara de Casación, que los había condenado a uno y dos meses de prisión en suspenso.
La abogada que llevó el caso a la Corte es la defensora del Tribunal Oral de Rosario, Matilde Bruera.
La apelación ante la Corte reclamó la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 23.737, por violar el artículo 19 de la Constitución que señala que las acciones privadas que no perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los jueces.


Castigo y recomendaciones
La jurisprudencia de la Corte en la Argentina osciló entre castigar y no castigar al consumidor. Durante unos años en los 90 dictó el fallo Bazterrica, que decía que el consumir implica un problema de salud y no penal, pero luego regresó a la línea dura anterior con el fallo Montalvo, que volvió a penalizar el consumo. Hace un mes la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, máximo tribunal penal bonaerense, también se ajustó a la postura más dura.
La Argentina, en la ONU, hizo recomendaciones que apuntan a que el consumo es un problema de salud y no penal y que el uso de la fuerza debe estar aplicado al narcotraficante y no al consumidor.
Una de las ideas que analiza uno de los miembros de la comisión especial para la formulación de la nueva ley, es dar intervención a la justicia civil, en lugar de a los jueces penales, cuando se está frente a un consumidor.  de que peritos lo revisen y un juez decida sobre sus facultades para decidir sobre sus bienes se lo someta a un tratamiento ambulatorio o con una internación, controlado por profesionales, designados por el juzgado. "En mi país, desde que se sanciono la ley de drogas hasta el año pasado, no hay una sola condena sobre lavado de dinero y solo dos causas sobre narcotráfico que llegaron a juicio oral durante el año 2006", dijo ofuscado el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
Se informó además que una causa por drogas le insume al Estado un costo de unos 5000 dólares.
El cambio atraviesa otros ejes: el fortalecimiento de la cooperación internacional en el control de precursores químicos y en las entregas vigiladas y en el control de los posibles nichos de corrupción, mejorando la inteligencia de las fuerzas de seguridad para que los jueces tengan casos importantes.


Por tierra y por aire

POSADAS. De acuerdo al registro de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, las máquinas más utilizadas para el transporte de drogas son las avionetas Cessna. Estos vuelos tienen distintos destinos de aterrizaje, desde Misiones a Santiago de Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, norte de Santa Fe. Ya en tierra, según Claudio Izaguirre, el director de esa asociación, la ruta nacional 12 no es la más utilizada al estar muy custodiada. Para el transporte cargando estupefacientes suele utilizarse la ruta 14. Sería el camino de la droga con destino a Buenos Aires o Córdoba y desde allí, a Chile.
“Las aeronaves salen de la localidad paraguaya de Pilar, donde el pan de marihuana tiene un costo de 40 pesos y puesto en Argentina el valor se incrementa a 250 pesos y si llevan a Santa Fe o Buenos Aires, los valores ascienden a 400 y hasta 800 pesos”, estimó Izaguirre.
Sostiene el experto que los pilotos pueden maniobrar sin inconvenientes durante el día o la noche. “En el Chaco los postes son marcados con pinturas fluorescentes”, aseguró.
Hizo mención a esa provincia donde llegó a modo de protesta pública, porque detectaron la mayor cantidad de vuelos clandestinos. Puntualmente la zona considerada más caliente, es Paranacito, en Puerto Vilelas, al sudeste de aquella provincia y a 30 kilómetros de la capital, Resistencia.
La destreza de los pilotos permite, aseguró, realizar vuelos rasantes; viajan en algunos casos a menos de doscientos metros de altura.
“Por eso la gran cantidad de pistas clandestinas existentes a la vera de los caminos, donde se acondicionan con unos 1.000 a 1.500 metros de tierra compactada, es suficiente espacio para que aterrice un Cessna, el cuatriplaza tampoco tendría inconveniente porque son pilotos avezados”.
Izaguirre sostuvo que solo hay “un pequeño radar en la zona entre Paraguay, Chaco, Corrientes; en ese triángulo hay un radar que puede mirar 4 kilómetros a la redonda cuatro horas por día y esto lo saben los pilotos y vuelan a menos de 200 metros de altura sin inconvenientes para no ser detectados”.
Incluso considera que “en los aeroclubes debería haber un severísimo control, como no hay en este momento”.


Conseguir alucinógenos es bastante fácil

POSADAS. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, destacó que respecto a la despenalización, estaba siguiendo instrucciones de la presidente Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a revisar las normas. En nuestro país, a diferencia de Brasil, Uruguay, Suiza o España, se copió a ultranza la Convención de la ONU sobre estupefacientes, de 1989, que persigue al que tiene un problema de salud igual que al traficante. Esto no puede seguir así y no va a seguir así”.
En el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína y conseguir drogas ilegales es bastante accesible. Así lo afirma el 45,2% de los 56.000 consultados en una encuesta nacional hecha por el Gobierno a fines del año pasado.
El 6,9% de los encuestados admitió haber consumido marihuana el último año. El uso de paco, y del éxtasis es del 0,5 por ciento, una cifra proyectada de 80.000 personas.
La Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 del Indec, también reveló que el 7,2 por ciento dijo que probó marihuana, lo que  equivale a 1.584.000 personas, la misma cantidad de espectadores que hace dos años vio a los Rollings Stones en Río de Janeiro.
En la Argentina rige la ley 23.737, dictada en 1989, un año después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, que acentúa el castigo a los consumidores, al entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el narcotraficante.