La desnutrición y muerte se ceba con los niños mbya guaraníes
Domingo 10 de septiembre de 2006
Además de una pérdida que todavía lloran sus familias, la muerte de veinte chicos mbya en el breve lapso de tres meses representa un terrible mazazo para una comunidad ya de por sí muy diezmada en los últimos años. Aunque no existen censos confiables sobre el número de miembros que la integran, ni mucho menos sobre su distribución por edades, el cruce de algunas cifras permite entrever la gravedad de un fenómeno que las autoridades provinciales se resisten a admitir.
Para entender la crudeza de los hechos, basta comparar las tasas de mortalidad referidas a la población argentina con el registro de muertes de pequeños aborígenes acaecidas en Misiones entre mediados de julio y septiembre. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2004 murieron 7,7 personas por cada mil argentinos de cualquier edad. En el rango etario que va de los uno a los catorce años, el número de chicos fallecidos fue de 1 por cada mil menores.
La falta de datos sobre la constitución de las comunidades indígenas y la inexistencia de un conteo oficial con los nacimientos y las muertes de mbya, hacen imposible establecer los respectivos índices de mortalidad entre los aborígenes. Sin embargo, bastaría con reparar en lo siguiente: si se reparten las veinte muertes recientes entre una población de 5.000 indígenas, la población reconocida por la Dirección de Asuntos Guaraníes, se obtiene un coeficiente de 4 muertes por cada millar de indios.
Esto quiere decir que en solo tres meses, las aldeas mbya sufrieron únicamente atendiendo a los infantes -hay que insistir, sin contabilizar las muertes entre adultos- más de la mitad de las muertes que afectan a la población argentina tomada en su generalidad y en el espacio de doce meses.
Aunque no existen cifras referentes a la distribución por edades de la población guaraní, la simple aritmética permite suponer que, de trazar una tasa de mortalidad entre chicos de 1 a 14 años, el índice superaría ampliamente la tasa de 1 que se obtiene para el conjunto de los chicos argentinos de esa misma edad.
Como en tantos otros casos, la frialdad de los números encuentra su más terrible encarnadura en la realidad. Según el testimonio de Ángela Sánchez, una veterana defensora de la causa de los indígenas misioneros, fundadora de la primera escuela bilingüe que se abrió en la provincia, la sangría de muertes “evitables y tratables” que vive la comunidad de Fortín Mbororé ratifica la peor de las proyecciones.
Sánchez, una docente que desde hace más de veinte años trabaja codo a codo en la más populosa de las aldeas de la provincia, denuncia que en los últimos tiempos han sido más de una quincena las muertes de chicos que año tras año han lamentado en Mbororé.
“No se sabe lo que pasa porque el cacique prohíbe que se divulgue”, comenta esta maestra que integra el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Iguazú para hacer comprensible el que esas muertes no trasciendan, al tiempo que señala que ese ocultamiento se debe a presiones de parte del Gobierno, que condiciona el otorgamiento de ayudas y prebendas a la obediencia que muestren los líderes indígenas.
Engorde de cifras
Para Sánchez, una reconocida activista por los derechos de los mbya, que colaboró durante años con la Dirección de Asuntos Guaraníes, la progresiva desaparición de indígenas locales resultaría todavía más dramática. Seguidillas de muertes como la que se cobró veinte vidas hace unas semanas, tendrían un impacto aún mayor sobre la población aborígen por el simple hecho de que las cifras demográficas están infladas. De acuerdo con la estimación de Sánchez, la nación mbya misionera “difícilmente supera los 3.000 indios”. “No hay más de 45 o 50 comunidades”, dice, para desmentir el número de 70 que propone el gobierno.
La docente, una estudiosa de la historia y la cultura guaraní, apunta que el “engorde” de las cifras no tiene otra finalidad que la de permitir a los responsables de Asuntos Guaraníes magnificar el calado de su trabajo -”sacar rédito político”, dice-, además de convencer a las autoridades de que un grupo indígena más populoso necesita más fondos para ayudas y programas. “No hay más interés que ése”, denuncia Sánchez, una mujer que sigue en contacto continuo con la aldea Mbororé, donde la principal causa de muerte entre los nenes está asociada, como en la mayoría de situaciones, a la desnutrición.
El diagnóstico de Sánchez constituye en realidad el diagnóstico que explica muchas de las muertes de chicos de los últimos meses. A pesar de que a los responsables sanitarios de la provincia les cueste admitir su incidencia, los cuadros de desnutrición serían bastante frecuentes en los poblados. No siempre conducen a la muerte de los chicos, pero sí condicionan gravemente su desarrollo. La monja María Victoria Puertas, del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (Emipa), da fe de ello. “Antes no se veían tantos casos de desnutrición”, dice categórica esta monja española que lleva quince años batallando por el reconocimiento de los derechos de propiedad de los mbya.
No resulta difícil encontrar testimonios que convaliden la opinión de Puertas. Desde la escuela 812 de Pozo Azul, donde habita un grupo de 45 familias mbya, el maestro Rodolfo Fernández llama la atención sobre lo “deficiente” de la alimentación que, de manos del gobierno, reciben los chicos.
Planeando sobre las impresiones que transmite la gente que trabaja sobre el terreno con los aborígenes, están las conclusiones que se derivan de algunos informes de salud oficiales. Informes, dicho sea de paso, cuya difusión puede costarle el puesto a más de un funcionario poco complaciente con la política de silencio que impone el ejecutivo misionero.
Las planillas de exámenes efectuados a niños mbya en el Hospital Samic de Puerto Iguazú son reveladores. En 2005, del total de los 265 menores examinados en su relación peso-edad y peso-talla se observó que 160 presentaban algún tipo de desnutrición. Es decir, el 60%. En total, los casos de desnutrición de grado 3, irreversible según los especialistas, ascendían a 12. Los niños con grado 2 sumaban 45.
Siempre de acuerdo con los números del Hospital Samic, la desnutrición se cebaba especialmente en los más pequeños. Entre los recién nacidos y los bebés de un año, el 30% presentaba cuadros de desnutrición.
Denuncias y malversación
Lejos de ser una novedad, la alarmante situación que afecta a los mbya ha venido siendo denunciada con vehemencia desde distintos frentes. En septiembre del año pasado, el Obispo de Iguazú dirigió un escrito a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación calificando de “escandaloso” lo que estaba aconteciendo en las comunidades de su diócesis.
En un frontal cuestionamiento a la tarea de los funcionarios de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, monseñor Joaquín Piña señalaba “que el Gobierno Provincial ha dejado abandonada a su suerte” a lo guaraníes, advirtiendo que en las aldeas aborígenes se “evidencian los peores casos de desnutrición infantil de la provincia”.
Congruentemente, desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Iguazú, se efectuó en 2004 una denuncia contra el actual director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón. En el alegato se acusaba al funcionario por el desvío “para otros fines” de los fondos presupuestados para la asistencia de las comunidades aborígenes. La denuncia, según ha confirmado a El Territorio su firmante, Adrián Georgopulos, duerme olvidado en un cajón de un juzgado de Eldorado.
A Ángela Sánchez no le sorprende que, en connivencia con otras áreas del actual gobierno, se hagan bajo cuerda manejos que, en vez de asegurar el acceso a la salud de las comunidades mbya y garantizar una alimentación suficiente, agravan la situación de indefensión en la que viven. “A nosotros nos constaba que hasta 2003, se compraba comida para los presos y combustible para el Ministerio de Gobierno con plata destinada originalmente a los aborígenes”, advierte.
El dato
3.000
aborígenes serían los que quedan en Misiones, distribuidos entre 30 o 40 comunidades, según Ángela Sánchez, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Iguazú.
Para entender la crudeza de los hechos, basta comparar las tasas de mortalidad referidas a la población argentina con el registro de muertes de pequeños aborígenes acaecidas en Misiones entre mediados de julio y septiembre. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2004 murieron 7,7 personas por cada mil argentinos de cualquier edad. En el rango etario que va de los uno a los catorce años, el número de chicos fallecidos fue de 1 por cada mil menores.
La falta de datos sobre la constitución de las comunidades indígenas y la inexistencia de un conteo oficial con los nacimientos y las muertes de mbya, hacen imposible establecer los respectivos índices de mortalidad entre los aborígenes. Sin embargo, bastaría con reparar en lo siguiente: si se reparten las veinte muertes recientes entre una población de 5.000 indígenas, la población reconocida por la Dirección de Asuntos Guaraníes, se obtiene un coeficiente de 4 muertes por cada millar de indios.
Esto quiere decir que en solo tres meses, las aldeas mbya sufrieron únicamente atendiendo a los infantes -hay que insistir, sin contabilizar las muertes entre adultos- más de la mitad de las muertes que afectan a la población argentina tomada en su generalidad y en el espacio de doce meses.
Aunque no existen cifras referentes a la distribución por edades de la población guaraní, la simple aritmética permite suponer que, de trazar una tasa de mortalidad entre chicos de 1 a 14 años, el índice superaría ampliamente la tasa de 1 que se obtiene para el conjunto de los chicos argentinos de esa misma edad.
Como en tantos otros casos, la frialdad de los números encuentra su más terrible encarnadura en la realidad. Según el testimonio de Ángela Sánchez, una veterana defensora de la causa de los indígenas misioneros, fundadora de la primera escuela bilingüe que se abrió en la provincia, la sangría de muertes “evitables y tratables” que vive la comunidad de Fortín Mbororé ratifica la peor de las proyecciones.
Sánchez, una docente que desde hace más de veinte años trabaja codo a codo en la más populosa de las aldeas de la provincia, denuncia que en los últimos tiempos han sido más de una quincena las muertes de chicos que año tras año han lamentado en Mbororé.
“No se sabe lo que pasa porque el cacique prohíbe que se divulgue”, comenta esta maestra que integra el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Iguazú para hacer comprensible el que esas muertes no trasciendan, al tiempo que señala que ese ocultamiento se debe a presiones de parte del Gobierno, que condiciona el otorgamiento de ayudas y prebendas a la obediencia que muestren los líderes indígenas.
Engorde de cifras
Para Sánchez, una reconocida activista por los derechos de los mbya, que colaboró durante años con la Dirección de Asuntos Guaraníes, la progresiva desaparición de indígenas locales resultaría todavía más dramática. Seguidillas de muertes como la que se cobró veinte vidas hace unas semanas, tendrían un impacto aún mayor sobre la población aborígen por el simple hecho de que las cifras demográficas están infladas. De acuerdo con la estimación de Sánchez, la nación mbya misionera “difícilmente supera los 3.000 indios”. “No hay más de 45 o 50 comunidades”, dice, para desmentir el número de 70 que propone el gobierno.
La docente, una estudiosa de la historia y la cultura guaraní, apunta que el “engorde” de las cifras no tiene otra finalidad que la de permitir a los responsables de Asuntos Guaraníes magnificar el calado de su trabajo -”sacar rédito político”, dice-, además de convencer a las autoridades de que un grupo indígena más populoso necesita más fondos para ayudas y programas. “No hay más interés que ése”, denuncia Sánchez, una mujer que sigue en contacto continuo con la aldea Mbororé, donde la principal causa de muerte entre los nenes está asociada, como en la mayoría de situaciones, a la desnutrición.
El diagnóstico de Sánchez constituye en realidad el diagnóstico que explica muchas de las muertes de chicos de los últimos meses. A pesar de que a los responsables sanitarios de la provincia les cueste admitir su incidencia, los cuadros de desnutrición serían bastante frecuentes en los poblados. No siempre conducen a la muerte de los chicos, pero sí condicionan gravemente su desarrollo. La monja María Victoria Puertas, del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (Emipa), da fe de ello. “Antes no se veían tantos casos de desnutrición”, dice categórica esta monja española que lleva quince años batallando por el reconocimiento de los derechos de propiedad de los mbya.
No resulta difícil encontrar testimonios que convaliden la opinión de Puertas. Desde la escuela 812 de Pozo Azul, donde habita un grupo de 45 familias mbya, el maestro Rodolfo Fernández llama la atención sobre lo “deficiente” de la alimentación que, de manos del gobierno, reciben los chicos.
Planeando sobre las impresiones que transmite la gente que trabaja sobre el terreno con los aborígenes, están las conclusiones que se derivan de algunos informes de salud oficiales. Informes, dicho sea de paso, cuya difusión puede costarle el puesto a más de un funcionario poco complaciente con la política de silencio que impone el ejecutivo misionero.
Las planillas de exámenes efectuados a niños mbya en el Hospital Samic de Puerto Iguazú son reveladores. En 2005, del total de los 265 menores examinados en su relación peso-edad y peso-talla se observó que 160 presentaban algún tipo de desnutrición. Es decir, el 60%. En total, los casos de desnutrición de grado 3, irreversible según los especialistas, ascendían a 12. Los niños con grado 2 sumaban 45.
Siempre de acuerdo con los números del Hospital Samic, la desnutrición se cebaba especialmente en los más pequeños. Entre los recién nacidos y los bebés de un año, el 30% presentaba cuadros de desnutrición.
Denuncias y malversación
Lejos de ser una novedad, la alarmante situación que afecta a los mbya ha venido siendo denunciada con vehemencia desde distintos frentes. En septiembre del año pasado, el Obispo de Iguazú dirigió un escrito a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación calificando de “escandaloso” lo que estaba aconteciendo en las comunidades de su diócesis.
En un frontal cuestionamiento a la tarea de los funcionarios de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, monseñor Joaquín Piña señalaba “que el Gobierno Provincial ha dejado abandonada a su suerte” a lo guaraníes, advirtiendo que en las aldeas aborígenes se “evidencian los peores casos de desnutrición infantil de la provincia”.
Congruentemente, desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Iguazú, se efectuó en 2004 una denuncia contra el actual director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón. En el alegato se acusaba al funcionario por el desvío “para otros fines” de los fondos presupuestados para la asistencia de las comunidades aborígenes. La denuncia, según ha confirmado a El Territorio su firmante, Adrián Georgopulos, duerme olvidado en un cajón de un juzgado de Eldorado.
A Ángela Sánchez no le sorprende que, en connivencia con otras áreas del actual gobierno, se hagan bajo cuerda manejos que, en vez de asegurar el acceso a la salud de las comunidades mbya y garantizar una alimentación suficiente, agravan la situación de indefensión en la que viven. “A nosotros nos constaba que hasta 2003, se compraba comida para los presos y combustible para el Ministerio de Gobierno con plata destinada originalmente a los aborígenes”, advierte.
El dato
3.000
aborígenes serían los que quedan en Misiones, distribuidos entre 30 o 40 comunidades, según Ángela Sánchez, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Iguazú.
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