Esperan medida de no innovar para frenar el Parque Fluvial
Jueves 27 de noviembre de 2008
Los trabajadores del Parque Nacional Iguazú realizaron ayer una asamblea y están a la espera de la presentación de la medida de no innovar por parte de los abogados constitucionalistas de la Administración de Parques, ya que cuestionan la creación del Parque Fluvial Iguazú.
Para mañana, los trabajadores convocaron a otra asamblea a las 20 en la intendencia del Parque Iguazú para juntar firmas en contra de “la provincialización del río”, tras la promulgación, el 12 de noviembre, de la ley provincial que crea el cuestionado parque.
Los Parques Nacionales de todo el país se declararon en alerta ante hechos que repercuten en las reservas ecológicas por parte de empresas privadas y los gobiernos provinciales.
El nuevo parque
De acuerdo con la promulgada ley, el Parque fluvial de la provincia comprenderá el sector argentino del río Iguazú, desde la línea de ribera en costa argentina hasta el límite internacional con el Brasil y desde el límite Este de la provincia (desembocadura en el Río Iguazú del arroyo San Antonio), hasta una línea imaginaria, como límite al Oeste, trazada 200 metros aguas arriba del emplazamiento del Puente Internacional Tancredo Neves, como así también las islas formadas en el lado argentino del cauce.
En el Parque recientemente creado se comprende a las Cataratas con la categoría adicional de “paisaje especialmente protegido”.
La ley también consigna que el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo deberá adoptar las medidas necesarias a fin de proceder al relevamiento, delimitación y determinación de la superficie afectada, que forma el Parque Provincial del Río Iguazú, como así también a confeccionar el Plan de Manejo, Conservación y Gestión del Parque Provincial y áreas naturales protegidas que creó la Ley provincial 4467 y que promulgó el Ejecutivo provincial con el Decreto 2338.
Objeciones
Pero para la Administración de Parques Nacionales esta ley se contrapone a la ley 12.103/34 de creación del Parque Nacional Iguazú y el decreto 100.133 del año 1941 que determina los límites “artículo 3: al Norte, el río Iguazú desde su desembocadura en el río alto Paraná hasta el esquinero Noroeste de la Colonia Manuel Belgrano”.
En ese contexto, el Parque Nacional Iguazú recibió el apoyo de los trabajadores de las áreas protegidas del país que esperan el pronunciamiento del presidente del directorio de Parques Nacionales, Héctor Espina.
“Es cuestión de concientizar a la gente, esto es sumamente político y tiene que ser tratado políticamente, pero para nosotros no es justo que quieran destrozar tantos años de trabajo en la conservación”, señaló Gladis Fatori, delegada del PNI en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Antes de la promulgación de la ley de creación del Parque Fluvial, los vecinos de Iguazú ya se habían autovocado para juntar firmas en contra del proyecto provincial.
Los Parques en alerta
De acuerdo con Fatori, desde la Dirección del interior de Parques Nacionales comunicaron que también hay conflictos similares en otros puntos del país. “Amenazan con un camino que atravesará la parte más ancha de la Reserva Natural Otamendi (ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, en la margen del río Paraná de las Palmas) para favorecer a un barrio privado de la empresa Brenna y Asociados”.
Respecto al Parque Fluvial opinó que se trata de “una avanzada provincial contra el Parque Nacional Iguazú para que pueda ser deglutido en pocos años por el voraz comercio turístico”.
Se refiere a supuestos intereses económicos en la explotación turística de los recursos naturales que también fue denunciada por Parques Nacionales.
Pelea judicial Nación vs. Provincia
La creación del Parque Fluvial del río Iguazú disparó la pelea judicial entre Parques Nacionales y el gobierno provincial.
La ley 4467 aprobada por la Cámara de Representantes el 30 de octubre quedó sancionada y Parques Nacionales aguardaba este paso para realizar una presentación en la Justicia, según habían adelantado por superposición de leyes.
El directorio de la Administración de ese organismo cuenta con el asesoramiento de abogados constitucionalistas para avanzar en la presentación judicial. El intendente del Parque Nacional Iguazú viajó a Buenos Aires para analizar con el directorio la presentación ante la Corte Suprema de Justicia. La administración central entiende que la ley provincial se superpone con la Nacional que fija los límites del Parque Nacional.
En la solicitud se pide que la conservación se mantenga a cargo del organismo nacional, como desde la creación de los Parques Nacionales, hace 105 años, cuando por la ley 6712 de 1909 permitió al Ejecutivo Nacional adquirir las tierras comprendidas entre el río Iguazú y el Paraná con acceso a sus Cataratas.
En el año 2003, la Provincia promovió la provincialización del Parque Iguazú, propuesta que quedó sin efecto.
Áreas protegidas, desprotegidas
Referentes de asociaciones ambientalistas, en tanto, hablaron sobre el parque Fluvial y aunque manifestaron desconocer el objetivo de la ley, cuestionaron a la Provincia en cuanto a la protección de áreas declaradas protegidas.
El ingeniero forestal Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre, señaló que “existen probadas muestras de que Parques Nacionales fue muy eficiente por más de 70 años y que el área protegida no está desprotegida; pero independientemente existe gran cantidad de áreas declaradas protegidas que no tiene protección en la provincia”.
Al respecto, Jaramillo dio el ejemplo del Parque Provincial Segismundo Welcz, creado en agosto de 2007 ubicado en Colonia Manuel Belgrano. En el área dijo que hay dos ocupantes ilegales.
Por su parte, Rulo Bregagnolo, de la asociación Cuña Pirú, dijo que siempre será bienvenido si se suman parques a las áreas protegidas, aunque manifestó que no tiene claro cuál es el conflicto. “Pero dudo que Parques actúe sin conocimiento y lo mismo pienso de la Provincia”, indicó.
Además agregó “qué bueno si de una vez por todas se hacen mayores controles de talas o si Diputados se ocupa del ordenamiento territorial que exige la Ley Bonasso”.
Para mañana, los trabajadores convocaron a otra asamblea a las 20 en la intendencia del Parque Iguazú para juntar firmas en contra de “la provincialización del río”, tras la promulgación, el 12 de noviembre, de la ley provincial que crea el cuestionado parque.
Los Parques Nacionales de todo el país se declararon en alerta ante hechos que repercuten en las reservas ecológicas por parte de empresas privadas y los gobiernos provinciales.
El nuevo parque
De acuerdo con la promulgada ley, el Parque fluvial de la provincia comprenderá el sector argentino del río Iguazú, desde la línea de ribera en costa argentina hasta el límite internacional con el Brasil y desde el límite Este de la provincia (desembocadura en el Río Iguazú del arroyo San Antonio), hasta una línea imaginaria, como límite al Oeste, trazada 200 metros aguas arriba del emplazamiento del Puente Internacional Tancredo Neves, como así también las islas formadas en el lado argentino del cauce.
En el Parque recientemente creado se comprende a las Cataratas con la categoría adicional de “paisaje especialmente protegido”.
La ley también consigna que el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo deberá adoptar las medidas necesarias a fin de proceder al relevamiento, delimitación y determinación de la superficie afectada, que forma el Parque Provincial del Río Iguazú, como así también a confeccionar el Plan de Manejo, Conservación y Gestión del Parque Provincial y áreas naturales protegidas que creó la Ley provincial 4467 y que promulgó el Ejecutivo provincial con el Decreto 2338.
Objeciones
Pero para la Administración de Parques Nacionales esta ley se contrapone a la ley 12.103/34 de creación del Parque Nacional Iguazú y el decreto 100.133 del año 1941 que determina los límites “artículo 3: al Norte, el río Iguazú desde su desembocadura en el río alto Paraná hasta el esquinero Noroeste de la Colonia Manuel Belgrano”.
En ese contexto, el Parque Nacional Iguazú recibió el apoyo de los trabajadores de las áreas protegidas del país que esperan el pronunciamiento del presidente del directorio de Parques Nacionales, Héctor Espina.
“Es cuestión de concientizar a la gente, esto es sumamente político y tiene que ser tratado políticamente, pero para nosotros no es justo que quieran destrozar tantos años de trabajo en la conservación”, señaló Gladis Fatori, delegada del PNI en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Antes de la promulgación de la ley de creación del Parque Fluvial, los vecinos de Iguazú ya se habían autovocado para juntar firmas en contra del proyecto provincial.
Los Parques en alerta
De acuerdo con Fatori, desde la Dirección del interior de Parques Nacionales comunicaron que también hay conflictos similares en otros puntos del país. “Amenazan con un camino que atravesará la parte más ancha de la Reserva Natural Otamendi (ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, en la margen del río Paraná de las Palmas) para favorecer a un barrio privado de la empresa Brenna y Asociados”.
Respecto al Parque Fluvial opinó que se trata de “una avanzada provincial contra el Parque Nacional Iguazú para que pueda ser deglutido en pocos años por el voraz comercio turístico”.
Se refiere a supuestos intereses económicos en la explotación turística de los recursos naturales que también fue denunciada por Parques Nacionales.
Pelea judicial Nación vs. Provincia
La creación del Parque Fluvial del río Iguazú disparó la pelea judicial entre Parques Nacionales y el gobierno provincial.
La ley 4467 aprobada por la Cámara de Representantes el 30 de octubre quedó sancionada y Parques Nacionales aguardaba este paso para realizar una presentación en la Justicia, según habían adelantado por superposición de leyes.
El directorio de la Administración de ese organismo cuenta con el asesoramiento de abogados constitucionalistas para avanzar en la presentación judicial. El intendente del Parque Nacional Iguazú viajó a Buenos Aires para analizar con el directorio la presentación ante la Corte Suprema de Justicia. La administración central entiende que la ley provincial se superpone con la Nacional que fija los límites del Parque Nacional.
En la solicitud se pide que la conservación se mantenga a cargo del organismo nacional, como desde la creación de los Parques Nacionales, hace 105 años, cuando por la ley 6712 de 1909 permitió al Ejecutivo Nacional adquirir las tierras comprendidas entre el río Iguazú y el Paraná con acceso a sus Cataratas.
En el año 2003, la Provincia promovió la provincialización del Parque Iguazú, propuesta que quedó sin efecto.
Áreas protegidas, desprotegidas
Referentes de asociaciones ambientalistas, en tanto, hablaron sobre el parque Fluvial y aunque manifestaron desconocer el objetivo de la ley, cuestionaron a la Provincia en cuanto a la protección de áreas declaradas protegidas.
El ingeniero forestal Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre, señaló que “existen probadas muestras de que Parques Nacionales fue muy eficiente por más de 70 años y que el área protegida no está desprotegida; pero independientemente existe gran cantidad de áreas declaradas protegidas que no tiene protección en la provincia”.
Al respecto, Jaramillo dio el ejemplo del Parque Provincial Segismundo Welcz, creado en agosto de 2007 ubicado en Colonia Manuel Belgrano. En el área dijo que hay dos ocupantes ilegales.
Por su parte, Rulo Bregagnolo, de la asociación Cuña Pirú, dijo que siempre será bienvenido si se suman parques a las áreas protegidas, aunque manifestó que no tiene claro cuál es el conflicto. “Pero dudo que Parques actúe sin conocimiento y lo mismo pienso de la Provincia”, indicó.
Además agregó “qué bueno si de una vez por todas se hacen mayores controles de talas o si Diputados se ocupa del ordenamiento territorial que exige la Ley Bonasso”.
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