Vuelven a pedir que los represores vayan a cárceles comunes

Los querellantes en la causa por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) insistieron hoy para que los represores cumplan la prisión preventiva en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal, indicaron fuentes tribunalicias.
Mediante un escrito de 14 páginas,, los letrados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón le efectuaron el pedido al juez federal Sergio Torres, ante quien denunciaron un "abuso" de parte de los oficiales detenidos en los pedidos de autorización para concurrir a establecimientos médicos.
En la presentación también se reclama una investigación acerca de si "agentes y/o autoridades de la Armada Argentina" incurrieron en delitos como falsificación de documentos o certificados médicos para "soslayar la medida cautelar privativa de libertad oportunamente impuesta".
En ese sentido citaron, entre otros, el caso de Oscar Lanzón, a quien se le concedió permiso para concurrir a un grupo de Alcohólicos Anónimos que funciona en la parroquia Espíritu Santo, en Pacheco 2059 de esta ciudad; tres veces por semana durante dos horas, y se preguntaron "a cuántos alcohólicos presos en cárceles comunes se les ha dado ese privilegio".
"Mientras no se resuelvan dichos traslados, solicitamos se ordene que todo egreso por razones médicas sea fundado, acompañándose certificados -en original- y se informe el tratamiento por el cual se peticiona", dijeron los querellantes.
Los abogados explicaron que existió "un modo de solicitar egresos reiterados e infundados por parte de la Armada Argentina, a favor de los imputados en esta causa, que no fueron debidamente solicitados ni otorgados".
Afirmaron que "debe existir un cambio de criterio en su tratamiento, para que no se continúe violando la medida cautelar impuesta", es decir la prisión preventiva.
Ironizaron que "si tantas dolencias tienen los miembros y ex miembros de la Armada, nada mejor que sean alojados en lugares de detención que cuentan con servicio médico y que sólo excepcionalmente -según la especialidad o complejidad de la consulta- puedan solicitar su egreso de esa dependencia".
También afirmaron que la Armada "no informó el estado de cada uno de los supuestos tratamientos médicos" que dicen haber recibido los represores por lo que quieren que se investigue "si nos hallamos en presencia de la comisión de delitos -como la falsedad ideológica de instrumentos públicos, entre otros tipos penales- para sortear la imposición de la prisión preventiva".
Para ello hacen un extenso detalle de las autorizaciones para "justificar y autorizar los egresos de cada uno de los imputados" y recuerdan el caso del destituido capitán Alfredo Astiz, quien "cumple prisión preventiva en la Base Naval de Zárate cuando ya no pertenece a la Armada y ésta insiste en requerir sus salidas" al que se le concedió una "autorización de carácter amplio".
Por esos motivos reclamaron que "se ordene el traslado de los imputados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de que tengan tratamiento y custodia penitenciarios" y que "todo egreso por razones médicas deberá fundarse debidamente" mediante "certificados originales e información del tratamiento por el que se solicita".
También reclamaron que se extraigan testimonios para que la Cámara Federal sortee un juzgado a los efectos de investigar si "autoridades de la Armada Argentina" incurrieron en delitos como la falsificación de documentos o certificados médicos para "soslayar la medida cautelar privativa de libertad oportunamente impuesta".