“La pena de muerte no disminuye en nada los índices de criminalidad”

Domingo 8 de marzo de 2009
El debate sobre la puesta en vigencia de la pena de muerte en el Sistema Penal nacional se desató hace pocos días a causa del asesinato del florista de Susana Giménez, quien declaró que “hay que matar a los que matan”.
Para conocer el parecer de una de las eminencias de la Criminología actual argentina El Territorio se contactó con el experto penalista argentino Elías Neuman. 
El abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA) aseveró que “no cabe duda alguna que la pena de muerte no incide en la disminución de los índices del delito, ya que esta problemática no sólo está relacionada con la violencia. Sino que para su análisis se debería tener en consideración a los factores sociales, económicos, culturales. Es una pústula que sale cuando debajo de la piel algo anda muy mal”.
El también docente del posgrado en Criminología y Victimología en la Facultad de Derecho (UBA) opinó que “un ejemplo paradigmático es el de los Estados Unidos, donde cada estado decide si implementa la pena capital. Allí se da el caso que en las jurisdicciones con el citado castigo se producen más delitos que lo ocurrido en las prohibitivas de la sanción letal”.

Por agitaciones
Al ser consultado sobre el pedido de algunos sectores para crear la figura de la pena capital, el especialista dijo que “resulta paradojal que el Estado quiera enseñar a no matar matando. Y la pena de muerte, según se ha estudiado en los Estados Unidos (en 37 estados se aplica, con la particularidad de que la mayoría de los que van a morir son negros o hispanos), va más allá de lo que dice la ley hasta convertirse en un tormento. Los seres humanos no sabemos cuándo vamos a morir. Entra en el orden mágico e imprevisto. El condenado sí sabe el día y hora exactos, ahí empieza su calvario”.
Con ese panorama, Neuman no tarda en declarar que “la pena de muerte no disuade ni siquiera intimida a los delincuentes”.
Además el docente es miembro titular de la Sociedad Internacional de Criminología y de la Sociedad Mundial de Victimología, posee la autoría de una veintena de textos, entre los que se destacan: La pena de muerte en tiempos de neoliberalismo (2004), Los que viven del delito y los otros (1997), entre otros. 
A la hora de analizar las palabras de la diva de los teléfonos al exigir la pena capital para todo el territorio argentino, el criminólogo destacó que “es muy peligroso que gente que pueda influir sobre la opinión pública salga a declarar con liviandad sobre una cuestión tan profunda y delicada como lo es la pena de muerte, y encima con ideas muy mal elaboradas y sin sustento empírico alguno”.
Según su visión, “el temor a la inseguridad concreta por los delitos urbanos hace que la gente llegue a la conclusión de que la justicia es venganza. Pero son cosas distintas. Quieren que el Estado aplique la pena de muerte, es decir, que el Estado enseñe a no matar matando”.
El profesor en la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora comentó que un argentino está en la picota de la pena capital por estos días en el país del norte. Se trata de Víctor Saldaño. Su madre, Lidia Guerrero, no minimiza los cargos que se le imputan a su hijo, que asesinó a sangre fría a un hombre al que asaltó hace más de diez años. Pero la mujer señaló que la pena de muerte es “una venganza del Estado, que sólo recae en los pobres, sobre los que no pueden pagar un abogado”.


No existe un derecho para matar
Misiones no está ajena a la discusión sobre el establecimiento de la pena de muerte para el sistema penal argentino.
El titular del Colegio de Abogados, Rodrigo Bacigalupi, afirmó que “con relación a la pena de muerte, estoy convencido de que ningún ser humano cuenta con el derecho a disponer de la vida de otro. En este sentido, si entendemos viable la pena de muerte, debemos aceptar como también viable la muerte violenta causada por un delincuente, ambas cosas son inconcebibles en un Estado de derecho”.
Agregó que “no existe un derecho a matar, el ser humano está llamado a defender la vida y cualquier desviación a este principio básico puede tener consecuencias impredecibles y nefastas para una sociedad organizada. Se comprende la profunda herida que causa una muerte a familiares y amigos. Pero matar al autor del crimen no soluciona la criminalidad. Si así fuera, los países que han adoptado la pena de muerte deberían estar libres de delitos y sin embargo continúan ejecutando seres humanos con condenas que en varios casos han sido injustamente aplicadas, y el error en estos casos no puede ser revertido”.
Otra de las voces que se sumó a la discusión fue la de la jueza Carmen Argibay. La integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que “la Constitución argentina no permite la pena de muerte. Cuando se la reclama, lo que se está pidiendo es que se viole a la Constitución Nacional”.
Advirtió que una forma integral de combatir a la inseguridad implicará más programas de inclusión, prevención y educación.