En Posadas unas 100 familias deben abandonar la vía pública

El drama de vivir en terrenos fiscales y privados ajenos se acentuó ayer para unas 300 personas de las chacras 247, 252 y el barrio Las Tacuaritas, todos asentamientos irregulares radicados al Oeste de esta ciudad capital.
Desde principios de mes, mediante la Dirección de Inspección y Servicios, la Municipalidad comunicó a unas 60 familias que deben desalojar los espacios públicos en los que viven desde hace más de diez años, ubicados en la avenida Vivanco, entre Comandante Andresito y Bustamante.
Precisamente, la mayoría de las familias están sobre la avenida Vivanco, la que pierde su ancho original a partir de la intersección con la continuación de la avenida Bustamante.
En esos asentamientos de las chacras 247 y 252, ayer se desarrollaron dos reuniones con carácter de urgente y obligatorio, puesto que si bien el desalojo no se concretaría de manera inmediata, deben resolver los pasos a seguir ante el inminente final que se avecina: el abandono de los terrenos y sus precarias viviendas.
De la misma forma se procedió con unas 45 familias que viven en el barrio Las Tacuaritas, ubicado a metros del acceso al paraje Itaembé Miní.
En los dos casos, la liberación de terrenos privados y espacios públicos se debe a la urbanización de la ciudad que no cesa en esos sectores de la capital provincial. La edificación de más complejos habitacionales estarían apurando la ejecución municipal que se registra en el Juzgado de Faltas número 2 de Posadas.
Desde la Dirección de Inspección y Servicios de la Municipalidad, se informó que si bien esa área simplemente concretó el anuncio que dictamina el oficio, a la vez debe continuar los pasos legales y cumplir con las ordenanzas en vigencia.
Oscar Lobato, el responsable de la Dirección, aseguró que mediante la ordenanza 205/98, se frenaron los desalojos hasta tanto el municipio encuentre otros terrenos para poder trasladar a las familias que deben liberar los espacios públicos.
La ordenanza contempla además el funcionamiento de un Fondo de Tierras con el objetivo de regularizar la situación de los intrusos en la ciudad capital.
La desesperación y desconcierto de esas familias -muchas de ellas viven desde hace más de 10 años en esos terrenos-, las llevó a presentarse ayer en el Concejo Deliberante en donde expusieron sus miedos y también intervino en la situación la Defensoría del Pueblo.

“Enganchados y colgados”
Los habitantes de las chacras 147 y 252 hasta temieron que ayer el municipio procediera con los desalojos.
 “Escuchamos máquinas y creímos que iban a tumbar nuestras casas, pero menos mal que nada pasó”, dijo uno de los vecinos que en el portal de su humilde vivienda, donde empezaron a reunirse los vecinos que recibieron la orden de desalojo hace menos de una semana.
“Acá todos estamos enganchados al servicio de agua potable y colgados a la luz, no tenemos otra alternativa”, dijo un joven, también preocupado por lo que pueda pasar de aquí en más.
Víctor Ezquivel y Alcira Méndez viven hace 15 y 20 años respectivamente en esos terrenos que ahora deben abandonar. “Nunca nos censaron”, advirtieron y en las reuniones que se desarrollarán en el barrio pedirán iniciar los pedidos de viviendas nuevas.
Rito Giménez, ex presidente de la comisión barrial que ya se fracturó, explicó que todos son conscientes de que viven en espacios públicos y que pronto empezarán a construir más viviendas. “Acá el problema es la mensura de los terrenos, nunca se hicieron y además sabemos que muchos de nosotros vivimos en terrenos que pertenecen a una mujer que vive en el Chaco", aclaró.
“Por ahora intimaron a unas 60 familias, pero acá viven en situación irregular más de 100 familias y creo que se debe encontrar una solución antes de desalojarnos”, exclamó, mientras se disparaba una nueva reunión por los pasillos de un barrio que está asentado en medio de la avenida Vivanco, la última de la ciudad al Oeste.