Videla se negó a declarar en una causa por delitos de "lesa humanidad"

El ex dictador Jorge Rafael Videla se negó a declarar hoy ante la justicia en una causa en la que se lo investiga por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la provincia de Córdoba durante la última dictadura militar.
A esos efectos la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano y funcionarios judiciales de esa provincia se constituyeron en el despacho del juez federal Guillermo Montenegro, el mismo magistrado que también investiga a Videla en el marco del denominado Plan Cóndor.
En diálogo con una agencia de noticias el abogado Adolfo Casabal Elía, quien asistió a Videla en el acto de la indagatoria, confirmó que el ex dictador se negó a contestar preguntas aunque "antes aclaró que se hacía cargo de todo lo actuado en su carácter de comandante en Jefe y descargó de responsabilidad a sus subordinados".
El letrado -el mismo profesional que, asiste entre otros, al ex comisario Miguel Etchecolatz y a varios represores de la última dictadura- también indicó que Videla "no designó abogado defensor" y su actuación profesional se limitó a "este acto puntual".
Videla es investigado por la justicia cordobesa en la denominada causa Mackentor, una constructora intervenida por el gobierno militar con el argumento de que era "un sostén financiero de la subversión". Los funcionarios provinciales llegaron a esta Capital para interrogarlo puntualmente sobre un desprendimiento de la causa Mackentor.
A los efectos de ser indagado por la magistrada cordobesa el ex dictador fue trasladado a los tribunales de la zona de Retiro a las 8.59 desde su domicilio donde cumple prisión domiciliaria.
Vestido con sobrio traje gris, con chaleco del mismo color, camisa y corbata, y llevando una carpeta en su mano derecha, Videla fue ingresado por una puerta lateral de los tribunales de la zona de Retiro y conducido directamente al cuarto piso del edificio donde tiene su despacho el juez Montenegro.
En su negativa a declarar ante la jueza cordobesa, Videla insistió en sus reiterados reclamos -todos ya rechazados por la justicia en diversas oportunidades- de ser juzgado por tribunales castrenses algo que hasta la Corte Suprema declaró inaceptable.