Justicia belga pospuso decisión sobre pedido de extradición de Puigdemont

El líder independentista catalán, Carles Puigdemont, deberá comparecer de nuevo el 4 de diciembre ante el juez en Bruselas encargado de decidir sobre su extradición, una petición de la justicia española que ayer apoyó la fiscalía belga.
“El fiscal pidió la aplicación de la euro-orden” ante el juez, informó a los periodistas uno de sus abogados, Christophe Marchand, al término de la audiencia celebrada en el imponente Palacio de Justicia de Bruselas.
El presidente catalán cesado y cuatro ex consejeros de su gobierno, sobre quienes también pesa una euro-orden, lograron esquivar a la horda de fotógrafos y cámaras a su llegada al tribunal, que fue anunciada por su entorno.

Aunque la fiscalía pidió la aplicación del mandato detención, pese a que no todos los cargos que se les imputan tienen equivalentes en el derecho belga, el magistrado pospuso su decisión y convocó una nueva vista.
El 4 de diciembre, la defensa, que piensa denunciar un “proceso político” en España que refleja a su juicio la “histeria judicial” de Madrid en este caso, podrá presentar sus alegatos contra la extradición.
La declaración unilateral de independencia de esta región del noreste de España el 27 de octubre llevó al gobierno español a cesar a todo el Poder Ejecutivo catalán, poner la autonomía bajo su tutela y convocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.
A finales de octubre, los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica, mientras que ocho de sus compañeros, que comparecieron ante la justicia española, se encuentran en prisión preventiva y un último quedó en libertad bajo fianza.
El 3 de noviembre, una magistrada española emitió euro-órdenes de entrega contra Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, a quienes acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
El fiscal belga consideró este viernes que los motivos de las acusaciones de rebelión y sedición tenían equivalentes en el derecho belga, pero no así el cargo de prevaricación, según los abogados.
El Ministerio Público considera que los hechos no son constitutivos de corrupción, como se argumenta en la euro-orden, sino que deben considerarse como de “coalición de funcionarios y malversación por parte de funcionarios”, precisaron.

El trámite  judicial se extendería hasta enero
BRUSELAS. Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica hasta al menos fines del mes de enero, según los juristas consultados por los medios internacionales.
Mientras tanto, las cinco personas  no pueden salir de Bélgica sin autorización del juez que lleva adelante la referida causa.
Además los ex funcionarios catalanes tienen el deber de comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones judiciales y policiales, tal y como decretó el juez el 5 de noviembre después de que se entregaran.
La estancia de Carles  Puigdemont en Bélgica puso en un aprieto al gobierno de coalición belga liderado por el sector francófono-valón.
Además esa situación generó diversos roces con el Poder Ejecutivo de Mariano Rajoy, molesto por los llamados al diálogo y la condena de la violencia en Cataluña de su homólogo belga.
Pocos son los casos en los que se rechaza la ejecución de una euro-orden, puesto que este procedimiento se basa en el principio de “confianza mutua” entre sistemas judiciales que se presuponen cercanos.