El STJ accedió a revisar la carátula del caso Guirula

La defensa de la oficial Lourdes Tabárez, quien está imputada por el delito de “tortura seguida de muerte” en perjuicio del albañil Carlos Guirula (33), realizó una presentación de casación y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) admitió revisar la calificación de los delitos que se le imputan, y la posibilidad de revocar la orden de detención.
La medida fue confirmada ayer por los abogados Alejandro Jabornicky y Alberto Kühle, quienes llegaron a esta instancia tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones en noviembre pasado y el rechazo al pedido de prisión domiciliaria efectuada para que Tabárez pueda cuidar a su hija en mayo último.
En declaraciones a El Territorio, Jabornicky consideró que la admisión es muy importante ya que no se da en casos donde la primera resolución por parte de la instrucción tiene una carátula. Lo habitual es que el STJ actúe cuando ya hay una condena, algo que en este caso aún no ocurrió.
Esta decisión del STJ habilita a los jueces a realizar la revisión de la causa instruida por el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, y entre los argumentos que utiliza la defensa se destaca que la imputada ha sido discriminada por su condición de ser la única mujer en el procedimiento y estar a cargo de éste.
En ese sentido, los letrados solicitan el cambio de caratula, realizando la conceptualización del termino “tortura”, y consideran que existieron “lesiones y resistencia a la autoridad”, reconociendo que fracasó el “control de la ira” y responsabiliza de la muerte del albañil, exclusivamente al oficial Escobar, perteneciente al Comando Radioeléctrico, que también actuó esa madrugada.

Otros procesados
En agosto del año pasado, el juez Cardozo le dictó la prisión preventiva a Lourdes Beatriz Tabárez, al sargento primero Claudio Marcelo Servián y al agente Carlos Da Silva, todos de la Seccional Decimotercera; y a los cabos primeros Lucas Nahuel Saravia y Ricardo Escobar, ambos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno, por el delito de “torturas seguida de muerte agravada”. También al oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak, del Comando Radioeléctrico, quien está acusado de “omisión funcional para evitar torturas”.
Los respectivos defensores de los acusados apelaron, pero la Sala I de la Cámara, compuesta por los jueces Ricardo Venialgo y Marina Ruth Di Laccio, avaló la decisión del magistrado de primera instancia.
Entonces, Jabornicky recurrió en queja ante el STJ, que analizará el recurso. El letrado consideró que hasta puede caber la figura de “apremios ilegales, pero de ninguna manera existió tortura en el caso donde murió Guirula”.

El hecho
El sábado 19 de julio de 2014, Carlos Guirula y dos amigos entraron al motel Park (Andresito y Santa Catalina) con dos prostitutas. Cuando ya se retiraban, el albañil tuvo una discusión con el conserje, porque se negaba a pagar la cuenta de lo que había consumido. Consideraba que lo que le querían cobrar era excesivo. Desde el albergue transitorio llamaron a la Policía y al rato cuatro patrulleros llegaron al lugar.
Guirula, tras ser reducido y esposado, recibió una paliza brutal que hizo que llegara muerto en el patrullero en el que lo trasladaron a la Comisaría Decimotercera. El hecho fue muy resonante en la provincia y a nivel nacional.
Jabornicky explicó que hay pruebas y condiciones dentro de la causa que muestran claramente que no existió tortura hacia la víctima. “Puede caber una calificación por apremios pero no de tortura a una persona en la vía pública, menos afuera de un motel. Eso se hace en la clandestinidad, en un sótano, eso es tortura, como se hacía en la época de la dictadura”, consideró.
Ahora resta esperar una definición del Superior Tribunal de Justicia, pero de todas maneras el abogado adelantó que la causa está lejos de llegar a juicio porque hay “muchas irregularidades”, y en caso de no tener un fallo esperado por esta instancia, acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.