El hermano de la pasera asesinada sospecha de encubrimiento policial

El apartamiento de tres policías de la investigación por el asesinato de la pasera  paraguaya Leopoldina Rojas de Ferreira (50) en la localidad de Puerto Iguazú y el poco avance que tuvo la causa a casi dos meses del hecho, despertó sospechas en la familia de la mujer respecto a lo que creen se trataría de "un grave encubrimiento policial”.
Se trata de dos suboficiales y un oficial que en pocas semanas de trabajo habrían avanzado tras pistas firmes que aparentemente llevarían a esclarecer el hecho, pero fueron trasladados a otras localidades y apartados de las tareas investigativas en un supuesto proceso de reestructuración de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de las Cataratas.
Estos traslados no pasaron desapercibidos y motivaron los reclamos de los familiares de la pasera, que esperan novedades en una causa que hasta ahora sigue en cero.

Ángel Rojas Díaz, hermano de la fallecida, insistió que “hay un serio encubrimiento policial o algo raro está pasando, porque ocurrieron cosas extrañas en la investigación desde el día que vinimos a denunciar la desaparición de Leopoldina, cuando terminamos en el calabozo junto con mi hermano”.
“Por otro lado, los policías no revisaron las cámaras de la feria y alrededores, que son más de treinta y cuando un grupo de uniformados quiso hacerlo, llamativamente los apartaron siendo que eran los únicos que demostraron interés en la causa”, se quejó.
Los uniformados apartados fueron puestos vía oficio judicial al frente de la pesquisa, un mes después de la muerte de la mujer y comenzaron a analizar los videos de las cámaras de seguridad que están instaladas en la zona de la feria.
En una de las grabaciones identificaron a la víctima y el seguimiento de sus movimientos durante el día de su desaparición continuó mediante ese soporte "pero cuando restaba determinar que pasó durante la última media hora en que la vieron con vida, llamativamente fueron desvinculados y vemos que no hay intenciones de esclarecer el hecho, estamos desilusionados porque no vemos interés de la Policía local”, dijo Rojas Díaz en diálogo con El Territorio.  
En ese sentido pidió que “se pongan en nuestro lugar, tenemos una hermana que fue asesinada brutalmente y dejó huérfanos a cinco hijos. La mataron con un ensañamiento terrible y le puede pasar a cualquiera, por eso pido que se haga justicia”.

Con miedo a declarar
Rojas de Ferreira llegó el 8 de julio a la ciudad del norte de la provincia para vender sus productos en la llamada “Feirinha”, pero durante cinco días no volvieron a saber nada de ella.
El hallazgo de su cuerpo se produjo una semana después de que sus hermanos denunciaran su desaparición y tras varios días de averiguaciones las autoridades concluyeron que se trataba de la paraguaya, quien fijaba domicilio en Puerto Presidente Franco.
El cadáver estaba en un pastizal de la zona conocida como las 600 Hectáreas y el homicida la dejó semidesnuda para desviar la pesquisa hacia un supuesto ataque sexual. La autopsia determinó que no hubo abuso, pero la muerte fue provocada por los golpes ocasionados en la cabeza.
Las sospechas sobre el homicidio recayeron sobre un comerciante de la localidad que habría tenido un contacto para ofrecerle una propuesta laboral. El hombre fue detenido y luego excarcelado por falta de pruebas, no obstante sigue supeditado a la causa.
Más allá de eso, las principales sospechas siguen girando en torno a la "Feirinha" y en ese caso, a los cuestionamientos vertidos por Rojas Díaz se suma la reticencia que demuestran muchos de los testigos citados a declarar en el marco del homicidio, al punto que algunos debieron ser conducidos por la fuerza pública hasta el juzgado donde se instruye la causa a cargo del juez Juan Pablo Fernández Rissi.
Esta actitud se basaría en el miedo a posibles represalias, lo cual abre más interrogantes. Tal situación derivó en el pedido de que intervengan investigadores de otras jurisdicciones, puesto que “cuando ofrecen sus testimonios niegan que saben algo, pero en la calle sostienen ciertas hipótesis que demuestran que no quieren hablar” señaló una fuente judicial, que confirmó la separación de los uniformados “por supuestas reestructuraciones, pero el motivo real se desconoce”.
Hace poco más de una semana tomaron contacto con el expediente y estuvieron trabajando en la zona los integrantes de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic) de Posadas, un brazo investigativo ligado al Poder Judicial.