Delatores del poder

Capo di tutti capi es una expresión italiana referida al jefe de los jefes de las organizaciones criminales como lo fue Salvatore ‘Toto’ Riina, el jefe máximo de la Cosa Nostra que murió el último viernes, a los 87 años de edad, aquejado de cáncer, en una cárcel ubicada al norte de Italia. Permanecía encerrado desde 1993, tras ser condenado por 150 asesinatos, entre ellos el de Piersanti Mattarella, hermano de Sergio -el actual presidente italiano- y los jueces antimafias Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Con él culmina una etapa de la Cosa Nostra, aunque la organización criminal siciliana sigue operando. Riina murió sin haberse arrepentido de sus actos, haciendo honor al omertá, el código de silencio. Su accionar, intentando controlar el poder del Estado a través del miedo, inspiró por igual a Pablo Escobar Gaviria y a un escritor, como Mario Puzo para su novela El Padrino. A su vez,  hizo surgir en Estados Unidos la Ley de Control del Crimen Organizado y el Programa de Protección de Testigos, esto último similar a lo que se puso en marcha en Argentina, para descubrir cómo operan las organizaciones delictivas.
Mediante este programa, la Justicia argentina comenzó a requerir y recibir información confidencial, como en el caso de Alejandro Vandenbroele, quien complicó aún más al detenido  Amado Boudou. Considerado el testaferro del  ex vicepresidente, el arrepentido admitió ante el fiscal maniobras de corrupción que involucran a Boudou, por  fraudes al Estado, lavado de dinero y la apropiación de Ciccone Calcográfica, la imprenta que fabrica billetes. Vandenbroele, como responsable de la consultora The Old Fund, a su vez habría admitido haberle cobrado 7 millones de pesos al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, por refinanciar la deuda pública de esa provincia y haber citado cómo se repartieron esos dineros, además de mencionar, en maniobras pocos claras, a Ricardo Echegaray, quien fuera hace nueve años el poderoso titular de la Afip. Vandenbroele, a cambio de estas confesiones, espera una reducción de penas en caso de ser condenado. De esta manera, también en la Argentina comenzaron a surgir los delatores. Lo mismo sucedió en el mundo del fútbol, que terminó salpicando a la política, en especial a ex funcionarios de la administración anterior.
Esta semana, un empresario declaró en Estados Unidos como arrepentido en la causa que investiga la red de corrupción en la Fifa. Se trata de Alejandro Burzaco, un ex ceo de Torneos y mano derecha de Julio Humberto Grondona.

Burzaco, para conseguir penas menos duras, se convirtió en otro arrepentido y declaró ante la Corte Federal de Brooklyn sobre lo que sabía. Acusó tanto a Grondona como a ex funcionarios kirchneristas que integraban la estructura de Fútbol para Todos (FPT) de cobrar sobornos. El programa FPT había sido creado en el 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner con el fin de nacionalizar la transmisión de los partidos de fútbol, por lo que se pagaban unos 125 millones de dólares por año. Al llegar al poder, Mauricio Macri rompió ese acuerdo y vendió los derechos de transmisión a firmas privadas. Pero ya había quedada embarrada la pelota, al menos para algunos de los administradores de FTP, y ahora se conocieron detalles que llevan al ángulo de la corrupción del llamado Fifagate. Burzaco afirmó que su empresa pagó entre 2011 y 2014 unos cuatro millones de dólares a Pablo Paladino y a Jorge Delhon; este último, al conocer la acusación, se suicidó esta semana. Paladino, en su defensa, planteó que lo que dijo el presunto arrepentido es un manotazo de ahogado. El ahora arrepentido habló de que pagaron sobornos para transmitir partidos de la Copa América, Libertadores y Sudamericana a seis cadenas de televisión y que la palabra final, el que autorizaba todo, era el capo di tutti capi, el ya fallecido Grondona. 
El Fifagate no solo compromete a autoridades futbolísticas locales, sino también como se indicó, a importantes empresas y al menos a 42 dirigentes de la Fifa.

Escándalo para todos
Mientras crece el escándalo que se está ventilando en Nueva York, también en la Argentina avanza la causa por el Fútbol para Todos. En tal sentido, un fiscal pidió la citación a declaración indagatoria, inhibición de bienes y prohibición de salida del país de poderosos kirchneristas, como los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina; de los ex coordinadores de FTP Gabriel Mariotto y Pablo Paladino; y del empresario Alejandro Burzaco por el supuesto pago de sobornos para la adquisición de derechos televisivos. Se refieren a la maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios del Estado nacional y la empresa Torneos y Competencias SA para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de 33 mil millones de dólares que el Estado nacional fue abusivamente obligado a pagar. 
Los hechos de corrupción que se conocen ahora comenzaron a investigarse tras aquel sospechoso acto desarrollado a principios de diciembre de 2010, cuando fueron designadas las sedes de los mundiales 2018 y 2022, el primero para Rusia, que ya había despertado todas las sospechas, y aún más, Qatar, cuando Estados Unidos estaba entre los favoritos. Para entender qué había pasado, el país del norte puso en marcha su sistema de pesquisa y metió en la Fifa a un topo de la Agencia Federal de Investigación (FBI), para investigar con micrófono oculto lo que se cocinaba en la federación. Así se conoció el enriquecimiento ilícito y dos causas, la de la Fifa y la de Fútbol para Todos.  

Un pacto para reordenar recursos
En la semana, los ciudadanos del país y del exterior fueron protagonistas de un hecho casi inédito en la política argentina. Después de largos años de habituales acusaciones cruzadas y dejando de lado mezquindades sectoriales, resignando recursos, ideologías y desprendiéndose de cualquier color político que los pudieran diferenciar, los peronistas, renovadores, como el caso de Misiones, y macristas avanzaron en un histórico pacto para la reforma fiscal. Representaba un gran paso y sobre todo un gran compromiso para que ninguna de las partes fuera afectada en el acuerdo del nuevo esquema de distribución entre la Nación y las provincias. El pacto firmado no solo implica reordenar los recursos e intentar avanzar en una mayor equidad, sino también cuidar de esos fondos. El primer avance se había dado la semana pasada, cuando se anunció que la mimada del poder central, la gobernadora María Eugenia Vidal, estaba decidida a retirar la denuncia presentada ante la Corte Suprema por actualización por el Fondo Bonaerense. Representaba un gran gesto y el primer triunfo de la política, sobre cualquier decisión que pudieran tomar los jueces y eventualmente perjudicar a las demás provincias. Pero el retiro de la demanda no fue gratuito. Si bien no le significará a las provincias resignar recursos, al ser la Nación la que actualice esos fondos a Vidal, de nuevo los contribuyentes de todo el país colaborarán con sus aportes para reunir los 40 millones de pesos en 2018 y los 65 millones en 2019 que se destinarán por este acuerdo por el Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, que resignó la demanda por 400.000 millones de pesos. La cifra es tal alta que supera a los 340.000 millones de pesos que es el total del monto demandado en otras 56 causas. En el caso de San Luis, no firmó el acuerdo y sigue negociando, porque tiene dos juicios con sentencia firme de 18.000 millones de pesos y otros sin sentencia. En total, debía resignar unos 32.000 millones de pesos. Por lo tanto, a excepción de San Luis, los demás gobernadores acordaron desistir de estos juicios y como compensación, el gobierno nacional otorgará a las provincias bonos por 80.000 millones de pesos a diez años con una tasa del 6% anual. También se pusieron de acuerdo los gobernadores –excepto el de San Luis- en bajar impuestos como los Ingresos Brutos y Sellos.  En el salón Eva Perón de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales, como el caso del misionero Hugo Passalacqua, estamparon sus firmas para avanzar en una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, tras asumir todos el compromiso de mantener el gasto constante en términos reales durante los próximos años, y a cambio recibieron la promesa de recibir más recursos. En total, se destacan once puntos entre los más importantes. En referencia a las cajas previsionales no transferidas como sucede con Misiones, el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit y se acordó que el impuesto al cheque, en su totalidad, tenga como destino a financiar la Anses, y se acordó que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación. Son algunos de los puntos que deberán contar con el aval de las legislaturas provinciales, para que quede firme el pacto y avanzar en el parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores. En este último ámbito es donde se hacen más fuertes los gobernadores, porque cada provincia tiene tres representantes sin importar el tamaño ni la cantidad de habitantes. Es por ello que el gobierno de Cambiemos necesita de los gobernadores, en función de conseguir ese apoyo de gobernabilidad que siempre se insiste desde la gestión provincial que se brinda desde Misiones a la gestión de Macri.
Desde la Nación esperan contar al menos con media sanción y de ser posible, que la ley esté sancionada antes de fin de año. Se adelantó que el pacto será debatido en sesiones ordinarias en el Senado y en extraordinarias en Diputados, para ser aprobado a fines de diciembre. En este lapso, habrá que observar si todas las partes mantienen firme el acuerdo político logrado.

Las repercusiones
Desde la Nación se resumió que lo firmado es un acuerdo ordenador de las relaciones fiscales entre las provincias y la Nación. Sobre el proyecto de reforma tributaria que ingresó al Congreso el pasado miércoles, en Cambiemos están esperanzados que entre en vigencia en enero, luego de que el parlamento lo convierta en ley. Algunos funcionarios nacionales hablaron de premios y castigos para cumplidores e incumplidores, en referencia a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Las sanciones pueden convertirse en toda una novedad en la política argentina y muy oportuna contra aquellas administraciones poco apegadas a mantener el equilibrio y el uso correcto de los fondos públicos.  Pudo saberse que Macri, en forma personal, agradeció al gobernador Passalacqua por ser el primero en apoyar el consenso y promover el acuerdo ante otros mandatarios. Passalacqua y sus pares de Jujuy, Gerardo Morales, y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, fueron los únicos en acompañar a los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña; quienes resumieron los alcances del acuerdo. El gobernador misionero resaltó este proceso como un momento histórico y consideró necesario tener una mirada superadora que logre un país unido, y explicó que la adhesión al proyecto es ante la búsqueda de crear empleo, reactivar la economía y bajar la inflación. A su vez, destacaría los beneficios que acarreará el acuerdo al sector privado misionero.

En Emsa
Mientras desde el Gobierno nacional se termina de definir un nuevo aumento y cuadro tarifario en la energía eléctrica, que para provincias como Misiones oscilaría en 21% en diciembre y otro 13% en febrero, se conoció la renuncia de presidente de Electricidad  Misiones Sociedad Anónima (Emsa), Sergio Ferreyra. Quedó más bien definida la fecha de cese en la actividad, porque tras las elecciones Primarias ya se venía hablando en ámbitos del gobierno que la gestión estaba agotada. La particularidad de su dimisión se da en medio de un nuevo incremento tarifario que viene impulsando la Nación y que impactará en todo el país. En los últimos grandes aumentos, la Provincia había decidido absorber el impacto de estos incrementos, que afectan por igual a los usuarios domiciliarios y a los grandes consumidores. 
De esta manera, Ferreyra culmina un ciclo iniciado en julio de 2010 y mientras llegue un reemplazante, el cargo sería ocupado de manera transitoria por Carlos Pretto, uno de los integrantes del directorio. Desde este ámbito, en una reunión de directorio, deberán aprobar la designación de un nuevo titular. Por ahora se habla de un conocido dirigente cooperativo o eventualmente, el gerente de una empresa privada de servicios. Quien llegue a la conducción tendrá el difícil desafío de reordenar la administración y responder a la siempre creciente demanda de más y mejores servicios.