La marcha de los días
Medallero político
La dirigencia argentina poco hizo esta semana para ganarse medallas. Cristina, que dio a conocer su fortuna, pidiendo una ley de ética pública para los periodistas. El proyecto de expropiación de papel moneda intenta minimizar el Bodougate. En Misiones la madera y las estampillas de la yerba mate, en debate.
Domingo 12 de agosto de 2012 |
Mauricio Macri y presidente Cristina Kirchner | Foto: Dibujo: Latree '12
Pasaron 116 años desde la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna celebrados en Atenas en 1896. La de Londres finaliza hoy con la participación de 10. 490 atletas. Cada país deberá hacer su propio análisis de los resultados obtenidos a partir de la importancia que se le brindó a la actividad deportiva en general. La obtención de medallas está claramente relacionada con el esfuerzo de los participantes pero en forma previa el apoyo que el Estado otorga al deporte. En forma casi silenciosa, como suelen ser la actitud de los grandes, el correntino Sebastián Crismanich consiguió la primera presea de oro para la delegación argentina. Ahora, todos destacan su esfuerzo y bien se lo merece, pero también hay que recordar que tuvo escaso apoyo y mucho de esfuerzo personal para convertirse en el pibe de oro del país.
Si en este momento se intenta trasladar semejante actitud de entrega en el campo político, son pocos los que podrían obtener siquiera alguna mención especial y menos aún una medalla. Repasemos lo sucedido en la semana en la política y cada uno podrá evaluar si sumaron o restaron para obtener algún reconocimiento. Esta semana, a través de la cadena nacional, la presidente de la Nación, Cristina Kirchner, propuso una ley de ética pública para los periodistas, similar a la de los altos funcionarios.
La propuesta generó diversas críticas apuntando a que el Gobierno pretende controlar a la prensa. La mandataria lanzó esta idea luego de sostener que el columnista Marcelo Bonelli del diario Clarín recibía publicidad no convencional de la petrolera YPF cuando estaba en poder de Repsol. Como respuesta a esta acusación Bonelli sostuvo que no es la primera vez que la Presidente utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar a gente que no está de acuerdo con el discurso único del oficialismo.
También indicó que todos sus ingresos están declarados y como se la vinculó a su esposa, afirmó que ella realizó tareas en YPF a fines de 2007 desarrollando su profesión de profesora nacional de inglés. Cristina está enojada con Bonelli porque día atrás publicó sobre los rumores que indicaban que Miguel Gallucio, el titular de YP,F iba a renunciar cansado de que desde la política no lo dejen gestionar. Tanto Cristina como el CEO de la petrolera nacional negaron los rumores y se encendió la polémica con la propuesta de Cristina de la citada ley de ética pública a los periodistas, como ya había planteado en su momento el ex presidente Carlos Menem.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió que no es posible imponer conductas éticas en el ejercicio del periodismo profesional, por más deseables que ellas sean, y que hacerlo mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión.
Patrimonio
Cristina había considerado conveniente la citada ley de ética pública a periodistas, al destacar que los políticos declaraban sus ingresos como de hecho lo hizo ella esta semana. Así se supo que Cristina es la presidente más rica de América Latina por detrás del chileno Sebastián Piñera, que llegó al poder cuando ya era multimillonario. El viernes de la pasada semana presentó su declaración anual de patrimonio, la de 2011, en la Oficina Anticorrupción de su país. Allí detalla, un año más, sus riquezas, sociedades, hoteles, depósitos y bienes e inmuebles conocidos. Sus hijos, al no vivir con ella y ser mayores de edad, declaran de forma independiente. Además heredó más de 31 millones de pesos tras la muerte de su marido, Néstor Kirchner en octubre del 2010. A esta cifra hay que añadir que según declara fruto de las rentas de sus hoteles y depósitos, redondean su fortuna en casi cuarenta millones de pesos. En lo que afecta a su patrimonio exclusivamente personal, se incrementó un 14 por ciento.
Expropiación
El proyecto de expropiación de la ex Ciccone Calcografica impulsado por el Ejecutivo nacional, es considerado por varios opositores como un mecanismo para proteger al vicepresidente Amado Boudou. Es que mientras en la Justicia avanza de manera lenta la investigación para determinar la vinculación de Boudou, en el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica a un grupo inversor integrado por empresarios amigos, en el Congreso nacional se apuraron los tiempos. Como muy poco transparente consideró el senador radical Ernesto Sanz y confirmó el rechazo de la UCR al proyecto oficialista.
También acusó al Gobierno de no dar la información necesaria y de incurrir en una contradicción muy grotesca en torno al destino de esta empresa. También cuestionó el trámite demasiado veloz que el proyecto tuvo en la reunión conjunta que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda celebraron el jueves en el Senado, al término de la cual el oficialismo logró obtener un dictamen de mayoría. A su vez, el senador nacional del GEN Jaime Linares denunció que detrás del tratamiento que se le dio en el Congreso al proyecto de expropiación de Ciccone hay una clara intencionalidad del Gobierno para terminar con la causa judicial y encubrir a Boudou.
Por ahora, se aguarda que este el jueves el Senado sesione para debatir respecto del proyecto de expropiación de la imprenta que produce papel moneda para el Estado nacional. Lo tragicómico es determinar quienes son los verdaderos dueños de la empresa a expropiar.
Un llamado que preocupa
Hablando de billetes, esta semana el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, hizo un llamado a sus pares que pone en alerta a los habitantes de la Casa Rosada. Es que el mandatario provincial pidió a los demás gobernadores que las provincias imiten su decisión, esto es abandonar el polémico Pacto Fiscal de 1992, por el cual se entrega el 15% de la coparticipación federal de impuestos al Estado nacional.
Lo que propone De la Sota es que uniéndose, las provincias recuperen lo que les pertenece. Esto se produce en momentos en que distintas provincias, como se viene analizando en esta misma columna, atraviesan una difícil situación financiera y son dependientes cada vez más del envío de fondos del Gobierno Nacional.
A mediados de esta semana, la Legislatura cordobesa había votado una ley para abandonar el Pacto fiscal. Todo parece indicar que ante un eventual rechazo a tal pedido la Nación recurrirá a la justicia, con lo cual sería la Corte Suprema la que termine de definir esta situación que de dar lugar a Córdoba podría tener un efecto cascada por parte de muchas provincias en sus reclamos. Por ahora De la Sota esta solo, aunque la mayoría de los gobernadores piensan lo mismo que él, otros tendrán que rechazar públicamente su propuesta como lo hicieron ayer los mandatarios de Mendoza, La Rioja y San Juan.
Autoabastecimiento
También esta semana se produjo otro llamado a las provincias. En este caso vino desde la Nación que insta a que cada provincia trabaje en lograr el autoabastecimiento de alimentos. Este es uno de los objetivos trazados desde hace tiempo por el Gobierno de Misiones. En este caso, la secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carla Campos Bilbao, al plantear la asistencia que la Nación brinda a los pequeños productores, sostuvo que uno de los desafíos actuales es que cada provincia logre el autoabastecimiento alimentario.
Caos porteño
Por un problema sindical y político irresuelto, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires llevan más de una semana sin subte y se encuentran de rehenes del conflicto. Tanto el Gobierno nacional como el porteño no han podido encauzar el problema y a estas alturas algunos metrodelegados ya hablan de paro por tiempo indeterminado.
Lo cierto es que de reclamo estrictamente salarial, pasó a ser político y todo se encuentra mezclado y contaminado. Mauricio Macri reconoció su error político en haber firmado el acta acuerdo de traspaso del subterráneo a su jurisdicción. l jefe de Gobierno porteño tiene la responsabilidad de gestionar este conflicto y no hacerse el distraído. El Gobierno nacional tampoco puede mirar para otro lado porque también es responsable. Para la gente común solo rabia, desolación y a la espera en la resolución del conflicto.
Otros mercados
En la tierra colorada tanto la Cámara que nuclea a los madereros como algunos sectores sindicales plantearon su inquietud por la caída en las ventas de la madera en el mercado interno. Este sector se había convertido en el de mayor consumo luego de la falta de conveniencia económica en colocar el producto en el mercado externo, como sucedía con los Estados Unidos o España.
El gobernador Maurice Closs instó a no limitarse a estos mercados externos y se mostró dispuesto a acompañar a aquellos empresarios que busquen nuevos nichos comerciales, como podría ser parte de Latinoamérica u Oriente. Además requirió a las Cámaras empresarias vinculadas a la venta de madera, especialmente a la exportación, a realizar un informe serio sobre la situación del sector.
Estampillados
La aparición de estampillas duplicadas en los envases de yerba mate generó esta semana un intenso cruce de aclaraciones y posiciones de distintos sectores. En principio, los representantes de la imprenta Ramón Chozas Sociedad Anónima llegaron a Misiones para explicarles a los miembros del directorio del instituto Nacional de la Yerba Mate que, por un error humano, aparecieron dos bobinas de estampillas con la misma numeración.
La empresa asegura que es la primera vez que le sucede esto con las estampillas del Inym, de las cuales llevan impresas algo más de 731 millones. El pedido de disculpas por el error cometido en 15 mil estampillas, que asegura se recuperaron, no le trajo todo el alivio que deseaba el representante de la empresa que imprime las estampillas de control y fiscalización para los paquetes de yerba mate.
El representante del Gobierno de Misiones en el directorio del Inym, Ricardo Maciel, se mostró esta semana a favor de rever el sistema de control comercial que desarrolló el Instituto hace algunos años y que tiene a las estampillas como principal elemento. Para Maciel, la tecnología, por estos días, pone a disposición de los sistemas de fiscalización comercial una serie de herramientas que pueden ser más eficaces que una estampilla de papel. Esto se da a meses de concluir el contrato con la empresa Ramón Chozas y el propio Maciel propone no rever el contrato con la empresa sino analizar el sistema de control completo.
Una posición más dura adoptó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al realizar una presentación en el Juzgado Federal de Posadas con la finalidad de que se inicie una investigación. El propio titular de la citada cartera nacional, Norberto Yauhar, adelantó que están trabajando los inspectores para constatar estas irregularidades y detectar uno por uno a los responsables. Adelantaron que como parte de la investigación, se intimará a la empresa responsable de la impresión para que dé las explicaciones correspondientes, y como medida preventiva, el Ministerio se encuentra trabajando con la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, con el objetivo de profundizar la investigación de lo que sucedió.
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