Ediles no consiguieron los cinco votos necesarios para destituir a Aguirre

No resultó suficiente la cantidad de votos obtenidos ayer en el Concejo Deliberante para desplazar del cargo de intendente de Eldorado  a Norberto Aguirre.
Un grupo de ediles consideró responsable al jefe comunal de lo establecido como causales de destitución de funcionario, descriptas en el artículo 14 de la Carta Orgánica Municipal, que refiere a “ineptitud, negligencia o irregularidad en el desempeño de las funciones del funcionario afectado”.
El desplazamiento lo habían promovido -desde la comisión investigadora- los concejales radicales Juan Abelardo Giavotto y Héctor Falsone y de la renovación, Daniel Dos Santos. A estos tres ediles, se sumó al pedido de destitución de la también edil radical Lilian Chamorro. En consecuencia, fueron cuatro votos, de los cinco requeridos sobre siete ediles, para echar al jefe comunal.

Fernando Gallastegui, Yolanda Caballero y el presidente del Cuerpo, Rolando Merochenich, optaron por la continuidad de quien ostenta ese cargo desde 1999.
Apenas conocida la resolución, en el recinto, el intendente Aguirre reconoció haberse “equivocado” y consideró que “no se puede permitir continuar con estos errores”. Por ello planteó oportuna la tarea realizada por los concejales para “tratar de esclarecer” lo sucedido “y para que esto no vuelva a pasar”.
Admitió que tal situación se produjo a pesar de los años transcurridos y estar al frente de la administración comunal. “Pueden pasar 17 años y nos volvemos a equivocar”, reconoció.

Polémica sesión
La votación tuvo lugar ayer en una sesión especial en la que estuvo presente el intendente Aguirre acompañado de todo su gabinete.
La sesión comenzó con la lectura de la imputación de responsabilidades que determinó la comisión investigadora. Luego se leyó el descargo presentado por el intendente Aguirre y los secretarios de su gabinete. Asimismo, se analizó el dictamen final elevado por la comisión investigadora en la causa por las 17 viviendas del programa viviendas progresivas inconclusas (ver: La causa...).
El primero en fundamentar su voto por la destitución fue el edil Dos Santos, quien recordó las irregularidades cometidas y el conocimiento que tenía de éstas el Ejecutivo comunal.
“Pese a ello se continuó pagando al señor Ovidio Rodríguez (titular de la empresa contratada para la construcción de las 17 viviendas) más de 800 mil pesos por obras que no fueron realizadas”, señaló.
A su turno, la concejal Lilian Chamorro hizo hincapié en el deber del Concejo de controlar al Ejecutivo municipal.
Asimismo Héctor Falsone -quien también votó por la destitución- manifestó que “el ganar elecciones no significa de ninguna manera poseer un cheque en blanco”.
Por su parte, Yolanda Caballero reconoció todas las irregularidades, pero argumentó su defensa de Aguirre en el hecho de que “fue electo hace diez meses por la comunidad de Eldorado”, y que “se debe respetar la voluntad popular”.
De igual manera, Juan Abelardo Giavotto relató las irregularidades, al tiempo que mostró diapositivas de las viviendas, el estado en el cual se encuentran y la mala calidad de las obras realizadas. “De acuerdo al relevamiento realizado por el ingeniero civil Alejandro Valenzuela, en las obras no se invirtió más que 1.400.000 pesos pese a que se pagó 2.400.000 pesos”, recordó.
En contraposición, el concejal Fernando Gallastegui votó la continuidad del intendente, tras manifestar que quienes impulsaron el pedido de destitución “nunca pudieron derrotar en las urnas al intendente Aguirre”.
El último en tomar la palabra fue el presidente del deliberativo, Rolando Merochenich, quien expresó que su voto era de acuerdo a sus convicciones.
Cadena de responsabilidades
Cabe destacar además que los ediles encontraron responsable a Wilfrido Landaida por no cumplir con la vigilancia adecuada en la concreción del proyecto bajo su responsabilidad, extralimitarse en sus funciones y por haber solicitado y cobrado dinero de los beneficiarios.
Del mismo modo culparon al secretario de Gobierno, Jorge López, porque no atendió en forma integral los reclamos del Concejo Deliberante e indicaron que el secretario de Hacienda, Fabián González, fue responsable por admitir la realización de erogaciones teniendo como documentación respaldatoria sólo certificados de obras.
Apuntaron además contra el secretario de Acción Social y Medio Ambiente, Ricardo Arzamendia, por no controlar la actividad de Landaida; y contra el secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo González Cardozo, quien adujo desconocer y negó tener participación en el plan, aunque su firma aparece debajo de las facturas emitidas a la constructora.