Confirman que en el Escuadrón 9 de Oberá funcionó un centro de tortura

Viernes 24 de junio de 2016
Las autoridades judiciales recorrieron el predio que funcionó como centro de detención clandestino. | Foto: Luciano Ferreyra

“Nos torturaban mucho. Nos ponían cabeza abajo en el agua y nos preguntaban por las armas de (Pedro) Peczak. Me torturaron tanto que empecé a dudar, a confundirme. Todos los días traían gente para torturar. Pobres vecinos”, recordó José Mykoluk (76), con esa tristeza que arrastra desde hace 40 años.
Víctima del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar que azotó el país entre 1976 y 1983, ayer participó de una inspección judicial encabezada por la jueza federal Verónica Skanata en el Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional.
En dicho predio, ubicado sobre avenida Libertad, funcionó un centro clandestino de detención y tortura en los años de plomo.

Incluso, testigos de la época aseguraron que cuando apresaron a Pedro Peczak, dirigente agrario asesinado por la dictadura, desde Radio LT13 invitaban a la población para ver al detenido, puesto que lo exhibían atado a un árbol en el Escuadrón 9. Sin dudas, un ejemplo de la complicidad civil con los militares de entonces.
La inspección de la víspera se realizó por espacio de casi dos horas con la presencia de cuatro víctimas que estuvieron detenidas en ésta y otras sedes de Gendarmería.
También participaron funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo que actúa como querellante de los juicios de Lesa Humanidad de Misiones.
Si bien en las últimas cuatro décadas el predio del Escuadrón 9 sufrió varias modificaciones, las víctimas pudieron brindar algunos detalles sobre sus días de encierro en pleno centro de Oberá.
Además, precisaron que la Caballeriza de Gendarmería -situada en el barrio del mismo nombre-, hoy un depósito de vehículos secuestrados, también operaba como centro de detención y tortura.

Recuerdos del infierno
Al igual que Peczak, en 1976 Mykoluk integraba las filas del Movimiento Agrario Misionero (MAM) que luchaba por mejores precios para la materia prima de las chacras.
“Yo era delegado del MAM en Puerto Rosario (Florentino Ameghino) y estuve detenido 21 días, entre Oberá y Posadas. Llegaron a mi casa el 10 de febrero, una persona de civil diciendo que necesitaban llevar una persona al médico. Fui y a los 100 metros estaban los gendarmes, me apuntaron, me ataron y me llevaron a la Caballeriza”, rememoró Mykoluk.
Las torturas fueron horrendas, imágenes que permanecen en su memoria. Le preguntaban por las supuestas armas de Peczak y de dónde había sacado la plata, a este colono que plantaba tabaco, tung y tenía un aserradero.
Tras unos días en Oberá, fue trasladado a la Oficina de Inteligencia de Posadas, sobre Félix de Azara, donde lo amenazaron con fusilarlo.
“Cuando me soltaron me dijeron váyase y cállese la boca, que sabemos dónde vive”, recordó.
Otra de las víctimas fue Alberto Krujoski (70), secuestrado en dos ocasiones, la primera el mismo 24 de marzo de 1976, día del golpe de estado.
“Todo lo que era militancia, cooperativas y organizaciones sociales, era mala palabra y nos tenían que tapar la boca. Caí acá el mismo 24 de marzo del 76 con un grupo de compañeros. Esa noche nos soltaron”, mencionó quien también integraba el MAM.
Pero el 11 de febrero del 77 volvieron por él. “Me levantaron del tabacal y me tuvieron seis o siete días con los ojos vendados, dando vueltas y terminé en Posadas. Nos decían comunistas, peronchos y preguntaban por las armas”, contó.
Consultado por las torturas, prefirió no recordar ese capítulo tan horrendo, al tiempo que subrayó que “se trató de una dictadura cívico-militar”.

Inspección en Montecarlo

El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional encabezó el pasado 12 de mayo un reconocimiento judicial con presencia de testigos en las dependencias de la comisaría de Montecarlo, que funcionó como un centro clandestino de detención y en donde víctimas aseguran que ocurrieron vejaciones de todo tipo. Durante el procedimiento, las autoridades presentes secuestraron documentaciones (entre ellas un acta de enero de 1983) que podrían ser de interés para la causa judicial por privación ilegítima de la libertad y torturas. Allí, se constató la versión de dos testigos los hermanos Juan Carlos y Vicente Berent quienes junto con la juez Verónica Skanata recorrieron las instalaciones, en especial calabozos, oficinas y baños. La comisaría de la Policía de Montecarlo funcionó durante la última dictadura como un centro clandestino de detención.