Cataluña no sería intervenida si Puigdemont convoca a elecciones

El gobierno español de Mariano Rajoy renunciaría a suspender la autonomía catalana si el presidente independentista catalán Carles Puigdemont convoca a elecciones regionales, aseguraron las autoridades del gobierno español ayer. Una fuente del gobierno español confirmó a la AFP que no invocarían el Artículo 155 de la Constitución -que prevé la suspensión de un gobierno autonómico si se desobedece la ley-, si Puigdemont llama a elecciones en Cataluña.
“La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones”, dijo por su parte el líder del primer partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que está en contacto permanente con Rajoy para pactar la respuesta al independentista catalán.
Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: “sin duda”.

Hoy, a las 10, vence el plazo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán.
En el primer período, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, le lanzó un aviso ayer al Presidente catalán, en el Congreso: “no atender el requerimiento del gobierno español, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155 de la Constitución”. El responsable de Relaciones Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, dijo en Bruselas que la opción de adelantar las elecciones “no está sobre la mesa”.

Critican la decisión de la jueza
El ex juez español Baltasar Garzón afirmó ayer que los líderes secesionistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no pueden haber cometido un delito de sedición, y que en todo caso, serían responsables de desórdenes públicos, con lo que su encarcelamiento preventivo es “innecesario”. 
La ONG Amnistía Internacional pidió ayer la liberación de los líderes catalanes. (ver cuadro).
El lunes, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó la prisión provisional sin fianza para ambos activistas, a los que atribuye un presunto delito de sedición, penado con entre ocho y diez años de prisión, en relación a su papel en protestas que tuvieron lugar en Barcelona ante un operativo policial para evitar el referéndum del 1 de octubre.