El Senado aprobó y devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que establece que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional. Así la iniciativa, reimpulsada a partir del asesinato de la joven Micaela García en Entre Ríos y motivo de protestas en distintos penales bonaerenses, vuelve a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto obtuvo 48 votos a favor, ocho en contra y una sola abstención, del senador Fernando “Pino” Solanas. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV), le introdujo ayer importantes cambios al texto original, sobre todo para reducir la cantidad de delitos cuyos autores no podrán gozar de los distintos regímenes de libertad.
Se excluyeron los delitos de homicidio simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo. Además, en la comisión se corrigieron las “excesivas” facultades que se otorgaban al Servicio Penitenciario, para que sea el juez de ejecución penal –con intervención de las víctimas- el que decida sobre la concesión de las salidas anticipadas.
Estudian quitar la patria potestad a los femicidas
La Cámara Baja aprobó ayer con cambios por 203 votos y dos abstenciones la privación de la responsabilidad parental para los homicidas de sus parejas. El proyecto volverá al Senado, donde se espera que sea convertido en ley. Antes de votar, la diputada Graciela Camaño pidió postergar el análisis para consensuar un texto definitivo, por una diferencia de criterio sobre el alcance de la medida. Lo previo fue planteado por las diputadas Araceli Ferreyra y Victoria Donda, que alentaron que la norma alcanzara solo a los hombres, que representan el 99,9% de los casos de homicidios, y no como figuraba, “los progenitores”.