Aumentaron penas para los ex policías condenados por torturas

Despedidos con una lluvia de insultos y cánticos que recuerdan la lucha que llevan desde hace años por la memoria, verdad y justicia por parte de una gran cantidad de víctimas de torturas y persecución durante la dictadura militar en Misiones, abandonaron ayer el edificio del Tribunal Federal local los integrantes de la denominada “Patota de Informaciones” de la Jefatura de Policía provincial. Todos estos, con rostros adustos y con la confirmación de las nuevas penas impuestas por dicho tribunal, y que les corresponden como responsables de delitos de lesa humanidad.
Felipe Nicolás Giménez, Carlos Alberto Pombo, Julio Argentino Amarilla y Guillermo Mendoza recibieron penas que van de los 10 a los 25 años de reclusión. Todos obtuvieron un aumento en sus condenas -menos en el caso de Mendoza, quien había sido absuelto en el primer veredicto-, ya que en el fallo emitido en julio de 2012 por los miembros del Tribunal Federal de Posadas, se habían impuesto penas de 21 años para Giménez y 7 para Pombo y Amarilla. Todos estos, a su vez, obtuvieron la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Por otro lado, y pese a los enérgicos pedidos hechos durante la jornada del jueves por los representantes de la querella -representada tanto por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-, no prosperó el requerimiento para que tanto Amarilla como Mendoza sean trasladados a una cárcel común y así cumplir con sus respectivas condenas.

Esto se debe a que todo lo resuelto ayer debe ser remitido a la Sala IV de Casación Federal, quien deberá avalar lo actuado y así confirmar las penas fijadas para los encartados.
En relación a esto, los magistrados dejaron en claro que: “Este tribunal tiene acotada la competencia a resolver unicamente las cuestiones asignadas, es decir, la determinación de las penas y devolver inmediatamente a alzada. Por ello, no corresponde tratarse respecto a las situaciones procesales de los condenados sin sentencia firme en torno a su detención”.

Resolución del tribunal
Minutos después de las 9 de ayer, los magistrados Lucrecia Rojas de Badaró (presidente), Fermín Amado Ceroleni -ambos de Corrientes- y Mario Hachiro Doi ingresaron a la sala de debates del Tribunal Federal para dar lectura al fallo.
La masiva concurrencia de periodistas de distintos medios de comunicación, más un importante número de víctimas de torturas y tormentos durante la ultima dictadura militar, esperaban a los magistrados ansiosos por conocer el veredicto.
 Tras la lectura del acta resolutoria, y ante la catarata de flashes de los reporteros gráficos, Giménez se levantó de su asiento y como en sus épocas de uniformado pidió enérgicamente a uno de los fotógrafos que se identificara.
Luego de un breve diálogo entre la presidenta del tribunal y el condenado, y en medio del repudio y los gritos de indignación generados por el desafortunado gesto de Giménez entre los concurrentes, el ex jefe de la Dirección Investigaciones volvió a sentarse.
No pasaron muchos minutos para que los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo cubrieran con el casco y el chaleco antibalas y lo ayudaran a abandonar lo antes posible la sala de debates. Minutos más tarde, lo siguieron Pombo y los otros dos encartados. Aunque estos dos últimos lo hicieron acompañados de los pocos familiares que lo acompañaron.
Las audiencias hechas entre ayer y el jueves fueron establecidas con anterioridad, luego de conocerse la resolución hecha en agosto de 2015 por los magistrados de la Sala IV de la Cámara de Casación Federal. En dicha  resolución, se ordenaba rever las condenas de todos los imputados, como así también el aumento de los años a purgar en la cárcel de dos de los enjuiciados.
Durante la misma acta, también se hacía lugar al recurso de casación interpuesto por la querella representada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Misiones, donde se revocaba el fallo inicial a favor del médico policial Mendoza. Dicho tribunal pudo establecer que este último también tuvo activa participación en los hechos investigados.

“Es una nueva tortura, una violación a los derechos”
POSADAS. Como lo viene haciendo desde hace más de 40 años, Graciela Franzen acompañó las actuaciones hechas durante los dos días de audiencia con la única esperanza de ver a los ex policías tras las rejas.
La mujer, quien fue detenida política y torturada durante la dictadura militar, expresó sus sensaciones luego de conocer el fallo de los magistrados.
“Para mi es una nueva tortura, una nueva violación a todos los derechos. Hemos esperado 40 años por justicia. Tantas veces tuvimos que declarar y ratificar las denuncias, recibir amenazas de muerte de ellos. ¿Cuántos años más vamos a pasar hasta que se les ocurra al tribunal mandarlos a la cárcel? ¿Qué garantías nos dan por nuestras vidas, por todas las amenazas que estamos recibiendo de parte de ellos? ¿Qué garantías tenemos de que ahora que están libres no se vayan al exterior? Esto es una falta de respeto. Es volver al comienzo, al año 1976, cuando sufrimos tanto dolor”, expresó.
“A ellos les corresponde cárcel perpetua. Yo le pregunto al tribunal, a los querellantes y a los abogados que los defienden, a la fiscalía, si ellos hubiesen pasado media hora las torturas que sufrimos nosotros seguro estarían condenándolos a cadena perpetua”, añadió la mujer  con mucha indignación.
Otra de las personas que estuvieron presentes fue Amelia Báez, referente en la lucha por los Derechos Humanos en la provincia y quien también vivió en carne propia los tormentos y las persecuciones vividas en la provincia durante la década de los 70.
“Quiero destacar que por primera vez se tomó como crimen de lesa humanidad la violación sexual como tortura en la provincia de Misiones. A Giménez por cuatro hechos ocurridos con compañeras que fueron violadas en la jefatura de la Policía y que pudieron exponer en el debate esa situación que todas sufrieron y que pocas contaron. Fue distintivo, por eso el monto de 25 años para Giménez, que fue el responsable máximo de ese centro clandestino de detención que funcionó hace 40 años atrás y que tenía toda una estructura clandestina para generar el terror”, dijo.
Luego, al ser consultada por la prisión domiciliaria que sigue beneficiando a dos de los enjuiciados añadió: “Si bien nosotros nos ajustamos a derecho, queremos que eso se haga con celeridad como dijo hoy la jueza del tribunal. Se tiene que confirmar el monto de las sentencias y vamos a seguir con la querella, palmo a palmo para que estas personas finalmente estén con prisión efectiva y en cárcel común”.