Apresan a 32 políticos por presuntos nexos con grupos paramilitares

Viernes 29 de agosto de 2014
En Colombia, 32 políticos de la región del Uraba, en el noroeste del país, fueron capturados esta semana por presuntos nexos con paramilitares, gracias a confesiones de antiguos líderes de estos grupos armados ilegales, dijo ayer la Fiscalía a la AFP.
"Van 32 capturados hasta hoy, de unas 50 órdenes de captura emitidas esta vez, gracias a confesiones de (líderes paramilitares presos como) 'El Alemán', 'HH' (extraditado), 'Pedro Bonito', entre otros", indicó una fuente del ente acusador.
Entre los detenidos está William Palacio Valencia, alcalde del municipio de Turbo, departamento de Antioquia, además de ex candidatos al Senado de la República, ex candidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, ex alcaldes, exconcejales, líderes políticos, líderes cívicos y servidores públicos de la región de Urabá, indicó la Fiscalía en un comunicado.
"Estas personas, señala la investigación, se encuentran vinculadas con el Bloque lmer Cárdenas, que era liderado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y que en el sector bananero de Antioquia, Córdoba y Chocó promovió un movimiento político que vinculó a gran cantidad de dirigentes de la zona urabeña. Este programa se denominó Urabá grande, unida y en paz", señaló el texto.
A los capturados les resta esperar si las autoridades resuelven o no llamarlos a juicio, dependiendo de las pruebas que se demuestren en la investigación, indicó una fuente de la Fiscalía.
La región del Urabá, que comprende a los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, fue escenario en los años 1990 y 2000 de numerosas masacres de milicias de extrema derecha, que dejaron miles de víctimas. Estos grupos paramilitares, creados a finales de la década de 1980 para combatir a las guerrillas de izquierda, terminaron asociados con políticos con el fin de intimidar violentamente a los electores.
Unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en desmovilizaciones masivas concertadas con el gobierno entre 2003 y 2006, durante la gestión de Álvaro Uribe (2002-2010).
De ellos, unos 1.700 están presos tras acogerse a los beneficios jurídicos de la Ley 975 de 2005, que contempla ocho años de pena para los ex combatientes.